Resulta descorazonador mirar atrás en mi propia hemeroteca y encontrarme con lo que hace 16 años opinaba sobre el problema que suponía para Europa el tema de la inmigración, y constatar que han pasado tantos años y el problema inmigratorio, al cual se añade el drama de los refugiados, sigue sin resolverse y sin que la UE haya sido capaz ni siquiera de establecer o esbozar una política común.

Ya en el 2002 causaba escándalo el ascenso espectacular del Frente Nacional en Francia, país en el cual, aunque en la década 1990-2000 la población extranjera había disminuido casi un 10%, un partido que insultaba indiscriminadamente a árabes, judíos, emigrantes, homosexuales y minorías en general, había llegado a conseguir influencia política en un país de tal poso cultural y político.

Ya entonces la xenofobia empezaba a amenazar al conjunto de los estados europeos. Resultaba sorprendente para muchos de nosotros el caso holandés, cuando Holanda se había caracterizado por ser el país más tolerante con las minorías y en el que se habían puesto en práctica políticas sociales avanzadas con el fin de asegurar la integración de todos estos colectivos, hasta el punto de convertirse en referencia de cómo había que hacer las cosas en esta delicada materia. Recordemos que antes de que se hablara a nivel de la UE del derecho de voto de extranjeros en las elecciones locales, Holanda ya lo había establecido, incluso para los no comunitarios.

Cuando, a pesar de darse estos pasos, la extrema derecha se abría paso en Francia y Holanda, era del todo evidente que nos encontrábamos ante una problemática difícil de abordar, un escenario en el cual se mezclan problemas reales con situaciones y opiniones subjetivas, conformando un panorama en el cual ante el juicio de los que afirman que no hay soluciones mágicas a corto ni a medio plazo, se abre paso la irresponsabilidad de demagogos que agitan el fantasma de la inmigración para ganar votos sin importar cómo.

Estaba cantado que la inmigración se podía convertir en un problema político de primer orden en Europa; a pesar de lo cual, muchos años después, la UE ha demostrado, una vez más, su incapacidad política para adoptar una política común. Ya no es Francia u Holanda, es Hungría, Polonia, Alemania, Austria...

Pero es que, a pesar del tiempo transcurrido, los dirigentes europeos ni siquiera se lo han planteado, delante de ellos mismos ni delante de la población de sus respectivos estados, como un tema de una gran repercusión en el terreno económico, cuando la UE, que tan pocos pasos ha dado en su unidad política y menos en el terreno social, sí que, teóricamente, lo podría haber hecho en terreno económico, para argumentar ante los xenófobos las ventajas de la integración de la inmigración.

Optar por la oferta y la demanda, abdicando de una política de previsión y planificación de la demanda de mano de obra, ha propiciado el crecimiento de redes mafiosas responsables de centenares de miles de clandestinos

Porque se habla ―y se hace demagogia― de racismo, de integración, del Islam, de lo que pasa, por ejemplo en Francia, en la segunda o tercera generación, pero muy poco de que los emigrantes vienen a nuestros países a trabajar. Debates ―o pseudodebates― sociopolíticos o filosóficos eclipsan la dimensión económica de la cuestión. La crisis económica de los últimos años ha puesto en la primera fila de los señalados a los que vienen a cubrir el déficit de trabajadores autóctonos en numerosos sectores de actividad.

En la década precedente, acontecimientos como los atentados del 11 de septiembre en los EE.UU., el auge de los extremismos populistas en Europa, la crisis económica y las políticas de ajuste, entre otras cosas, llevaron a numerosos dirigentes europeos a responder al malestar de la opinión pública de sus países respectivos con medidas de carácter policial y represivo que se han revelado muchas veces inútiles, al no ir acompañadas de medidas para garantizar la integración social de estos trabajadores y sus familias.

¿Qué se está haciendo en estos aspectos cruciales? La UE, que se ha mostrado hasta la fecha incapaz de abordar y armonizar esta cuestión, optó en su día por la solución de que los flujos migratorios los regulara el propio mercado. Una muy mala opción, porque optar por la oferta y la demanda, abdicando de una política de previsión y planificación de la demanda de mano de obra, ha propiciado, de facto, el crecimiento de redes mafiosas responsables de centenares de miles de clandestinos que han tensado el mercado del trabajo y el tejido social, y provocado, en ocasiones, situaciones de explosión social.

Si a eso sumamos el drama de los refugiados, que ha agudizado la crisis humanitaria en el mar Mediterráneo hasta los extremos que estamos viviendo ahora mismo, la situación no puede ser más preocupante, ni más escandalosa la falta de una política europea al respeto, acompañada de una actuación inmediata.

Inmigración, integración, participación

Hay que avanzar en materia de emigración. Con el cuidado y prudencia que requiere el tema, pero avanzar, si es que queremos una integración sólida y duradera de los emigrantes y sus familias. Una verdadera política social que contemple a los ciudadanos de la UE y aquellos que vendrán. Hace falta identificar nuestra capacidad de acogida y prepararnos para eso; la Generalitat lo está haciendo de hace tiempo, si bien el gobierno español, que se niega a transferir la competencia al respecto, no ha permitido a Catalunya acoger refugiados en la medida en que el país, Catalunya, ya está preparado para hacerlo.

"Lo queremos acoger" no puede ser sólo un bello y voluntarioso eslogan. Hay mucho trabajo por hacer más allá de decir que acogeremos a un número determinado de inmigrantes y refugiados. Detrás de todo eso hay todo un esquema de integración, de inserción laboral, de comprensión mutua, que incluye la observancia del espacio de derechos y libertades en que se constituye la UE. Interculturalidad sí, pero desde la observancia, de todos y para todos, de los derechos humanos, y muy particularmente de la mujer.

Los estados sólo parecen dispuestos a ponerse de acuerdo en medidas de control de fronteras

Lamentablemente, visto lo acordado a lo largo de todos estos años, los estados sólo parecen dispuestos a ponerse de acuerdo en medidas de control de fronteras. Algunos de ellos, además, ven crecer opciones denominadas populistas pero que en realidad se fundamentan en lo peor de la extrema derecha y movimientos xenófobos, de manera que algunos gobiernos abrigan temores a ir a una verdadera política de inmigración y asilo, en una Europa que, paradójicamente, necesitará una enorme cantidad de mano de obra extranjera para poder mantener sus economías y, por lo tanto, su bienestar social.

La pregunta es: ¿hasta cuándo podrá la UE mantenerse en este impás sin abordar las cuestiones que afectan a la integración de inmigrantes y refugiados? ¿El miedo al avance de la extrema derecha seguirá lastrando la toma de decisiones? Imágenes como la del primer ministro italiano haciéndose fotos en un puerto y presumiendo de que en aquellos barcos que se pueden ver detrás de él no hay ninguno de refugiados, nos avergüenzan, mientras la UE sigue paralizada.

En todo eso, tenemos que añadir una cuestión que resulta intolerable, y es que niveles institucionales diferentes de los puramente "estatales" (por eso no somos "Estado") sean apartados de la gestión y diseño de la política de inmigración. En Catalunya, o en el País Vasco, por caso, tenemos los problemas, pero no se nos han transferido las competencias de actuación, de manera que la actuación tiene que ser, en todo caso, subsidiaria, y con unas políticas que en la mayoría de los casos no compartimos en absoluto. Es urgente un replanteamiento de este esquema, reclamar a la UE una política común en esta materia, y que los gobiernos autónomos, empezando por el gobierno de la nación catalana, tengan competencias en la materia, aquí y ahora, sin más dilación.

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