La nueva ley de sucesiones aprobada por el Parlament es la cima de la lógica de la destrucción que los políticos procesistas han implementado en los últimos años para frenar a sus votantes. Como que España no podía parar la independencia, la han parado los partidos de la Generalitat haciendo de la política un oficio cada día más siniestro.
Después de engañar y de traicionar a los catalanes que los votaron, los políticos procesistas se disponen a rematar el trabajo hecho dejando a todo el país en la intemperie. Para destruir la memoria de una nación y su cohesión social, no hay nada como recoger los esfuerzos que los padres hacen por los hijos y entregarlos a una administración colonial y corrupta.
La nueva ley de sucesiones es una carga de profundidad contra la familia, la única institución que el pujolismo protegió seriamente de la propaganda progresista y del expolio de Madrid. A pesar de su afición al teatro, Pujol no jugaba nunca con la familia. Sabía que es el baluarte más sólido del país, quizás el único capaz de evitar que Catalunya se convierta en un suburbio.
Los políticos procesistas no hilan tan fino en sus afanes de mantener viva la comedia para complacer al Estado. Después de provocar miles de muertes alentando manifestaciones, cuando Italia ya estaba confinada, ahora quieren acabar de hipotecar el país poniendo impuestos al esfuerzo de los catalanes que trabajan para facilitar el futuro de sus descendientes.
La familia crea redes fuertes de solidaridad y de transmisión de la riqueza y el conocimiento, y ahora se trata de tener un país atomizado y caciquil, lleno de individuos indefensos, que repitan consignas como loros. Destruir la independencia personal de los catalanes es la única manera que los partidos de la Generalitat tienen de sobrevivir a su palabrería.
El otro día una amiga me decía lo que le sabe peor del drama que vivimos es que, encima, nadie hará pagar a los políticos su responsabilidad. “La gente no podría vengar a sus muertos ni que quisiera”, le dije pensando en el desierto que ha dejado el procesismo. Y ahora veo esta ley, aprobada en plena pandemia, cuando el número de defunciones es más alto que de costumbre.
Robar a los muertos es una cosa que solo se hace en los campos de batalla y en los campos de concentración —o en los naufragios, cuando la situación es desesperada—. Cada día será más fácil ver que la diferencia principal entre Quim Torra y cualquier líder unionista es que ellos no apuñalan por la espalda a sus votantes.
Si quisiera la extinción de Catalunya, quizás le vería la gracia al hecho de que un presidente que se dedicaba a rescatar figuras enterradas por el franquismo acabe firmando una ley como esta. Cuando digáis “España nos roba”, sobre todo pensad de incluir la Generalitat.