De acuerdo con los últimos datos de la Universidad Johns Hopkins, una fuente de referencia internacional en seguimiento de la pandemia, seis países del mundo suman más de 70 muertes por Covid-19 por cada 100.000 habitantes. El primer lugar de todos lo ocupa España, con 90,5; lo siguen el Reino Unido (81), Brasil (80,2), Italia (79,2) los Estados Unidos (76,6) y Francia (70,5). El liderazgo mundial español en esta variable tiene también su translación en la economía.

España ha sufrido la peor caída del PIB de Europa en el segundo trimestre de este año y va en camino de tener también el peor registro para el conjunto del año, con una caída que los más optimistas sitúan en el 12 y el 13% y que, dependiendo de la desescalada de la segunda ola, no nos tendría que sorprender que subiera hasta el 15%. Ya se verá.

Una crisis sanitaria (y económica) como la que se está atravesando ha hecho saltar todas las señales de alarma sociales y políticas y ha hecho necesaria la intervención a gran escala de los estados por culpa de un simple virus, letal, pero un virus. Los estados han reaccionado de diferentes formas e intensidades para hacer más llevadera una situación con incidencias diferenciadas por colectivos del mundo del trabajo, de la empresa y de la población. En economías como la francesa, la alemana, la italiana o la norteamericana han actuado de manera generosa para parar el golpe; el Estado español, con un nivel de deuda pública alta pero sobre todo con la gran desventaja de depender mucho de la especialización en sectores vulnerables como el turismo, lo que está haciendo es tapar vías de agua, poca cosa más.

España ha sufrido la peor caída del PIB de Europa en el segundo trimestre de este año y va en camino de tener también el peor registro para el conjunto del año

Como la crisis no afecta de manera igual a todo el mundo se plantea el problema de cómo repartir los costes, teniendo en cuenta también aquellos pocos sectores que puedan haber salido beneficiados. Es cierto que la UE echará una mano con la aportación de fondos mutualizados, si es que la cosa no se encalla por motivos políticos aducidos por democracias de dudosa calidad como Hungría o Polonia.

En Catalunya, la emergencia sanitaria se ha abordado con una decidida actuación de reforzamiento de los recursos humanos y materiales, y del gasto consiguiente, hasta donde haga falta. Es lo que se esperaba. Con respecto a los sacrificios derivados de los efectos sobre la economía de las familias, las empresas y el trabajo, quien más quien menos, como mínimo en el sector privado, se ha tenido que apretar algunos puntos el cinturón, a pesar de las medidas atenuantes como los ERTE, los avales crediticios a empresas, los aplazamientos impositivos, las ayudas a autónomos, el apoyo adicional a la población más vulnerable. Y es que esta crisis está exigiéndonos muchos sacrificios.

En este contexto resultan un poco chocantes algunas actuaciones de las administraciones, tanto la catalana como la española. De la primera, que globalmente está gestionando bien la crisis sanitaria, choca que sin competencias fiscales relevantes y con telarañas en la caja fuerte, se empeñe en hacer actuaciones del tipo quedar bien con el autónomos (dar 20 millones de euros para ayudar a menos del 2% de los autónomos corre el riesgo de dejar al 98% restante descontento), renunciar al aumento de la tasa turística (menores ingresos de la Generalitat procedentes de un tipo de gasto que no es de primera necesidad) o renunciar a aplicar el impuesto a las emisiones del CO2 (justamente cuando los fondos europeos van destinados en una parte importante a la transición energética). En vez de exigir que el Estado asuma el coste de la crisis sobre el sistema productivo, o bien que transfiera el dinero y las competencias, que ya nos arreglaremos nosotros solos.

Por parte del Estado, con sus niveles de deuda y de déficit público recurrente, lo que más choca son dos cosas:

  • La estrategia de chutar la pelota hacia adelante (el ejemplo más claro lo tenemos con los avales crediticios y con el coste que eso significará por el erario público dentro de unos años, cuando vayan venciendo los préstamos); en esta misma línea, el gran aumento de la deuda pública no deja de ser un legado envenenado para las generaciones más jóvenes.
  • La decisión de proponer que haya colectivos que no hace falta que se estrechen el cinturón. De cara al 2021 específicamente se puede citar el aumento de las pensiones que se prevé en los presupuestos, cuando el sistema está en bancarrota, o el aumento de sueldo de los empleados públicos (incluidos los de la Generalitat).

Realmente, vista la gravedad de la crisis y la precaria situación económica del Estado y de la Generalitat, ¿no haría falta más solidaridad con el resto de población? ¿O es que todo tiene que recaer sobre el sector privado?

Modest Guinjoan, economista.

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