Hay una consolidada tradición del foro que convierte la proximidad de las fechas navideñas y la del mes de agosto en el periodo en el que mayor número de resoluciones —sentencias, autos, informes— se producen. Todo el que lo ha sufrido sabe que no miento. La aglomeración, que arrolla a los abogados y fastidia a los periodistas, que preferirían una dosificación más conveniente, tiene que ver con dos condicionantes perfectamente humanos, si bien uno es natural y el otro sobrevenido. El natural consiste en ese deseo generalizado de irse de vacaciones sin cosas pendientes, con los cajones en regla, sin problemas que te ronden la cabeza, y el aprendido viene de la constatación de que si sueltas una bomba y luego te vas de vacaciones, las molestias de opinión pública y publicada son menores o, al menos, puedes ignorarlas.

Así que estamos en periodo de bombas navideñas y la cosecha, este año, tampoco ha dejado que desear. La última fue la evacuación ayer del informe preceptivo de la Fiscalía para el expediente de indulto de los políticos catalanes condenados. Firmado va, evidentemente, por los “cuatro jinetes” que ya se encargaron del juicio y que no se han movido ni un ápice de sus posiciones. De facto, a pesar de que hablan en sus escritos de la falta de asunción por parte de los condenados de sus delitos, los que parece que no han rumiado ni aceptado su derrota en el juicio han sido ellos, que siguen hablando de graves ataques al orden constitucional, como si su propuesta de rebelión no hubiera sido tumbada por el tribunal que optó por delitos contra el orden público. Ellos a lo suyo. Lo cierto es que más allá de su negativa, que es tan previsible como la del tribunal, apuntan en sus informes a un par de cuestiones que en mi modesta opinión abren nuevas vías del frente togado para continuar la batalla, incluso una vez que el Gobierno haya optado por concederlos. Vayamos por partes. Lo del informe negativo es tan lógico como que no hay fiscal ni tribunal que esté por la labor de que le borren lo hecho, aunque no sea más que por una cuestión de preeminencia de poder. Sólo en contadísimas ocasiones se informa a favor, ya saben el ejemplo, el exdrogadicto condenado por delitos años después de haberse desintoxicado y rehabilitado. Eso no quiere decir que los indultos sean pocos ni que no los hayan practicado todos los gobiernos con la oposición de los tribunales: desde golpistas a corruptos pasando por el terrorismo de Estado y los torturadores. Los gobiernos de todo signo no tuvieron problema, ya que el informe favorable es muy difícil de ver. Menos aún en este caso en el que el Tribunal Supremo se ha constituido en un bastión contra la ruptura de España, que va más allá de su fría función, y tras el que late una pugna de poder para dejar claro que han sido las togas las que han salvado a la patria.

Los fiscales no sólo se oponen al indulto, sino que avisan de turbulencias tras la concesión que podrían volver a llevar el indulto al ámbito de las togas

Los fiscales ya han dejado abiertas, como quien no quiere la cosa, dos escabrosas vías, por si tras el indulto alguien cree que hay que transitarlas para lograr que el asunto vuelva a quedar en manos de las togas para desdecir al Gobierno. El primero reside en el tiempo dedicado a explicar que los indultos generales están prohibidos y a insinuar que el solicitado se hace con los mismos argumentos para todos: “Bajo la cobertura del indulto particular, las razones que se argumentan para su concesión —para todos los condenados en la sentencia— nada tienen que ver con condiciones personales y particulares, ya que se fundamentan todas sin excepción en la necesidad de restaurar la convivencia”. Y ahí ya pone deberes a los que vayan a argumentar la concesión de los indultos, porque, en caso de que quede el mínimo resquicio, seguro que habrá fiesta.

La segunda puerta es aún más extraña y rocambolesca. Apuntan a la posible aplicación del artículo 102 de la Constitución, totalmente dedicado a la responsabilidad criminal del Gobierno de España, por afinidad. Sí, una cosa tremenda, pero lo hacen para aferrarse a que este artículo prohíbe taxativamente el indulto a los miembros del Gobierno de España si cometen delitos de traición, contra la seguridad del Estado y otros. No me cabe duda de que esta perla se ha dejado ahí por si, llegado el caso, una vez concedidos los indultos, alguien la recoge. En resumen, que no sólo se oponen sino que avisan de turbulencias tras la concesión que podrían volver a llevar el indulto al ámbito de las togas. El rayo que no cesa.

Mucho del papel soltado estas Navidades traía recados para los catalanes, el mismo auto que convierte a Estrasburgo en papel mojado en el caso Otegi, como ya les conté en "Otegi, el juicio sin final", y que no deja de ser otro mensaje sobre lo que puede suceder con los recursos que el TEDH podría fallar contra España por este caso.

Ahora bien, por terminar, ha habido una jugada poco vista, también de último momento que a quien le ha hecho la Pascua ha sido al PP, así que tampoco está mal contarla. Había quedado vacante el juzgado central 5, en el que están los papeles de Bárcenas, ya que su titular fue nombrado para Eurojust y la plaza salió a concurso por escalafón. Las solicitudes fueron llegando al CGPJ y alguien debió de darse cuenta que la peticionaria más antigua era la juez Alaya, la sevillana de los ERE, y que eso podía apaciguar el caso abierto de cruzar las adjudicaciones de obra con las donaciones al PP. La sorpresa ha saltado cuando, cerrado el plazo, se ha descubierto que el juez Santiago Pedraz, que lleva media vida en el juzgado central 1, había pedido el cambio al número 5 y que como él es un número 600 del escalafón, pues es él el nuevo instructor de los papeles de Bárcenas. Obviamente aquí ha habido una picardía que Alaya, más novata, no ha sabido prever, puesto que la petición de Santiago Pedraz se realizó, como los billetes de avión, last minute, de modo que no había forma de que nadie aún más antiguo fuera movilizado para pisar la plaza. Totalmente legal y de justicia poética. Es la tercera vez que intenta desembarcar, pero Alaya mostró, además de otras cosas, ser muy mala instructora en aquel caso y, según me cuentan, nadie en la Audiencia Nacional tenía muchas ganas de tenerla por allí.  Supongo que al contrario que Génova. Ahora lo volverá a intentar con el que ha dejado libre Pedraz y ya veremos si lo consigue.

Quedan aún horas antes de Nochebuena. Aún nos puede caer alguna pedrea en materia judicial. Esta es más segura que la de los bombos, siempre vuelve a casa por Navidad.