Dado que el Estado español vive un ciclo de bonanza macroeconómica (pero luego cuesta llegar a fin de mes), la Agencia Tributaria recauda más en impuestos (sobre todo IVA de productos e IRPF de personas contratadas). Como ahora dispone de más dinero, el acuerdo de financiación autonómica ha consistido en aumentar el volumen de dinero destinado a las comunidades autónomas y dividirse el aumento del pastel. Ahora el pastel es 21.000 millones de euros más grande, pero, al fin y al cabo, se tiene que volver a dividir entre todas las comunidades autónomas. ¿Todas? ¡No! Dos aldeas del norte habitadas por vascos y navarros indomables rechaza una y otra vez ferozmente el régimen común. Y, dicho sea de paso, ningún partido con representación parlamentaria es capaz de decir que Euskadi y Navarra son insolidarias por el simple hecho de recaudar los impuestos de sus ciudadanos y después pagar una cuota a España.

Para Catalunya, esta propuesta de financiación tiene una fortaleza, tres debilidades y una oportunidad. La fortaleza es que tan pronto como se apruebe, Catalunya —igual que el resto de comunidades autónomas de este régimen común— recibirá recursos de manera inmediata y verá incrementada la liquidez de sus cuentas y esto debería traducirse en gastos sociales como sanidad, enseñanza u otros servicios. Es una fortaleza, pero, condicionada por las tres debilidades. La principal debilidad es que no es un sistema de financiación nuevo, sino una actualización del actual; es decir, las herramientas para recaudar los impuestos las sigue teniendo el Estado español y la potestad de repartir la recaudación, también. Esto convierte esta propuesta presentada el viernes en una arbitrariedad que, por poner solo un obstáculo, un Gobierno de PP y Vox podría revertir con un simple real decreto. En cambio, si Catalunya saliera del régimen común, sería más complicado dar marcha atrás, porque este famoso régimen común es la famosa LOFCA, donde las letras L y O significan 'Ley orgánica' y, por tanto, con una fortaleza legal más robusta.

La cifra es un pequeño parche al déficit fiscal y, en euros por habitante, Castilla-La Mancha recibirá más que Catalunya

La segunda debilidad es que esta propuesta de financiación apenas es un parche para el gran problema estructural que tiene Catalunya con España: el déficit fiscal. Según los últimos datos disponibles, los ciudadanos catalanes pagamos en impuestos 75.000 millones de euros, mientras que el Estado dispensa a Catalunya 55.000. Esos 20.000 millones de euros son el llamado déficit fiscal. Las cifras son un cálculo de la Generalitat, porque el Estado hace 18 años (desde 2008) que no publica las llamadas balanzas fiscales. Las proyecciones de 2024 y 2025 apuntan a que este déficit fiscal es de 23.000 o 24.000 euros, de modo que estos —aún no— 4.700 millones de euros representarían una quinta parte del problema. En 2021 se llegó a calcular este déficit fiscal por ámbitos, y el sanitario era de cerca de 5.000 millones de euros. Es decir, con este incremento presupuestario propuesto en el acuerdo de financiación, apenas se hace las paces con la aportación de los catalanes en salud y lo que se recibe a cambio. Quizás por este motivo, voces tan diversas del país como la política (Junts), la empresarial (Foment) o la académica (Santiago Niño Becerra o Guillem López Casasnovas) encuentran insuficiente la parte catalana de la propuesta del Gobierno. En declaraciones a Catalunya Ràdio, Niño Becerra calificó los 4.686 millones de euros como “calderilla”.

Así las cosas, según la propuesta para el nuevo acuerdo de financiación, de estos 21.000 millones de euros, Catalunya percibirá 4.686 millones. No es quien más recibirá; Andalucía percibirá 4.846. Detrás irán el País Valencià(3.669), la Comunidad de Madrid (2.555) y Castilla-La Mancha (1.248). La cifra de Castilla-La Mancha puede parecer mucho menor, pero debemos tener en cuenta que, con una población de unos 2,12 millones de habitantes, el incremento equivale a unos 589 euros por habitante. Catalunya obtiene 4.686 millones, pero con una población aproximada de 8,12 millones de habitantes. Esto representa unos 577 euros adicionales por habitante, es decir, menos que Castilla-La Mancha. La Región de Murcia obtendría 1.188 millones de euros. Dada su población, de unos 1,58 millones de habitantes, esto representa aproximadamente 750 euros por habitante, la cifra más alta. En este ranking poco explicado de euros por habitante, el País Valencià también supera a Catalunya. Con una población de unos 5,41 millones de personas, la ganancia per cápita sería de aproximadamente 678 euros por habitante. Y finalmente, Andalucía, allí donde la encargada de dividir el pastel será candidata socialista a la presidencia, tiene una cifra muy similar a Catalunya: teniendo en cuenta que hay unos 8,66 millones de andaluces, el incremento se sitúa alrededor de los 560 euros por habitante.

El acuerdo puede condicionar las finanzas de Catalunya durante buena parte de la próxima generación; hay tiempo para repensar

Y finalmente, la tercera debilidad de este acuerdo es más filosófica que económica. Más política que financiera. Más de mirada larga que de cortoplacismo. Teniendo en cuenta que el último acuerdo de financiación se aprobó en 2009, se previó para cinco años y que es el que todavía está en vigor con una caducidad acumulada de doce años, cualquier decisión que se apruebe ahora condicionará las finanzas de Catalunya durante buena parte de la próxima generación (si es que no hay un descalabro antes). Tras presentarlo en público, la semana próxima la vicepresidenta María Jesús Montero expondrá la propuesta a las comunidades en el CPFF (Consejo de Política Fiscal y Financiera). Esto supondrá poner en marcha el reloj legislativo que tiene que desembocar en una votación en el Congreso de los Diputados que no llegará hasta dentro de unos meses.

Por lo tanto, la oportunidad es que hay tiempo. Hay tiempo para repensar, poner la pelota en el suelo y estudiar una nueva estrategia. Una nueva estrategia que pase, por ejemplo, por unificar a los siete diputados de ERC con los siete de Junts y establecer un bloque de catorce diputados que duplicaría la presión sobre el PSOE que ahora ejercen por separado, enfrentados y con una pérdida innecesaria de energías independentistas. También puede ser un tiempo precioso para tejer un frente nacional que, como en exitosas experiencias anteriores, aglutine buena parte de la sociedad civil catalana en favor del objetivo común y compartido de alcanzar el concierto económico. En 2012, el objetivo de este pacto fiscal bilateral con España puso de acuerdo a CiU, ERC e Iniciativa. Y cuando la votación llegó al Parlament, el PSC no votó en contra, sino que se abstuvo. Fuera de la cámara catalana, los sindicatos, las organizaciones empresariales y otras entidades representativas del tejido social y productivo del país dieron su apoyo. El presidente español, Mariano Rajoy, rechazó cualquier posibilidad de negociación en aquel hito nacional y transversal. Y aquel portazo comportó una unidad del catalanismo que, sin ir más lejos, sacó a la calle a un millón y medio de personas en la Diada de aquel 2012 y aceleró un procés que se había encendido dos años antes con la sentencia del Estatut. Aquello se gestó con meses y duró años. Pero era necesario el consenso en Catalunya y la unidad en Madrid. Hay tiempo.