Después de todas las expectativas puestas en la reunión de la Comisión Bilateral Estado-Generalitat, ya se ha reunido y se ha obtenido bien poca cosa. Empezamos por lo que se ha conseguido. Se pone en marcha el proceso para llegar a gestionar desde la Agencia Tributaria de Catalunya (la de la Generalitat) la parte del IRPF que se regula desde legislación del Parlament de Catalunya. Es una manera de recordar que la AEAT (la Agencia Española de Administración Tributaria) representa al titular de la otra mitad del IRPF que se paga desde Catalunya. Hay un esfuerzo, muy cuidadoso, para que lo que se ha pactado no pueda incomodar a ninguna otra comunidad autónoma ni ningún otro partido político. Tanto es así que el griterío escandalizado que viene de Madrid y del PP reacciona ante la voluntad catalana, incluida la de ERC, pero no ante el documento firmado. Dicho de otra manera, este griterío ni siquiera aprovecha la ocasión para reírse de la ingenuidad catalana, a años luz del cálculo y de la pericia negociadora vasca.
El acuerdo es de mínimos. Buena voluntad para poner en marcha un proceso que no se quiere que asuste a nadie, ni las comunidades autónomas gobernadas por los socialistas, ni las gobernadas por los populares. Si el Gobierno Sánchez dura, podría ser que se pudieran mejorar —acelerar— algunos elementos, siempre que haya buena voluntad por parte de la AEAT, o sea, del Ministerio de Hacienda. La ministra Montero no ha querido estar presente en un acuerdo que la implica directamente, dado que lo firman el Ministerio de Hacienda (en representación del Gobierno central) y el Departamento de Economía y Finanzas (en representación de la Generalitat). Esta ausencia no es un buen punto de arranque, y subraya cómo de frágiles se sienten todos los protagonistas. En última instancia me puedo imaginar que las conversaciones tenidas en la reunión deben haber tratado de asegurarse que ninguna de las partes implicadas se haga daño. Desde la Generalitat debieron garantizar que la estabilidad del Gobierno del Estado era su principal preocupación, y desde el Ministerio de Política Territorial, que era quien representaba a la ministra de Hacienda, debieron pedir comprensión por el mal momento que vive el jefe del Gobierno central.
Habrá, por todos lados, mucho discurso de cara a la galería
En los despachos de ERC deben estar muy nerviosos para decidir qué reacción tener. Romper la baraja, que les apetecería, saben que es un gesto improductivo. Los argumentos que pueden poner encima de la mesa tienen que ser, me parece, que la modestia de las declaraciones permite un despliegue ambicioso de la plantilla de la ATC sin hacer ruido. Este despliegue es indispensable para hacer frente a la capacidad de tramitación y de inspección que tendría que pasar a manos de la Generalitat. Hay que contratar —y por medios lentos, como son unas oposiciones— a muchos inspectores y muchos técnicos superiores para poder gestionar el IRPF de Catalunya. No los hay y hace falta conseguirlos y prepararlos. Cualquier paso en esta dirección dará más musculatura a la ATC. Se trata de puestos muy cualificados y bien remunerados que pueden atraer mucho talento local que ha cursado estudios de Derecho, de Economía o de Ciencias Políticas y de la Administración. Es la parte necesaria y positiva.
Pero seguro que en Junts oyen que les han servido en bandeja de plata un posicionamiento más radical y más exigente donde pueden presentarse como los verdaderos defensores de las reivindicaciones y exigencias catalanas. Sin embargo, es difícil pensar que se pueda ir mucho más allá con un Gobierno central tan frágil. Es verdad que el acuerdo firmado necesita varias pasadas legislativas por las Cortes y el Senado antes de ser completamente operativo y que este camino es largo. O sea, todo puede empeorar, pero también puede haber oportunidades de mejora. Habrá, por todos lados, mucho discurso de cara a la galería.
Para los otros socios del presidente Sánchez, el acuerdo desinfla cualquier inflamación que pudiera existir. Los posibles interesados en copiar el modelo ni lo querrán hacer por razones de oposición política ni lo añorarán por ser la concesión pequeña. Eso no excluye que no quieran aprovecharla en algún otro momento. En resumen, y siguiendo la sabiduría de las expresiones clásicas, mucho ruido y pocas nueces. O casi…
Albert Carreras es catedrático de Historia e Instituciones Económicas en la Universidad Pompeu Fabra, director del ESCI-UPF y exsecretario de Economía y Finanzas.