Siempre que se busca solucionar un problema, lo primero que se debe determinar es la naturaleza y envergadura del mismo. En el caso del CatalanGate parece evidente que el Gobierno de Pedro Sánchez, sin tener clara ni la naturaleza ni la auténtica envergadura del escándalo, ha salido no a solucionarlo, sino a tratar de dar un carpetazo que, más temprano que tarde, terminará explotándole en la cara… Y es que, sin duda, los “tiempos de la política” son algo muy complejo que, en muchas ocasiones, choca abiertamente con la búsqueda de auténticas soluciones.

Destituir, que no sustituir, a la directora del CNI entra dentro de lo que no es más que un desesperado intento por dar carpetazo a un escándalo que, como vengo insistiendo desde hace semanas, no está más que comenzando. No digo que su destitución, que no sustitución, sea algo que hubiese de descartarse, pero, seguramente, no debería haberse producido sin antes tener muy claras la naturaleza y envergadura del problema.

La naturaleza del CatalanGate ni la tiene clara el Gobierno ni la ha tenido en consideración a la hora de gestar una respuesta —carpetazo— que, como digo, se les volverá en contra. Y es que sin que aclaren, o se aclaren, sobre cuál es esa naturaleza del problema, difícilmente encontrarán una respuesta que logre solucionarlo, por mucho que algunos tan irresponsables como desleales pretendan ayudarles a tapar el escándalo a costa de la cabeza de una funcionaria que, no lo descarto, si tiene alguna culpa, no lo sería desde el punto de vista penal y, además, no por el espionaje sino por no haberse enterado y haberlo impedido.

En cuanto a la envergadura del problema, ocurre otro tanto. El gobierno central no sabe aún cuán amplio ha sido el espionaje, a cuántos nos ha afectado y, sobre todo, a quiénes, y sin esos datos se ha lanzado a intentar dar carpetazo encapsulando el problema en tres grandes grupos de afectados: los “buenos” (que son ellos mismos, en este caso como espiados), los “malos” (para lo que dicen haber contado con respaldo judicial, como si eso fuese garantía de legalidad) y, finalmente, quienes niegan abiertamente que el espionaje a “los malos” se haya producido, porque quién va a creer a Citizen Lab, que sería una entidad filoindependentista.

Estoy seguro, o igual solo bien informado, de que el número de afectados seguirá creciendo y de que, poco a poco, iremos descubriendo cómo este espionaje no se limitó ni a independentistas ni a abogados de independentistas, sino que se extendió mucho más allá alcanzando a todo aquel que resulta molesto o peligroso o de interés para quienes han orquestado todo este plan criminal, que nos ha violado nuestra intimidad y el derecho al secreto de nuestras comunicaciones y al secreto profesional.

Partamos por hacernos algunas preguntas:

¿Qué justificación se dará cuando, por ejemplo, comiencen a aparecer nombres de periodistas, políticos, jueces y fiscales que distan de poder ser enmarcados en la “órbita independentista”?

¿Qué justificación se dará cuando, por ejemplo, comiencen a aparecer datos de contratos millonarios y ocultos, licencias de uso y documentos que vinculen Pegasus con otros estamentos estatales distintos del CNI?

¿Qué justificación se dará cuando, por ejemplo, algunos de los “prestadores de servicios” comiencen a reconocer públicamente sus relaciones con estamentos estatales españoles distintos del CNI?

Este descontrol absoluto sobre los aparatos del Estado en el cual algunos actúan criminalmente amparándose en las propias estructuras del Estado, supone uno de los más claros síntomas de que un sistema falla y que dichas disfunciones forman parte de lo que se denomina “fallo sistémico o generalizado”

Cuando todo esto suceda, que sucederá, veremos qué relato se construye, pero cada día será más difícil, si no ya abiertamente imposible, echarle la culpa al “juez del CNI” o a Marruecos y, al final, habrá que buscar a sus auténticos responsables y, desde un punto de vista de la responsabilidad política, el gobierno central se habrá sometido a un desgaste innecesario si, desde un comienzo, hubiese hecho aquello que hacen, ante actuaciones delictivas de este tipo, los gobiernos democráticos: investigar hasta las últimas consecuencias.

Por mucho que se quiera ocultar, pasando página o incluso transando favores políticos a costa del CatalanGate y de la intimidad de todos nosotros, la verdad es que estamos ante un escándalo constitucional de grandes dimensiones, de una gravedad como pocos la han tenido y que arrastra al estado español a una forma de fallo sistémico que ni se resuelve con destituciones ni con salidas en falso y que, además, terminará teniendo unas consecuencias que tampoco podrán ser impedidas ni ocultadas.

Datos que se van conociendo apuntan hacia una situación que será cada vez más compleja, como la que se evidencia a partir de hechos tan claros como que entre los afectados hay situaciones en las cuales, por ejemplo, las fechas en que se habrían producido las interceptaciones del CNI y las del espionaje con Pegasus, probadas por Citizen Lab, no coinciden. A cualquier observador mínimamente perspicaz eso le llevará a entender que estamos ante dos acciones distintas aunque de una etiología similar.

Por una parte, el CNI habría investigado a opositores políticos y a sus abogados, contando con unas órdenes judiciales que no pasan el mínimo filtro de legalidad, y, de otra, quienes realmente están operando con Pegasus también les habrían estado espiando en otros periodos sin ni siquiera ese barniz de legalidad que algunos quieren atribuirle a las autorizaciones del “juez del CNI”, lo que conlleva tener que asumir no una red de espionaje sino dos: la controlada y la descontrolada.

Esta situación, un descontrol absoluto sobre los aparatos del Estado en el cual algunos actúan criminalmente amparándose en las propias estructuras del Estado, supone uno de los más claros síntomas de que un sistema falla y que dichas disfunciones forman parte de lo que se denomina “fallo sistémico o generalizado” que, por ahora, estaría dirigido hacia una minoría nacional determinada, pero que, en la medida en que se vayan conociendo el resto de datos, se podría extender a todo el espectro opositor, entendiendo por opositor a las personas que mantienen posiciones contrarias a los intereses de los grupos de poder que han cometido estos delitos.

Y, justamente, de “fallos sistémicos o generalizados” fue sobre lo que más insistió en hablar la Comisión Europea el pasado 5 de abril en la vista de las prejudiciales del juez Llarena. Otro tanto hizo la representación del Reino de España, negando ambas la existencia de un escenario como el que ahora se está demostrando como existente.

Nosotros, por el contrario, y ante la entonces falta de pruebas de tal fallo sistémico o generalizado, nunca hemos entrado en esa discusión. Creemos que una orden europea de detención se puede denegar ante el acreditado riesgo individual de sufrir vulneraciones de derechos fundamentales, pero, a la vista de lo desvelado por el CatalanGate y cómo eso afecta a los procedimientos europeos, es posible que estemos en presencia de un doble riesgo: el individual y el generalizado.

Seguramente, ni la Comisión ni el Reino de España pensaron que las cosas podrían llegar hasta donde están llegando y, por eso, sostuvieron tales conclusiones que, a todas luces, parecían marcianas. Ahora, cuando ya sabemos que el Reino de España asume el espionaje a abogados personados ante los grandes tribunales europeos en procedimientos en que la otra parte es el propio Reino de España, imagino que esas autoridades judiciales europeas comenzarán a pensar que efectivamente estamos ante algo sistémico o generalizado con las consecuencias que ello tiene en el plano jurídico, pero también en el político.

Pensar que el CatalanGate no tendrá consecuencias en el ámbito de la justicia europea es no haber pensado mucho, y asumir, como se ha asumido, la existencia de un espionaje estatal, dejando en evidencia la existencia de otro paraestatal, es tanto como aceptar, insisto, la existencia de un fallo sistémico y eso, al menos en Europa, no es gratis.