Para quien no lo sepa, la nutria es un animal que tiene una virtud especial: es un inmejorable bioindicador de la calidad ambiental del hábitat natural en el que vive, generalmente ríos y bosques de ribera. Dicho de otra forma, si hay nutrias, significa que el río no está contaminado y que sus aguas son limpias. Si no las hay, significa que el río es impuro y sucio. Los catalanes también tenemos, a nivel político y nacional, algunos buenos bioindicadores que nos permiten saber cuál es el grado de salubridad de las aguas que navegamos. Uno de ellos es Felipe González. Es un bioindicador infalible, pero inverso. Esta misma semana hemos podido ponerlo a prueba y, como siempre, no nos ha fallado. Su reacción furibunda frente a la validación de la ley orgánica de amnistía demuestra que la ley es un acierto. De hecho, esta sentencia me ha hecho pensar en otra, de 1983, cuando el TC declaró inconstitucional la Ley Orgánica de Armonización del Proceso Autonómico, más conocida como LOAPA. Ambas sentencias y ambas leyes tenían Catalunya en su origen, porque el gran problema de España somos los catalanes, y no los vascos y menos los gallegos. Y las dos sentencias irritaron profundamente a Felipe González, y por tanto eran buenas sentencias para los catalanes, sean independentistas o no lo sean.

Ambas sentencias, la de la ley de amnistía y la de la LOAPA, son sentencias fundamentalmente políticas. La prueba de ello es que nadie recuerda hoy los fundamentos jurídicos de la sentencia de 1983, pero todo el mundo recuerda que desmontó un intento chapucero del PSOE y la UCD de difuminar el Estado de las autonomías cuando en el ambiente aún se podía respirar la pólvora del 23F. Los diputados del PSC, no habría que decirlo pero nunca está de más, votaron a favor de aquella ley que erosionaba el autogobierno de su propio país. Y nadie recordará nunca los fundamentos de la sentencia de la ley de amnistía, pero todo el mundo recordará que la declaró constitucional y, por tanto, fue la base sobre la que todos los procedimientos abiertos se acabaron archivando. Esta ley, tampoco está de más decirlo, salió adelante gracias a la aritmética y a la presión de los partidos independentistas, y muy particularmente por el enrocamiento de última hora de Junts.

Ni la ley de amnistía ni el traspaso de Cercanías o una mejor financiación resuelven la cuestión de fondo: el encaje o no de Catalunya dentro de España

¿Y ahora qué? No faltarán quienes nos venderán la sentencia como el punto final de la crisis política del 2017. De hecho, ya han empezado a hacerlo. Querrán utilizar la sentencia para pasar página de un proceso político que empezó con las consultas independentistas populares, incluyó la consulta del 9N y siguió con el referéndum del 1 de Octubre. Pero este relato falla por la base, porque ni la ley de amnistía ni el traspaso de Cercanías o una mejor financiación resuelven la cuestión de fondo: el encaje o no de Catalunya dentro de España. Para pasar página definitivamente y convertir en realidad la coleta del título de la ley (“Ley orgánica de amnistía para la normalización institucional, política y social en Cataluña”) es necesario que se resuelva esta cuestión de manera duradera, estable y aceptable para la mayoría de catalanes. Esta es la verdadera normalización institucional. Cualquier otra cosa es un parche, que durará mientras duren las circunstancias que lo han puesto.

Y las circunstancias cambiarán inevitablemente. Más tarde o más temprano tendremos en Madrid un gobierno formado por el PP y Vox (en formato de coalición o en formato de socios parlamentarios). La corrupción endémica del PSOE y el desbarajuste faccional de sus socios podemitas y postpodemitas acelerarán este advenimiento ultra. Este gobierno neofranquista no será un gobierno que querrá mantener la estabilidad institucional actual, sino que empezará enseguida un proceso recentralizador sin precedentes. Es posible que pretendan cambiar la ley para impedir que los partidos catalanes, vascos y gallegos puedan tener representación en las Cortes. Es probable que deroguen el uso de estas lenguas en el Congreso de Diputados. Es seguro que no solo no van a transferir ninguna competencia nueva, sino que van a intentar revertir todas las que puedan. Ni que decir tiene que no habrá una financiación singular para Catalunya. Por no hablar de las medidas reaccionarias que adoptarán en materia de urbanismo, cambio climático y medio ambiente. Basta con mirar qué hacen en el País Valencià y en las Illes Balears para anticipar qué van a hacer en todo el Estado. Y entonces todo volverá a empezar, en nuestro país. Porque los catalanes, a menudo, actuamos reactivamente. Cuando acabe el narcótico socialista (es una metáfora, eh) nos desvelaremos de repente y tendremos por delante la España de siempre. La rueda gira y gira, pero hay un día en que el hámster sale disparado y empieza a correr.