Estoy casi de acuerdo con el president inhabilitado en el ejercicio del cargo, Quim Torra, que “la autonomía es un obstáculo para la independencia”. Veamos.

La proposición de Torra es casi una tautología, una verdad-verdadera por ella misma en cualquier supuesto lógico; en retórica, una reiteración. O, si lo prefieren, una perogrullada: el último president efectivo conocido no habría hecho más que descubrir el Mediterráneo con su ocurrencia.

Tomando como base del modelo Catalunya, lo que dice Torra es verdadero per se si consideramos que la autonomía fue la fórmula con que los poderes del Estado español posfranquista a) quisieron “encajar” en el nuevo orden “democrático” eso que se llamaba el nacionalismo moderado o “catalanismo”; para entendernos, lo que representaban Pujol, Reventós o el Guti y b) y, como consecuencia, frenar toda veleidad independentista o similar que pudiera aparecer en el futuro ante un eventual cierre de un  modelo de redistribución territorial del poder inicialmente abierto. Ese fue el “pacto” de la Transición, más o menos impuesto desde allí y más o menos aceptado desde aquí, que se cargó la sentencia del Estatut del 2010.

La autonomía será un obstáculo para la independencia siempre que los que se han beneficiado de ella y los que pretenden seguir beneficiándose puedan hacerlo

Pero he escrito que “casi” estoy de acuerdo con Torra. La autonomía, efectivamente, será un obstáculo para la independencia siempre que los que se han beneficiado de ella durante décadas y los que pretenden seguir beneficiándose -se declaren independentistas, autonomistas, federalistas, catalanistas, españolistas o lo que les parezca- puedan hacerlo. Me atrevo a decir que, en parte, Torra se refería a esos sectores no solo políticos, económicos y mediáticos -que también- sinó técnicos (léase funcionariales y asimilados) que, con toda legitimidad, desde luego, viven gracias a la autonomía. Son los que, para entendernos, dejarían de cobrar su sueldo público durante unos meses si se hiciera efectiva una independencia no pactada con el Estado español. O bien, aquellos que, además de llenarse la boca con la independencia, e incluso declararla, deberían asumir los costes de “implementarla”. Ergo es el peso de la inercia funcionarial, tecnocrática, y algunos otros factores más, desde luego, lo que -como bien sabían los que en la transición idearon el invento autonómico- frena la independencia. 

Rajoy se cargó la autonomía con el 155 para evitar la institucionalización de la independencia

Pero, insisto, he escrito que “casi” estoy de acuerdo con Torra. Porque la autonomía, debidamente gestionada, puede convertirse también en una pista de lanzamiento para la independencia. La prueba es que, y ahí la tesis de Torra se tambalea, Rajoy, con el beneplácito del hoy presidente Sánchez y el amortizado Albert Rivera, amén del Rey y el deep state, se cargó la autonomía con el 155 para evitar la institucionalización de la independencia, la independencia si no de iure, de facto, en tanto que sostenida por una autoridad legítima (autonómica). Por eso lo de la D.U.I no fue un golpe de Estado, como pretende el españolismo, sino, a lo sumo, un conflicto -grave, muy grave desde luego- entre partes de un Estado "compuesto". España debería haber aprovechado la crisis del procés para hacerse un reset de (re)legitimación democrática -aceptando un referéndum a la escocesa- y no lo contrario, la (des)legitimación total para una amplísima mayoría de la ciudadanía catalana. Ese reinicio debería haver sido la clave de respuesta y no la policial-judicial (represiva) al "desafío" catalán si España fuese un Estado serio. Incluso “federalmente” serio.

Mientras tanto, la penosa chapuza jurídico-política -además de represiva- que ha tenido su último episodio en la expulsión de Torra de la presidencia de la Generalitat por parte del Tribunal Supremo, sigue forzando la ley hasta límites insospechados con resultados no menos inéditos. Resulta que ahora Catalunya es de facto independiente. No se rían. El momentum invocado por Torra era ahora. El Estado español, con la inhabilitación de Torra, ha dejado de tener máximo representante ordinario en Catalunya -de acuerdo con el Estatut vigente (artículo 67.1)-. Ahora mismo Catalunya tiene president inhabilitado, vicepresidente en funciones con funciones de presidente, president en el exilio y (ex) presidentes con oficina de expresidente o sin ella pero no tiene presidente.

El Estado español se ha cargado a su último virrey en Catalunya y (hasta la fecha) no lo ha relevado

El Estado español, extrañas paradojas de la historia, se ha cargado a su último virrey en Catalunya y (hasta la fecha) no lo ha relevado. Se supone que lo hará a partir de las próximas elecciones, las del 14 de febrero, si es que el candidato le conviene -me remito a los que no han pasado el corte:  Puigdemont, Sánchez y Turull, cuyas investiduras fueron bloqueadas por el deep state después del 21-D-. No hace falta que Torra, ni ningún independentista, se cargue el “obstáculo” que pueda representar la autonomía, ya se encarga el Estado español de hacerlo por ellos. Torra tiene “casi” razón: a menos autonomía, más independentistas (y al revés). Y quizás sin ninguna, todos. O casi.

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