Entre los efectos colaterales más importantes de la crisis sanitaria actual figura una crisis económica sin precedentes en el último siglo. Atacar los efectos de la pandemia sobre la actividad de las empresas y sobre los ingresos familiares ha sido una prioridad en todos los estados desarrollados. Se está haciendo aplicando una terapia de caballo, dedicando unas cantidades ingentes de recursos públicos no sólo en países de economía social como los europeos, sino también en países de capitalismo más radical como los Estados Unidos.

En este contexto, la Unión Europea ha tomado dos grandes tipos de medidas individualmente para cada país y colectivamente para el grupo de los 27 para hacer frente a los estragos económicos de la pandemia: por una parte, relajar las normas relativas a los límites de deuda y de déficit público de los estados (porque todo eso se paga con deuda); de la otra, poniendo en marcha mecanismos para hacer frente de manera mancomunada a la crisis, como son unos fondos de recuperación de 750.000 millones de euros y unos presupuestos europeos excepcionales que suman 1,1 billones de euros hasta el año 2027. Para acabar de completar el panorama de un apoyo a la economía tan excepcional, el Banco Central Europeo hará funcionar la maquinilla de fabricar billetes por valor de 500.000 millones, con la finalidad de comprar deuda y prestar a los bancos y facilitar el acceso al crédito por parte de familias y de empresas.

Ha sido una novedad el hecho de que el acceso a los fondos de recuperación y la aplicación de los presupuestos comunitarios estuvieran condicionados a la no violación del estado de derecho. Hungría y Polonia, dos miembros de la UE que están bajo sospecha en este ámbito, pusieron el grito en el cielo y amenazaron con vetar la macrointervención económica. Después de intensas negociaciones, y con la necesidad de dinero que tenían los dos países de procedimientos democráticos dudosos, se llegó a un acuerdo según el cual se mantiene la condicionalidad de los fondos europeos, aunque antes de aplicarla se esperará saber qué dice el Tribunal de Justicia de la UE, lo cual no pasará antes de un año. Mientras tanto, los fondos harán su camino sin obstáculos en los países políticamente más díscolos.

Hablando de democracias y de estado de derecho, uno se pregunta si España no tendría que figurar entre los estados de derecho cuestionados, junto con Polonia y Hungría. Pienso en el tratamiento que está recibiendo el problema político catalán, pero habría más ejemplos. Nuestro caso se caracteriza por la renuncia que en su día hizo la política a resolver un problema de naturaleza política, para pasarlo a la guerra sucia del Estado y, desde aquí a un conjunto de ultranacionalistas que conforman la cúpula judicial española. En sus manos hemos visto, y estamos viendo todavía, la dimensión más descarnada de la tergiversación del problema político (¿dónde está la violencia?), la persecución de las ideas (¿está prohibido querer la independencia?) y la práctica de la venganza irreparable y a cuenta de presos y procesados, mientras se espera que algún día la justicia europea haga eso, justicia.

Hablando de democracias y de estado de derecho, uno se pregunta si España no tendría que figurar entre los estados de derecho cuestionados, junto con Polonia y Hungría

Alguien dirá que precisamente el estado de derecho consiste en que la justicia diga la suya. Es cierto. Tan cierto como, previamente, 1) la justicia tiene que ser imparcial, y la española no lo es; 2) la cúpula judicial no tiene que estar ideologizada, y la española lo está hasta extremos impropios, y lo aplica; y 3) la política no se tiene que sentir cómoda en el hecho de que la justicia reparta estopa (¿cómo se entiende, sino, que no se modifiquen unas leyes que permiten que los jueces las estiren a conveniencia en un delito impropio de un estado de derecho como la sedición?).

Alguien dirá que en España hay separación de poderes. Aparentemente es así, pero en la práctica cotidiana del ejemplo catalán, no hay "separación" sino que "suplantación" de poderes (la justicia en manos de radicales se dedica a hacer política) y la política renuncia a hacer el papel que le toca.

Eso, a criterio mío, no es propio de un estado de derecho, y por eso España tendría que estar bajo la lupa de la UE, como lo están Hungría y Polonia, con las ayudas condicionadas a poner un poco de orden a la política y a la justicia y a homologarse a las democracias avanzadas. Lo que no vaya por aquí refuerza la idea de que la UE es buen club económico pero que no es un buen club político. Sólo hay que recordar que el problema catalán tiene de base la lucha del estado contra una práctica tan democrática y propia de un estado de derecho como querer votar.

Modesto Guinjoan, economista.