Las diversas acciones que estamos viendo en contra no ya del independentismo sino todo aquello que huela a tal, junto con irritarnos, nos deberían servir para hacer un análisis más profundo de lo que realmente se está tejiendo y cuál es el sentido último de dichas acciones. No hacerlo, y quedarnos en lo anecdótico o en el desahogo, nos puede llevar a, de golpe, encontrarnos en medio de una maraña represiva de la que difícilmente se conseguirá salir.
No sólo existe una criminalización de la actividad política y ciudadana, cuya máxima expresión es el juicio que se está celebrando en el Tribunal Supremo. Seguramente, como esta es la más grave y visible, es en la que más nos estamos fijando, pero la suma de otras puede que nos presente un conjunto más que preocupante.
Entre aquellas dignas de destacar estarían, a mi juicio, las desplegadas por fiscalía, criminalizando la participación ciudadana a través de la denuncia interpuesta en contra de una serie de “votantes” del 1-O, las de la Junta Electoral Central, deduciendo testimonio en contra del president Torra, prohibiendo que los periodistas de TV3 llamen presos políticos y exiliados a los presos políticos y exiliados, ordenando la retirada de pancartas con el lema de “llibertat peixos polítics” y todos aquellos símbolos, signos, emblemas o frases que puedan tener cualquier relación con los represaliados del Procés.
Mención aparte merece la actuación del Tribunal de Cuentas que, en lugar de realizar una imparcial, serena y ponderada evaluación de las cuentas de la Generalitat ha emitido un informe con el que, incluso, varios de sus miembros no están conformes por precipitado. Esta actuación, que no se corresponde con el indebido gasto de ningún dinero, también ha de comprenderse dentro de una estrategia represiva y de criminalización de todo el independentismo y no solo de los distintos gobiernos de la Generalitat.
Cada una de estas acciones, aisladamente considerada, podrían, incluso, llevarnos a un escenario satírico y, de hecho, aisladamente apreciadas, no son pocos los “progres” que terminan justificando esas actuaciones restrictivas de derechos y criticando, incluso más allá del decoro, a las víctimas de esas actuaciones.
El problema, el auténtico problema, es que no debemos analizar este tipo de actos represivos desde una perspectiva simple, reduccionista y aislada sino en lo que, como conjunto, representan. Muchas veces los elementos, aisladamente considerados, no permiten comprender el conjunto al que pertenecen y su dimensión y, en materia de represión, eso también sucede.
¿Por qué entiendo que estamos ante actuaciones represivas?
La respuesta, siendo sencilla, requiere ser concluida a la vista de los distintos casos y, así, tenemos que:
Votar en el referéndum del 1-O jamás puede ser considerado, ni de lejos, un delito de sedición (de esto ya habló la Sentencia del Tribunal de Schleswig-Holstein afirmando que eran actos propios de una democracia y que ésta debía tolerarlos si quería seguir siéndolo) y, sin embargo, la fiscalía ve, en tan democrático comportamiento, una “voluntad rebelde”.
Instar a que fiscalía se querellase en contra del president Torra por un presunto delito de desobediencia es no solo aberrante sino forzar el tipo penal más allá de una interpretación razonable porque, tal cual escribía en este mismo medio Elisa Beni ayer, un elemento esencial del tipo penal de la desobediencia es incumplir las órdenes que dé una “autoridad superior”, y no me cabe duda que la Junta Electoral Central no es “autoridad superior” al president de Catalunya… Pero sobre este tema nos pronunciaremos allí donde realmente corresponde.
Hacer retirar lazos amarillos, esteladas y cualquier signo asociable al independentismo también es una censura de carácter general, es decir, otra forma de represión, y hacer retirar pancartas con el lema “llibertat peixos polítics” es hacer el ridículo.
Prohibir y sancionar a un medio de comunicación, sea público o privado, porque sus periodistas se refieran a los presos políticos y exiliados como tales no es más que una censura encubierta de apariencia de neutralidad en periodo electoral, y ello es así porque la misma Junta Electoral Central no ha sancionado ni prohibido que en otros medios se refieran a los presos y exiliados como, por ejemplo, “golpistas”.
Analizar apresuradamente y presentar como desviados los gastos normales y generales de la actividad de la Generalitat no persigue ninguna finalidad fiscalizadora sino, más bien, refleja una intencionalidad criminalizadora que, estoy seguro, será llevada hasta las últimas consecuencias.
Pues bien, si todas estas acciones de los distintos órganos de la administración central se están produciendo con desapego a las normas y finalidades que las regulan, sólo cabe asumir que estamos ante actuaciones represoras que persiguen un objetivo muy distinto al confesado y que hemos de analizar como un todo: un proceso sistemático de recortes de libertades, por ahora, de los catalanes.
Quienes insisten en ver cada elemento de manera aislada y, sobre esa base, insisten en justificarlos, lo que no se están dando cuenta es de que están favoreciendo la extensión y consolidación de dicha represión y, en materia de derechos fundamentales, no cabe la equidistancia, que es otra forma de complicidad.
El problema de quienes están tratando de mantener una postura “equidistante” es que no se dan cuenta de que ahora se están restringiendo y reprimiendo los derechos civiles y políticos de los catalanes pero que, una vez implantadas esas medidas restrictivas y esas actuaciones represivas, no se limitarán solo a los catalanes, sino que se extenderán al conjunto del Estado.
Lo que no se está viendo es que hace ya bastante tiempo que el conflicto entre el Estado y Catalunya dejó de ser uno asunto limitado exclusivamente al derecho de autodeterminación, adentrándose en una abierta confrontación entre dos concepciones diametralmente opuestas de lo que debe ser un estado democrático.
Mientras el más rancio nacionalismo español se refugia en lo que mejor conoce, el uso y abuso del poder, el soberanismo catalán se va cargando de razones, pero, entre tanto, la represión no desaparecerá mientras siga contando con la comprensión, justificación y/o respaldo de los equidistantes.
Ante un panorama de estas características no nos debería extrañar que todo un ministro de Asuntos Exteriores, jefe de la diplomacia, pierda, consciente o inconscientemente, los papeles y se comporte como un hooligan en plena entrevista televisiva ante la sola mención del término “Catalunya”. Es la cara visible de la arbitrariedad y el desprecio por los derechos fundamentales de un estado miembro de la Unión Europea.