El 16 de julio, la Gran Sala del Tribunal de Justicia de la Unión Europea dictó sus dos sentencias sobre la ley de amnistía y despejó cuanto quedaba por despejar. Cuatro días después, el lunes 20, la consejera del Departamento Segundo de Enjuiciamiento del Tribunal de Cuentas, Elena Hernáez Salguero, dictó una providencia que conviene explicar con calma porque es una pequeña obra maestra del arte de no acatar acatando. En lugar de aplicar la amnistía a la treintena de ex altos cargos de la Generalitat a los que se reclaman casi una decena de millones de euros por los gastos del 1-O y de la acción exterior —el president Puigdemont entre ellos—, la consejera abre un plazo de diez días para que las partes aleguen y aporten documentación sobre si en aquellos gastos pudo haber fondos “procedentes del presupuesto de la Unión, o administrados por la Unión, o por cuenta de esta”, y suspende entretanto el plazo para dictar la resolución que la ley le exige. El detalle que completa el cuadro: Hernáez es la misma consejera que en julio de 2024 paralizó el procedimiento para preguntar a Luxemburgo, precisamente, si el artículo 325 TFUE —el que protege los intereses financieros de la Unión— impedía extinguir la responsabilidad contable del procés. Preguntó al único tribunal que podía responderle; el tribunal le ha respondido que no; y su reacción ha sido reformular la misma pregunta y dirigírsela ahora a las partes, a ver si alguien le procura la respuesta que Luxemburgo le negó. En definitiva, busca que alguien confirme su teoría sobre la planitud de la tierra.
La maniobra no resiste el menor análisis. La sentencia del asunto C-523/24 no dejó flecos: los hechos se sufragaron con fondos autonómicos que ni provienen del presupuesto europeo ni están destinados a él, y ni siquiera la hipotética disminución de la renta nacional bruta derivada de una secesión afecta, como tal, a los intereses financieros de la Unión. Hay algo más, que convierte la providencia en un desafío consciente: la propia sentencia declaró que la obligación de resolver en un plazo perentorio de dos meses, sin valorar pruebas ni alegaciones exculpatorias, es consustancial al principio mismo de la amnistía. Abrir ahora un período de alegaciones y prueba documental sobre el origen de los fondos, suspendiendo además el plazo para resolver, no es interpretar la sentencia: es hacer exactamente lo que la sentencia dice que no puede hacerse, y hacerlo a los cuatro días de dictada. Lo ha visto hasta la Fiscalía, que ha instado a aplicar la amnistía sin más demora y ha calificado el trámite de extemporáneo; cuando el Ministerio Fiscal, que en este procedimiento reclamaba la casi decena de millones, enmienda la plana a quien juzga por exceso de celo, el diagnóstico está hecho. Por nuestra parte, la denuncia ante la Comisión Europea —pero también ante el TJUE— por incumplimiento del derecho de la Unión ya está presentada: si alguien quiere emular los pulsos de Polonia y Hungría con Luxemburgo, que al menos estudie cómo terminaron.
La providencia del día 20 es una maniobra a la desesperada de un órgano concreto, no la avanzadilla de una rebelión generalizada de los órganos jurisdiccionales llamados a aplicar la Ley de Amnistía y la jurisprudencia del TJUE
Dicho esto, conviene no equivocar el diagnóstico general. La providencia del día 20 es una maniobra a la desesperada de un órgano concreto —una consejera propuesta en su día por el Partido Popular, con biografía ligada a la Comunidad de Madrid—, no la avanzadilla de una rebelión generalizada de los órganos jurisdiccionales llamados a aplicar la ley de amnistía y la jurisprudencia del TJUE. Los indicios apuntan en la dirección contraria: la Fiscalía ha ajustado su posición a la sentencia en cuestión de días; el Tribunal Constitucional, ya de vacaciones por espacio de dos meses, se ha quedado sin la excusa con la que venía durmiendo los amparos; y el Tribunal Supremo tiene delante, como escribí aquí mismo hace una semana, tres salidas conformes a derecho y ninguna razón jurídica para inventarse una cuarta. Quien quiera leer en el Tribunal de Cuentas el anuncio de que nada va a aplicarse confunde el estertor con la tendencia. Lo que esa providencia retrata no es la fuerza de la resistencia sino su soledad: en apenas unos días, su autora ha conseguido alinear en su contra a las defensas, a la Fiscalía y al propio texto de la sentencia que dice acatar. No es una estrategia; es una trinchera con una sola ocupante.
Ahora bien, mientras dure, esa trinchera produce un efecto que sus entusiastas no parecen haber calculado: cada semana de retraso en la aplicación de la amnistía y en el regreso del president Puigdemont es una semana de oxígeno regalada a un Gobierno moribundo. No lo digo como metáfora. La dirección general y la cúspide operativa de la Guardia Civil están imputadas por obstruir las investigaciones sobre la corrupción del entorno de la Moncloa; las cloacas del PSOE han dejado de ser una hipótesis periodística para convertirse en objeto de instrucción judicial; y el que fuera presentado como “líder natural”, diría que hasta moral, de ese espacio, José Luis Rodríguez Zapatero, acaba de cometer el error estratégico más grave de su carrera: romper más de dos meses de silencio con una entrevista televisada. Quien la haya visto entiende por qué sus asesores preferían el silencio: un hombre alejado de la realidad, proclamando que no se ha corrompido mientras despacha como “regalos de cortesía” unas joyas cuyo valor asegura ignorar, e incapaz de explicar su mediación en el rescate de Plus Ultra con algo distinto de lo que ya dijo en el Senado y nadie creyó. El operador oficioso entre el Gobierno y Waterloo durante años ha quedado retratado en su peor versión: sin credibilidad, expuesto en sus contradicciones y pendiente de sus propias citas judiciales, que no han hecho más que comenzar. Ese es el Gobierno al que cada dilación regala el favor de mantener la atención pública lejos de sus alcantarillas. Quienes creen estar resistiendo al sanchismo deberían mirar de nuevo a quién sirven, objetivamente, sus resistencias.
Persistir en negar la evidencia y retrasar el regreso ni siquiera sirve a la causa de quienes lo intentan: solo prolonga la agonía de un Gobierno cercado por la corrupción y aplaza la reconstrucción de unos estándares éticos que la política necesita con urgencia
Por eso mismo, el regreso del president no puede darse por asumido ni por descontado: hay que propiciarlo, y hay que hacerlo ahora. Primero, porque tanto en Catalunya como en España están pendientes decisiones de calado que no pueden adoptarse con normalidad mientras haya exiliados: ninguna legislatura se ordena o acaba y ninguna negociación es limpia mientras uno de los actores centrales de la política catalana deba operar desde Waterloo por decisión de unos tribunales a los que todas las instancias europeas han ido quitando la razón. Y segundo, porque propiciar ese regreso es la mejor forma de proteger la credibilidad del propio sistema: cada día de exilio que transcurre después de que el Constitucional haya validado la ley y la Gran Sala la haya declarado conforme al derecho de la Unión es un día en que el Estado exhibe que aquí las resoluciones se aplican según a quién beneficien.
Lo que hay detrás es una batalla jurídica y política de casi nueve años en Europa que ha terminado decantándose del lado del president Puigdemont y de su decisión de exiliarse, por más que a tantos les cueste pronunciarlo. Asumir las consecuencias de esa derrota —porque para el Estado lo es— no es un gesto de generosidad: es la condición para dejar de perpetuar el error inicial, aquel de judicializar un conflicto político que ningún tribunal podía resolver ni ha resuelto en nueve años. Persistir en negar la evidencia y en retrasar el regreso ya ni siquiera sirve a la causa de quienes lo intentan: solo prolonga la agonía de un Gobierno cercado por la corrupción y aplaza la reconstrucción de unos estándares éticos que la política necesita con urgencia, en España y en Catalunya. El regreso será una realidad más temprano que tarde. La providencia del día 20 no lo impedirá. Pero quienes la celebran deberían entender de una vez que no están ganando tiempo contra el president Puigdemont: se lo están regalando a Pedro Sánchez. Ese es el favor que no saben que hacen o, peor aún, no entienden que lo hacen ni a quién realmente se lo hacen.