Siempre he sostenido que uno de los mayores errores históricos cometidos en los últimos tiempos en España ha sido la judicialización de la política, específicamente en lo que respecta al conflicto político que existía y existe entre el estado español y un sector mayoritario de Catalunya. Fue un error sacar del ámbito de la política un problema que solo en dicho terreno puede ser solucionado y ello por diversas razones. Me explicaré.

Trasladar a la esfera judicial la solución de los conflictos políticos siempre implica la cesión de parte de las competencias propias de los poderes ejecutivo y legislativo en favor del judicial. Pero no solo por ello fue un error.

También lo fue porque los jueces no deben ni pueden ni están preparados para hacer política, tampoco para dar soluciones políticas a los problemas, sino, muy por el contrario, lo están, y no siempre, para dar respuestas jurídicas a los conflictos que se les plantean.

Es más, las soluciones que pueden dar a los conflictos que se les plantean serán siempre aquellas que entren no ya dentro del ámbito de sus competencias, sino, también, desde la perspectiva que ellos tengan de esos conflictos y, sin duda, en el caso de la confrontación política entre el Estado y un sector mayoritario de la sociedad catalana, las altas instancias jurisdiccionales tienen una visión incompatible con el derecho de autodeterminación o el reconocimiento pleno de los derechos de las minorías nacionales.

Y, por tanto, desde la perspectiva de este poder del estado, el judicial, la solución que se podía dar y se ha dado a un conflicto político tan complejo no ha sido otra que la ya conocida: una sentencia con la imposición de importantes penas de prisión para una serie de políticos y líderes sociales cuyo único delito ha sido hacer aquella política para la que fueron elegidos.

Ahora bien, el auténtico problema de esa evidente dejación de funciones por parte de la clase política y en favor del poder judicial no es solo la sentencia dictada el 14 de octubre de 2019, sino las amplias consecuencias que de la misma se desprenden y que sirven como punto de partida para una socialización de la solución; es decir, sobre la base de la sentencia del procés se construye una segunda etapa en la cual se va a ir solucionando, usando los mismos criterios jurídico-penales, el conflicto político.

La sentencia del procés no es el punto final del conflicto sino el comienzo de su cronificación, ya que será usada como base sobre la cual construir otras muchas sentencias en las que el número de condenados será aún más amplio

Como digo, la sentencia del procés no es el punto final del conflicto sino el comienzo de su cronificación, ya que será usada como base sobre la cual construir otras muchas sentencias en las que el número de condenados será aún más amplio. Se pasará de nueve presos a un número pendiente de determinar, pero que no será irrelevante si tenemos presente que, en estos momentos, existen en torno a unos 3.000 represaliados pendientes de diversos juicios.

En definitiva, de un juicio se va pasando a otros, siempre sobre la misma base, y en cada uno de ellos irán cayendo nuevas víctimas, muchas de ellas también con penas de prisión y esa y no otra será la fórmula mediante la cual se socializará la solución del conflicto desde la perspectiva de aquellos a los que se les encomendó resolver, con instrumentos propios del derecho penal, un conflicto eminentemente político.

Como elemento paliativo del dislate que ha representado la judicialización de la política siempre se ha hablado de soluciones que, en este caso, sí tienen marcado carácter político, pero efectos exclusivamente individuales e individualizados, como es la concesión de los tan cacareados indultos.

Incluso, antes del dictado de la sentencia, han sido los indultos la gran esperanza de algunos y, por ello, se ha avanzado por caminos que parecen, y son, incompatibles con la defensa de los intereses encomendados.

A partir del 14 de octubre de 2019, fecha del dictado de la sentencia, es cuando la política catalana, que debería estar preocupada de la construcción de país y de la solución de los problemas existentes en Catalunya, se gira hacia la Moncloa en la búsqueda de la esperada solución política a la sentencia, que sería por la vía de los indultos.

Los indultos se transforman, de esta forma, en una zanahoria envenenada mediante la cual se va conduciendo a un sector de la clase política catalana hacia un callejón que no solucionará el conflicto político ni tampoco dará respuesta a la judicialización de la política ni a las legítimas aspiraciones de una mayoría de catalanes. Me explicaré.

La prometida concesión de los esperados y retrasados indultos ha sido el eje sobre el cual han basculado muchas decisiones políticas que resultan incomprensibles para la mayoría de los ciudadanos, tanto catalanes como españoles.

El problema, como digo, es que la concesión o no de los indultos no implica la solución y superación del conflicto y ello por algo tan sencillo como que se trata de medidas que, por definición legal, son de carácter individual y solo aplicable a quienes ya están condenados. Dicho más claramente, los indultos solo representan una solución parche y exclusivamente para la situación que afecta a los hoy condenados.

Es una salida eminentemente individual, que solo afecta a nueve personas, y que no es extrapolable ni al resto de los casi 3.000 represaliados ni sirve de base para la solución, y posterior superación, de un conflicto que repercute en millones de catalanes y españoles.

Un conflicto político se puede solucionar por la suma de sacrificios personales, pero jamás por la concesión de beneficios individuales

No podemos olvidar que la Constitución prohíbe, expresamente, la concesión de “indultos generales” y que la propia ley de indulto y gracia está construida para dar respuestas individuales a condenas específicas, por lo que, como digo, un indulto es una medida específica, concreta e individualizada que no es comparable ni con una amnistía ni con ningún tipo de solución política a un problema que va más allá de la situación personal de los posibles beneficiados.

Es evidente que todos debemos alegrarnos, yo el primero, si, como solución individual y personalizada, los presos son excarcelados por razón de la estimación de sus recursos, por la obtención de beneficios penitenciarios o por la concesión de los prometidos esperados indultos, pero lo que no podemos hacernos son trampas al solitario pensando que esos indultos representarán la solución al conflicto político, porque eso no será así.

Nunca, en ningún lugar y en ninguna clase de conflictos políticos la solución ha pasado por soluciones individuales y personalizadas. Un conflicto político se puede solucionar por la suma de sacrificios personales, pero jamás por la concesión de beneficios individuales.

En definitiva, los indultos son una buena medida para nueve personas, pero no son, ni deben ni pueden ser presentados como un avance en la solución de un conflicto, mucho menos se puede pensar que siguiendo esa zanahoria envenenada se pueda ni deba renunciar a aquellas razones que llevaron a muchos, una gran mayoría de los catalanes, a confiar en un futuro mejor, un futuro en el que se les reconozca, como minoría nacional, sus derechos entre los que se encuentra el derecho a decidir.

La solución política al conflicto no pasa ni puede depender de los nueve indultos de los que se viene hablando, sino que ha de construirse sobre la base, primero, de un diálogo, luego, de una negociación y, finalmente, de alcanzar un consenso político y un acuerdo entre ambas partes, que culmine con una respuesta política de mucho más amplio espectro y que, en términos jurídicos, solo puede lograrse a través de la promulgación de una amnistía que sí es una vía admisible, racional y jurídicamente viable para dar respuesta al conjunto de los problemas generados a partir de la judicialización de la política.

Hacer depender el presente y el futuro de un pueblo, así como el proyecto político de muchos, de una respuesta individual e individualizada me parece un grave error político e histórico, pero, además, no es otra cosa que hacer bueno lo expresado en el refranero de “pan para hoy y hambre para mañana”.