Ferrovial, una de las principales empresas de infraestructuras de España, ha levantado una liebre que nadie se esperaba: cambia de domicilio social para irse a los Países Bajos. Una empresa que nació y creció con una histórica buena relación con los poderes políticos, que está muy arraigada a la patria y que con el paso de los años se ha convertido en una multinacional (el 82% de su actividad se desarrolla fuera de España) dice "hasta nunca": se va a Ámsterdam y se desarraiga en el sentido clásico del término.

Las justificaciones que ha dado la empresa son del tipo que ya hace la mayor parte de actividad fuera, que mejorará su imagen internacional, que tendrá mejor acceso al capital, que el potencial de crecimiento está en otros países (el primero, los Estados Unidos), que busca un entorno jurídico mucho más estable, etcétera. Lo que desmiente la empresa es que sea para ahorrarse impuestos de sociedades: en España es del 25% y en los Países Bajos del 25,8%, aunque con una tributación por dividendos un poco más favorable que en España, la empresa obtendrá algunos pequeños ahorros que en cualquier caso no justifican la decisión del traslado de sede.

Esta operación a la empresa no le representa nada sustancial, fiscalmente, pero al Estado español sí, y de aquí el lloriqueo. Las voces de queja no se han hecho esperar por parte de representantes del Estado, no solo porque la decisión toca el bolsillo de los ingresos, sino porque también toca el sentimiento español (una empresa del capitalismo clientelar fiel pasa a ser una desagradecida).

Desengañémonos: las empresas se deben al mercado y, como no puede estar de otra manera en nuestro sistema capitalista, a sus accionistas. Lo que estos buscan es rentabilidad, sea de manera directa a través de dividendos, sea de manera indirecta a través de la revalorización de sus participaciones. Si un cambio de domicilio social (con los costes y con los beneficios que supone) ayuda al objetivo, adelante.

La experiencia de esta compañía hace recordar la fuga de domicilios sociales que se produjo en Catalunya con motivo del 1 de octubre de 2017. En aquel caso, muchas de las empresas que cambiaron de sede lo hicieron a causa del riesgo de inseguridad jurídica que generaba la situación política. También hubo algunas que se trasladaron como reacción desde los sentimientos; empresarios ofendidos por la opción independentista que con el traslado se distanciaban del fenómeno y en cierta manera se vengaban. Hubo otros que lo hicieron por presiones de sus clientes. Y también otros que lo hicieron por uno o varios de los factores anteriores, con dos más añadidos que resultan singulares:

  • uno, el boicot del Estado y su potencial de "venganza", que se concretó en actuaciones de tipo financiero (retirada de depósitos de empresas públicas, a modo de aviso para navegantes), actuaciones de presión política directa (incluida la que se hizo a escala real) para forzar las empresas a trasladar la sede, entre otras cosas; y
  • otro, el miedo a la pérdida de valor de las sociedades a remolque del boicot del mercado español en empresas con sede en Catalunya (son conocidas las acciones comerciales del Santander para captar clientes de CaixaBank en aquellos momentos).

Las principales empresas catalanas que trasladaron su sede a Madrid y al País Valencià y que están sometidas a regulaciones y controles muy directos del Estado (energéticas, finanzas, seguros, infraestructuras, etcétera) difícilmente volverán. Más bien tratan de disimular cualquier indicio de catalanidad o catalanismo, como Catalana Occidente, que se ha librado de catalana, o como el BBVA, que en su día se libró de Catalunya Bank (ex-Catalunya Caja).

Quizás Ferrovial perderá contratos con el Estado a consecuencia de la "fuga" que ha hecho, quizás Hacienda le revisará en profundidad las cuentas de los últimos cuatro años, quizás algún juez meterá baza, pero la empresa no depende más que en un 18% del mercado español, y eso es jugar en otra división de mercados, de actividad y de beneficios futuros. Y, en lo que respecta a la sede social, no descartéis que Ferrovial, como tantas empresas catalanas que se fueron, consideraran seriamente establecerse en Catalunya si este país fuera independiente, ofreciera seguridad y estabilidad jurídica y tuviera (por ejemplo) un impuesto de sociedades realmente atractivo (no como el neerlandés), del 20%, como Estonia, Letonia o Finlandia, del 15%, como Suiza, o del 12,5%, como Irlanda.