En democracia, política y justicia deberían mantenerse lo más separadas posible para, así, garantizar la necesaria separación de poderes, pero, lamentablemente, llevamos años en que es muy difícil distinguir dónde termina una y comienza la otra, si es que, a estas alturas, puede establecerse algún tipo de distinción. Las próximas elecciones generales no serán la excepción o, mejor dicho, serán la máxima escenificación del dislate que significó la judicialización de la política y, ahora más que nunca, veremos sus consecuencias.

Ya las elecciones del 21-D, allá por el hoy lejano 2017, estuvieron profundamente marcadas por la aplicación del artículo 155 y, también y especialmente, por la causa penal seguida en contra de los líderes del procés. Pero no solo las elecciones del 21-D estuvieron marcadas o intervenidas por la actuación de las altas instancias judiciales, sino que, también, lo estuvo el proceso de investidura en el Parlament de Catalunya, donde, al final, el “voto de calidad” lo tuvo el juez Llarena que, en definitiva, decidió quiénes no podían presidir la Generalitat.

Pero ahí no terminaron las interferencias judiciales en la política y eso lo hemos vivido con mucha intensidad a lo largo del año pasado y este cuando, primero, se aplicaron medidas cautelares como la suspensión de cargos electos en virtud del artículo 384 bis) del Código Penal, durante la fase de instrucción, y, luego, durante las campañas a las anteriores elecciones generales, municipales y europeas para, finalmente, volver a experimentarlo con los impedimentos que se han puesto, más bien prohibiciones, al ejercicio del mandato popular que recibieron los presos y exiliados en todas esas citas electorales.

Las próximas generales no estarán exentas de tales interferencias y ello por diversas razones que, más o menos en orden, serán las que surjan del juicio al president Torra, del dictado de la sentencia con las consecuentes penas de cárcel e inhabilitaciones para los presos y, también, con la emisión de unas nuevas órdenes europeas de detención y entrega en contra de los exiliados.

Es decir, entre ahora y el 10 de noviembre, fecha prevista para las elecciones generales, no habrá semana en la que algún tema judicial no juegue un papel fundamental en el desarrollo no solo de la campaña electoral, sino, también, en el resultado de las mismas.

La sentencia, que no nos gustará, será usada por PSOE, PP y Cs para sus respectivas campañas electorales

El juicio al president Torra, previsto para la semana próxima, no pretende exigirle responsabilidades por una supuesta desobediencia ―ya se verá que no la hubo―, sino, más bien, inhabilitarle para apartarle de la política y, así, despejar el escenario para unas nuevas elecciones catalanas. Pero más allá del objetivo último, la inhabilitación y alteración de la realidad política catalana, es inevitable que el enjuiciamiento de un president de Catalunya en ejercicio sirva de ariete al debate preelectoral y tenga consecuencias en el resultado de las próximas generales.

El dictado de la sentencia no cabe duda que generará un intenso debate preelectoral y que, además, influirá en el resultado de las generales; y, además, no solo se limitará su uso y efectos a Catalunya sino al conjunto del Estado donde los principales partidos (PSOE, PP y Cs) harán uso y abuso de la sentencia como argumento electoral llegando, incluso, a apropiarse del mismo como si fuese parte del trabajo político realizado por dichos partidos… Que igual, en parte, lo es.

En el ámbito catalán, la sentencia, junto con la reacción que generará en la sociedad y las consecuencias personales que tendrá para los presos, también se convertirá en eje de los debates electorales y afectará, de una parte, a las candidaturas (la condena implicará la automática inhabilitación de los condenados que no podrán formar parte de ninguna lista) y, de otra, al resultado electoral. Aquí, sin duda, lo auténticamente relevante será el cómo se plantea la contienda, si como otra más de las muchas elecciones generales o como un auténtico plebiscito en el cual los partidos afectados por la sentencia hacen causa y lista común para contestarla allí donde más les duele: en las urnas.

Como si nada de lo anterior fuese bastante, a efectos de reflejar la judicialización de la política y ese entrecruce de poderes aunados por una agenda que, en estos momentos, es común, una vez se dicte la sentencia, y en plena campaña electoral, se dictarán las nuevas órdenes europeas e internacionales de detención y se abrirán los correspondientes procesos en Bélgica, Escocia y Suiza que, igualmente, marcarán el debate y, muy probablemente, los resultados electorales.

Ahora bien, no todas las intersecciones que se producen entre justicia y política o política y justicia afectan exclusivamente a la política y, de hecho, algunas afectarán, necesariamente, a la justicia o, al menos, a sus altas instancias jurisdiccionales, toda vez que, terminada la campaña electoral e investido, si esta vez se logra, el nuevo gobierno, habrá que entrar en la renovación del Consejo General del Poder Judicial y de su presidente.

La sentencia, que no nos gustará, será usada por PSOE, PP y Cs para sus respectivas campañas electorales y el que la misma se haga pública durante la campaña les permitirá a estos partidos hablar de ella, de la unidad de España, de un mal entendido constitucionalismo y, así, evitar entrar en todo el resto de temas que tan relevantes resultan cuando nos enfrentamos a una más que probable crisis económica de grandes dimensiones.

Seguramente, quien les dé a esos partidos una baza electoral tan útil para sus respectivas campañas sabrá hacer buen uso del regalo cuando le toque promocionarse para aquel cargo que, en gran medida, dependerá de los principales partidos representados en las Cortes… Un quid pro quo a costa de seguir deteriorando la maltrecha calidad democrática que estamos viviendo. Lamentablemente, todo esto será y seguirá siendo así mientras los ciudadanos no nos empoderemos y hagamos que nuestros representantes realmente nos representen a nosotros en lugar de a sus intereses.

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