A pesar de la rabia que pueda producir escuchar la declaración del teniente coronel Baena, también conocido como Tácito, de la misma se pueden sacar una serie de conclusiones que bien explican de dónde viene todo y qué se puede seguir esperando de un juicio que nunca ha debido celebrarse. Lo más destacable, a mi entender, serían tres cosas: está claro que en algún elemento de su testimonio mintió, que los hechos que se enjuician no son los del 20-S y el 1-O y que algunos son capaces de retorcer el derecho hasta límites incompatibles con un estado democrático y de derecho.

Acreditar que un testigo ha faltado a la verdad no siempre es una tarea fácil, y muchas veces y por lógica jurídica sólo se puede hacer cuando ya es demasiado tarde. En el caso de Baena parece que contamos con elementos para poder acreditarlo ya: sus propias manifestaciones grabadas en las cuales reconoció no sólo estar detrás de la cuenta de Twitter a nombre de Tácito sino que la misma era gestionada por un colectivo o grupo de personas.

La actividad del 'colectivo' Tácito es suficientemente reveladora del posicionamiento ideológico de un grupo de personas entre las que, como mínimo, se encuentra el coronel de la Guardia Civil Baena, que entre otras funciones ha sido el director operativo de la investigación policial en la que se sustenta la acusación en el caso del procés. La relevancia no es menor si tenemos presente lo que establece la ley de Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, como principio básico: el deber de “actuar, en el cumplimiento de sus funciones, con absoluta neutralidad política e imparcialidad y, en consecuencia, sin discriminación alguna por razón de raza, religión u opinión”.

Si Baena, alias Tácito, actuó vulnerando dicho precepto legal, no cabe duda que lo realizado por él y sus subordinados viene viciado de nulidad y, por tanto, no debería valorarse como prueba de cargo. Obviamente, todo ello con independencia de las otras responsabilidades que pudiese exigírsele de manera directa.

En cualquier caso, lo más relevante del testimonio de Tácito no sería su falta de apego a la verdad sino el origen de toda la investigación y, sobre todo, el momento en que se comienza a investigar el proceso político independentista y sobre qué base. Ha sido a preguntas de la fiscal Consuelo Madrigal, antes fiscal general del Estado, que Tácito reconoció estar investigando el procés desde el año 2015 siguiendo instrucciones del entonces fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Javier Zaragoza.

Sí, a vista y paciencia de todos, una y otro han puesto sobre la mesa algo muy grave: el objeto de investigación no son hechos concretos sino un proceso político determinado. En términos jurídicos se llama “investigación prospectiva”, pero en términos reales se llama cuestionamiento democrático... Como no les gustaba una determinada deriva política había que investigarla por si en algún momento se daban elementos que pudiesen judicializarse y terminar en un proceso penal como finalmente ha sucedido.

Javier Zaragoza dio órdenes, siempre según Tácito, para investigar al entonces Govern de Catalunya y a partir de 2015 así lo han estado haciendo. Un fiscal consideró que una declaración de soberanía de un parlamento autonómico podría ser constitutiva de una serie de delitos y, por tanto, había que poner en marcha una investigación penal. Dicho claramente: para un fiscal de la Audiencia Nacional, ahora en el Supremo, una declaración política, luego anulada por el Constitucional, era base suficiente para atribuirse competencias que no tenía, para poner en marcha una investigación y para gastarse una ingente cantidad de dinero en la persecución del disidente.

Ahora, y no antes, se entiende por qué Llarena comienza su auto de procesamiento haciendo un recorrido histórico muy anterior a los hechos por los que finalmente se termina acusando. Algunos dirán que eso es poner en contexto los hechos, pero a la vista de lo declarado por Tácito no parece que el procés fuese el contexto sino lo auténticamente investigado y criminalizado, y los hechos del 20-S y del 1-O son la excusa que permitirá encajar una persecución política en determinados tipos penales.

Esta sola revelación es suficiente para entender que estamos en presencia de un juicio político. No importaba en 2015, como no importa ahora: los hechos concretos por los que se sientan en el banquillo tantos políticos catalanes, lo auténticamente relevante, desde la perspectiva de la acusación, es el procés no como realidad criminal sino política... A partir de aquí todo lo que suceda, y sucederá, es absolutamente previsible.

Criminalizar el procés, ya desde 2015, es un ejercicio complejo que requiere de un unos conocimientos jurídicos no desdeñables y, además, de una auténtica estrategia a largo plazo que, cuatro años después, lleve hasta un juicio en el que se condenará a parte importante de los líderes del procés no por lo que hayan hecho, que no han hecho nada, sino por desplegar un programa político que no gustaba a las entrañas de un estado que se defiende muy bien en el barro.

Retorcer así el derecho no es sencillo. No está al alcance de cualquiera y solo aquellos que conocen muy bien el derecho y los oscuros resortes de un estado, al que sigue costándole democratizarse, puede diseñar, implementar y salir exitoso de un ejercicio tan complejo como este y, miren por dónde, no sería la primera vez que se hace y no sería la primera vez que se consigue. Antes se estructuró el “todo es ETA” y ahora estamos en el “todo es el 'procés'”. Las realidades, procesos y contextos son absolutamente distintos, pero la respuesta del deep state es la misma y siempre pasa por distorsionar el derecho hasta límites incompatibles con un estado democrático.

Cuando se ponen en marcha este tipo de maquinarias ya nada nos puede extrañar. Se criminalizan actuaciones políticas, se criminalizan dichos y opiniones, se criminalizan símbolos y personas. El adversario político pasa a ser el enemigo. Contra el enemigo todo vale y, a partir de ahí, no solo se cruza la barrera del Código Penal, creyéndose impunes, sino, también, se acometen empresas criminales sin siquiera mirar las consecuencias.

En esta lógica, el derecho es un instrumento y una referencia, las fronteras no son un límite sino una oportunidad y la tecnología es un mero instrumento que permite avanzar en la aniquilación del enemigo, llegando incluso a relativizar y minusvalorar la capacidad del contrario y, sobre todo, la de otros sistemas policiales y judiciales.

En cualquier caso, y sin detenernos en los vericuetos de un proceso que no ha debido existir, lo más relevante es que haya sido justamente Tácito quien nos haya dado los elementos esenciales para acreditar que este es un juicio político en el que se investiga, enjuicia y condenará al procés pegándole en la cabeza a los acusados.

Madrigal interrogó a Tácito sobre el origen de todo no para blanquear una investigación prospectiva sino para dejarle claro al Tribunal, por si aún no lo tenían, que aquí los hechos no son relevantes... Esto no va de hechos sino de ideología y de la indisoluble unidad de la nación española.