El Estado dual

Hay Estados en los que la vida pública parece discurrir por dos carriles a la vez. En uno, el institucional, todo se mueve dentro de formas reconocibles: elecciones, leyes, tribunales, debates parlamentarios, procedimientos administrativos. En el otro, un carril más opaco y emocional, se decide lo determinante con una lógica distinta: la del atajo, la del relato, la de la excepción práctica. Esa sensación equivale a sospechar que la democracia puede estar conviviendo con una dinámica interna que la erosiona e incluso aniquila. Para profundizar en esa convivencia, la teoría del Estado dual sigue siendo una herramienta útil, siempre que se use con cuidado y sin convertirla en un martillo que transforma cualquier desacuerdo en una acusación de tiranía.

El Estado dual, tal como lo formuló Ernst Fraenkel, describe la coexistencia de un Estado normativo y un Estado prerrogativo. El primero funciona con reglas generales, previsibles y controlables: el derecho como límite y como garantía. El segundo funciona con decisiones discrecionales, excepcionalidad y oportunidad: el derecho como instrumento maleable al servicio de una finalidad política. En su contexto original, Fraenkel estaba pensando en un régimen autoritario. Pero el concepto puede “traducirse” a democracias contemporáneas, no para equipararlas con aquel extremo, sino para detectar cuándo el carril prerrogativo aparece dentro del carril normativo como un hábito e incluso como un condicionante: cuando la legalidad formal permanece, pero se va creando una zona donde el poder opera como si la regla fuese un decorado y el procedimiento un obstáculo a superar.

Aplicado a España, resulta útil describir una tendencia: la dualización funcional de la política y del Estado. En España siguen existiendo elecciones competitivas, pluralismo, alternancia posible, justicia independiente en muchos ámbitos, controles y opinión pública viva. Pero también es palpable que el conflicto político ha ido desplazándose desde la disputa programática hacia la disputa por los mecanismos de control: quién nombra a quién, quién bloquea qué, qué institución valida qué, qué procedimiento permite sacar adelante una medida sin pagar el coste deliberativo. Cuando la política se convierte en una guerra por los engranajes, el Estado normativo se debilita, aunque no se rompa, porque la ciudadanía aprende a leer la realidad con cinismo: “las reglas valen hasta que estorban”.

El síntoma más común de esa dualización es la normalización del atajo. En cualquier democracia existen procedimientos de urgencia y herramientas excepcionales para situaciones excepcionales. El problema empieza cuando lo excepcional se convierte en lo normal. El procedimiento acelerado, la norma “ómnibus” que empaqueta materias dispares, el decreto como sustituto de la deliberación parlamentaria, la negociación de madrugada que produce textos que apenas se discuten, son señales de una política que acostumbra a tratar la forma como un inconveniente. En términos intelectuales, el Estado prerrogativo no necesita abolir la ley: le basta con dominar el ritmo, el contexto y la narrativa para que la ley se convierta en un vehículo de oportunidad en lugar de un dique de contención del propio poder.

A esa aceleración se suma un clima de polarización que ya no es solo ideológica, sino de legitimidades. Cuando cada bando siente que el otro no es un rival sino una amenaza moral o constitucional, el incentivo para respetar límites se reduce. El adversario deja de ser interlocutor y pasa a ser sospechoso; la crítica deja de ser control y pasa a ser ataque; la alternancia deja de ser normalidad y pasa a ser tragedia. En ese clima, el Estado prerrogativo prospera porque puede presentarse como “defensa propia”: se justifican atajos, presiones o maniobras no por su mérito institucional, sino porque “el otro haría lo mismo” o porque “no queda otra”. El argumento “no queda otra” es el himno oficioso de toda prerrogativa.

Otro campo donde se observa la tensión entre lo normativo y lo prerrogativo es la relación entre el poder político y los contrapesos: justicia, fiscalía, organismos reguladores, instituciones de garantía, medios públicos. En España se ha vivido durante años la experiencia del bloqueo, la negociación a cuotas, el intercambio de vetos, la sospecha permanente sobre la motivación de nombramientos y reformas. No hace falta dictar sentencia sobre intenciones para reconocer el efecto: cuando la ciudadanía percibe que los contrapesos se negocian como botín, el Estado normativo pierde su virtud más delicada, que no es la fuerza sino la credibilidad. Y sin credibilidad, el derecho deja de sentirse como marco común; se vive como arma del otro o como excusa del propio.

Hasta qué punto el derecho puede acomodar soluciones políticas sin degradar la igualdad ante la ley

La cuestión territorial y los intentos de desactivar conflictos mediante instrumentos jurídicos excepcionales han sido, además, un laboratorio evidente. Medidas de “pacificación” que unos presentan como reconciliación y otros como transacción inaceptable intensifican el dilema: hasta qué punto el derecho puede acomodar soluciones políticas sin degradar la igualdad ante la ley. Ese dilema existe en cualquier democracia compleja. La señal de alarma no es que se busquen soluciones; la señal de alarma es que se instale la sensación de que la regla cambia según la aritmética parlamentaria del momento, según quién sea imprescindible hoy para sostener una mayoría. En el Estado normativo, las mayorías gobiernan, pero las formas limitan. En el Estado prerrogativo, las mayorías gobiernan y las formas se adaptan.

En ese punto entra con fuerza el papel de un sector de los medios que no actúa como mediación crítica, sino como extensión emocional del poder. Y, en ese marco, estamos viendo —entre otras cosas— algunos editoriales de medios relevantes que son auténticos actos de sometimiento, casi pornográfico, al poder que subvenciona: no ya adhesión ideológica, sino docilidad remunerada. Conviene decirlo con claridad: en una democracia es legítimo que existan medios con línea editorial, simpatías y prioridades. El problema aparece cuando se abandona la función periodística de contraste y se adopta una función sacerdotal: la de consagrar. Se instala entonces una realidad paralela, no solo favorable, sino impermeable. La discrepancia se trata como traición; el dato incómodo se presenta como conspiración; la rectificación se vive como humillación. La información se vuelve un ritual de pertenencia: no sirve para comprender, sirve para demostrar que uno es del grupo.

Ahí encaja la idea, deliberadamente provocadora, de una alabanza cuasi pornográfica. La pornografía no es solo explicitud; es reducción del otro a objeto. Cuando un medio reduce la realidad política a un objeto de excitación tribal —y cuando, además, esa excitación se alinea con la lógica del subsidio, la pauta o el favor institucional— el poder deja de ser fiscalizado y pasa a ser erotizado: se celebra su fuerza, se justifica su dureza, se glorifica su astucia, se desprecia al disidente. El lenguaje se vuelve hiperbólico, la argumentación se vuelve circular, el líder se vuelve inevitable. Y en esa inevitabilidad hay algo profundamente antidemocrático, porque la democracia se sostiene precisamente en lo contrario: en la posibilidad normal de que el poder sea reemplazado sin que el mundo se acabe.

Ese sector mediático, además, no opera solo con discursos; opera con incentivos. Accesos privilegiados, filtraciones selectivas, construcción de reputaciones, silencios coordinados y una atmósfera donde el que pregunta “demasiado” es señalado como enemigo. Cuando esa lógica se combina con mecanismos estatales de comunicación, publicidad institucional o control de medios públicos —y con la dependencia económica de quienes editorializan desde la obediencia— la frontera entre información y propaganda se hace más porosa. Entonces el Estado dual adopta una tercera pierna: junto al carril normativo de las instituciones y el carril prerrogativo de las decisiones oportunistas, aparece el carril narrativo que normaliza la excepción y deslegitima el control y al contrario.

En el Egipto antiguo, el poder no terminaba con la muerte del faraón: se organizaba un tránsito donde la corte buscaba asegurarse su lugar en la eternidad del régimen. Trasladado a la política contemporánea, esa camarilla mediática-cortesana actúa como si su destino dependiera de ser enterrada en la pirámide junto al líder. No lo hace solo por interés material, aunque a veces lo haya; lo hace por supervivencia simbólica. Su identidad pública está atada a la infalibilidad del poder al que sirve. Si el poder cae, no solo pierden influencia, pierden sentido. Por eso, la adulación se intensifica cuanto más frágil se vuelve el equilibrio político. Cuanto más se percibe la posibilidad de alternancia o desgaste, más se acelera el rito de la consagración.

La consecuencia de todo esto es que el Estado normativo sigue existiendo, pero se vuelve insuficiente para producir una realidad compartida. Y sin realidad compartida, la democracia se convierte en puro procedimiento sin cultura cívica: cada uno vive en su país imaginario, con sus héroes y villanos, con sus causas sagradas y sus enemigos absolutos. Ese es el triunfo silencioso del Estado prerrogativo: no necesita prohibir, le basta con dividir. No necesita censurar, le basta con saturar. No necesita abolir instituciones, le basta con convertirlas en escenarios de una guerra permanente donde el ciudadano ya no espera justicia ni verdad, solo victoria.

La salida no pasa por moralinas ni por nostalgia, sino por renormatizar la vida pública. Renormatizar significa devolver prestigio al procedimiento, transparencia a los incentivos y dignidad al desacuerdo. Significa reducir la tentación de gobernar por excepción como hábito, blindar contrapesos con reglas estables, reforzar la independencia de instituciones que no deberían ser extensiones del Ejecutivo ni del partido y exigir a los medios, también a los afines, un mínimo de apego a la realidad más allá del elogio tribal. La democracia no muere solo por golpes, también se desgasta por atajos. Y cuando el atajo se celebra, cuando se erotiza la obediencia y se ridiculiza el control, entonces la pirámide ya está en construcción: no para el faraón, sino para una cultura política que quiere vivir eternamente sin rendir cuentas.