El pasado domingo, Emmanuel Grégoire, candidato socialista a la alcaldía de París, hizo su paseo triunfal en bicicleta por las calles del centro de la capital hasta llegar al Hôtel de Ville. Algunos partidarios lo escoltaban y otros lo aclamaban mientras atravesaba una ciudad flanqueada por innumerables tiendas de campaña donde los sintecho se refugiaban del frío. Después de 25 años con alcaldes de izquierdas, los socialistas se sienten orgullosos de haber implantado el uso de la bicicleta como medio de transporte, pero, según el último recuento, cada noche duermen en la calle 3.507 personas y hay quienes duermen durante el día —y si no duermen, peor— mientras turistas y parisienses pasean con absoluta indiferencia. París sigue siendo la gran y exultante ciudad europea. Sin embargo, la grandeur ya no es lo que era y el socialismo, tampoco.

Los datos son más alarmantes en Bruselas y en Berlín, quizá también porque han hecho un recuento más preciso. En el conjunto de Europa se calcula que 900.000 personas no tienen techo donde vivir. En Barcelona, la situación no es precisamente la mejor. La Fundación Arrels contó no hace mucho 1.982 personas durmiendo en la calle, con un trabajo de campo limitado al término municipal de la capital catalana y sin contar a quienes habitan en edificios abandonados o asentamientos improvisados ni a quienes duermen en albergues o centros de acogida. Estas cifras aumentan cada día porque el flujo de gente nueva que llega no se detiene y porque las instituciones democráticas no se ven capaces de encajar a los recién llegados y, en muchos casos, tienen otras prioridades.

El miércoles hubo una considerable movilización de personas contra el desahucio de un profesor que vive en un piso del barrio de Gràcia, cerca de los Jardinets. Unos inversores han comprado el edificio y se niegan a renovar los contratos de alquiler porque quieren alquilar habitaciones. La protesta contó con el apoyo del Sindicato de Inquilinas e incluso del propio Ayuntamiento. Unas horas antes, en un barrio no tan céntrico, La Sagrera, Mossos, Guàrdia Urbana y brigadas municipales ejecutaban la orden municipal de desalojar y derribar un núcleo de barracas donde malvivían 126 personas. Había que hacerlo porque, según los bomberos, existía riesgo inminente, pero la alternativa fue que la mayor parte de los desalojados tuvo que dormir al raso. Aquí no hubo tanta movilización solidaria.

Sumar no ha conseguido gran cosa que le identifique en toda la legislatura y necesita reivindicarse. Sabe que prolongar por decreto los contratos de alquiler no prosperará en el Congreso ni en los tribunales. Su objetivo no es aprobar el decreto sino fingir que defiende a los inquilinos con propuestas que, como ha ocurrido en Barcelona, acaban resultando contraproducentes

Entre los afectados por el problema de la vivienda también hay clases. La gentrificación es un fenómeno que afecta generalmente a gente de clase media que aspira a vivir en el barrio del que es autóctona pero se ve obligada a emigrar y buscar viviendas más baratas de compra o de alquiler en otros barrios o en otros municipios. Los jóvenes lo tienen más difícil para emanciparse y, si lo hacen, no tienen más remedio que compartir piso, lo cual es muy divertido solo hasta los 30. A pesar de las banderas ideológicas y de los discursos publicitarios, las políticas públicas practicadas por quienes han gobernado Catalunya y especialmente Barcelona en la última década han hecho caer en picado las ofertas de alquiler y han disparado los precios, no han promovido vivienda social y han provocado una caída de la inversión en la construcción de pisos que, en consecuencia, ha reducido la oferta y ha incrementado los precios de compra.

Para justificar el fracaso, el discurso ideológico se centra ahora en presentar a los constructores y a los propietarios como los enemigos del pueblo, recuperando la vieja consigna proudhoniana que decía “la propiedad es un robo”. Sin embargo, sin constructores no se harán viviendas y sin arrendadores no habrá inquilinos.

El acceso a una vivienda digna es un derecho constitucional cuyo ejercicio corresponde garantizar a los poderes públicos y la única manera de hacerlo es construir pisos de precio asequible y propiciar alquileres a precios razonables. Y eso solo puede conseguirse a medio y largo plazo volcando recursos, muchos recursos, tantos recursos como los que no se invirtieron cuando tocaba. Y eso obliga a restringir otros gastos de contenido más ideológico o publicitario. Muchos pisos públicos se podrían haber construido con los cientos de millones que ha costado implantar el tranvía cuando los autobuses ya son eléctricos. Tal vez era más urgente construir vivienda que perpetrar el desastre de la Meridiana para que circulen las bicicletas y los coches parados contaminen más que nunca...

Rufián ha procurado convencer a Junts de que no apruebe el decreto con aquella bravuconada del ostracismo. Necesita el voto en contra de Junts para poder lucir su hipérbole, la propia de los conversos, porque como han hecho todos los que buscan empleo en Madrid, no tiene suficiente con hacerse perdonar el origen y evitar la lengua, tiene que demostrar beligerancia

Los poderes públicos pueden propiciar alquileres a precios asequibles poniéndose de acuerdo con los pequeños propietarios, a menudo más preocupados por la seguridad frente al inquilino que por si la renta sube poco o mucho. Para que haya pisos nuevos, primero tiene que haber espacio y después alguien tiene que construirlos. Puede y debe promoverlo la administración, puede gestionarlo una empresa pública, pero al final la ejecución corresponde a un constructor como los que, sin ir más lejos, hacen las obras de la Meridiana que se podrían haber ahorrado.

Los discursos encendidos tienen mucha épica, pero no resuelven gran cosa y, hay que decirlo, además suelen tener un componente deshonesto. Un ejemplo paradigmático es esta iniciativa con la que Sumar plantea prolongar por decreto los contratos de alquiler que terminen antes de final de año con un aumento máximo del 2 %. Digo que es deshonesta porque saben que no prosperará. Saben que no será validada por el Congreso y, si lo fuera, la tumbarán los tribunales. Pedro Sánchez ya se ha desmarcado. Se ha limitado a dejar hacer, especialista como es en acordar con otros cosas que no dependen de él para que se cumplan.

Sumar no ha conseguido gran cosa que lo identifique en toda la legislatura y necesita reivindicarse porque las elecciones se acercan. El objetivo no es tanto aprobar el decreto, sino erigirse como los únicos defensores de los intereses de los inquilinos, una clientela potencial bastante numerosa y concienciada. En el mejor de los casos, resultará que los grandes tenedores no tendrán problema en conseguir los recursos que hagan falta, y serán los pequeños, los que han puesto un piso en alquiler para completar la pensión, quienes no tendrán esa capacidad, a quienes les amargarán la vida y acabarán, una vez más, tirando la toalla. A diferencia de Marx, Proudhon defendía la propiedad privada, si era pequeña.

En todo caso, el diputado Rufián ya ha procurado convencer a Junts de que no apruebe el decreto con aquella bravuconada del ostracismo. Necesita el voto en contra de Junts para poder lucir su hipérbole, la propia de los conversos, porque como han hecho todos los que buscan empleo en Madrid, no tiene suficiente con hacerse perdonar el origen y evitar la lengua: ha de demostrar beligerancia con su pasado.

Decía antes que entre los afectados por el problema de la vivienda también hay clases. Efectivamente, si no con hechos, al menos con palabras, a Sumar, a Rufián, al Sindicato de Inquilinas e incluso al alcalde Collboni les preocupa el problema que tiene un tal Txema, residente en Gràcia, con un fondo de inversión que lo quiere expulsar. También se preocuparon por otro profesor, Josep Torrent. El Ajuntament compró todo el edificio para evitar su desahucio, edificio donde, por cierto, sigue habiendo diez pisos vacíos. Seguramente no los utilizarán para acoger a algunas de las 126 personas que fueron desalojadas del campamento de La Sagrera. Para esos no hay política de vivienda. Para ellos, esta misma semana el Parlamento Europeo ha aprobado el reglamento que permitirá subcontratar a terceros países para que se los queden. Bueno, sí, los partidos llamados de izquierdas votaron en contra. Y mañana será otro día.