“Debería” fue la palabra que más pronunció la magistrada Paz Filgueira, titular del Juzgado de Violencia sobre la Mujer de Vigo, en la charla que impartió hace pocos días en mi ciudad y a la que tuve el placer de asistir. Debería apartarse a los niños de su progenitor (que no padre) maltratador, debería haber una sala habilitada para que los niños y las madres no se crucen con el criminal, deberían existir suficientes juzgados especializados en violencia de género, debería haber siempre psicólogos disponibles para los menores. Debería ser escuchada siempre la versión de los pequeños, incluso si tienen menos de 12 años; deberíamos preguntarles con quién quieren vivir, y tenerlo en cuenta; deberían hacerles caso si dicen que no quieren ver a su padre. Debería haber más puntos de encuentro y deberían estar dotados de personal especializado. Deberían destinarse muchos más recursos a protegerlos y debería hacerse antes de que fuese tarde. Debería ser obligatoria la formación en género para jueces y fiscales que lleven estos casos, y debería ser presencial y continuada y no a través de un curso en línea de un mes de duración.  Debería haber muchos más efectivos policiales destinados a la protección de las víctimas de la violencia machista, y debería haber un cuerpo especializado y exclusivo de violencia de género en la Guardia Civil. Deberíamos tener unas fuerzas y cuerpos de seguridad que denunciasen de oficio los casos de malos tratos, mucho más de lo que lo hacen. Debería primar el derecho a la integridad física y emocional del niño (y por supuesto, de su madre) sobre ese otro extraño y divino derecho llamado amor paternal. 

En los últimos meses hemos asistido a varios casos espeluznantes. En febrero, un hombre de 27 años se tiró con su bebé recién nacida desde la segunda planta del Hospital Infantil La Paz. Tenía antecedentes de malos tratos con una pareja anterior.  En mayo de este año, un hombre mataba a su hijo de 11 años en A Coruña. Tenía dos denuncias por malos tratos de su exmujer, madre del pequeño. Una de ellas, condenatoria por un delito de coacciones; la otra, sobreseída por falta de pruebas, a pesar de las amenazas recibidas por la mujer a través de las redes sociales. No había ninguna orden de alejamiento en vigor y el amantísimo padre disfrutaba la mar de bien del régimen de visitas. El 1 de junio un bebé de ocho meses fue asesinado én Cádiz por su padre, que dejó malherida a la madre del mismo, que también estaba embarazada. Fue el sexto niño asesinado por su padre o la pareja de su madre este año. Solo entre 2004 y 2014, 44 menores fueron asesinados por los maltratadores de sus madres. En más de la mitad de los casos el verdugo fue su propio padre, que aprovechó el régimen de visitas para matar a sus hijos.

Aunque a los representantes políticos se les llene la boca hablando de la modificación de 2015 sobre la Ley Integral de Medidas Contra la Violencia de Género y sobre la nueva Ley de la Infancia, en la que se reconocen por primera vez a los niños como víctimas de la violencia machista, sigue sin retirarse masivamente la guarda y custodia y la potestad a los padres maltratadores. La justicia debe seguir pensando, en el fondo, que las mujeres mienten. 

Cómo explicar, si no, lo que ocurrió en mayo de este año en Granada, cuando una mujer denunció que su expareja, sobre la que ya pesaba una orden de alejamiento por un delito de malos tratos, le había cortado la circulación con su coche para gritarle desde la ventanilla: “Puta, dame a la niña. Os tengo que matar a ti y a la niña”. Cuatro testigos presenciales apoyaron esta versión. El juez Miguel Ángel Torres sentenció que aquello no era suficiente delito para apartar al agresor de su hija. En su sentencia, el magistrado le echaba un capote al agresor y justificaba así las amenazas de muerte: “El acusado lo que pretendía era que le diera la niña para lo que no dudó incluso en recurrir a la amenaza”. “En nada va a beneficiar a la menor ni a las relaciones entre las partes prohibir al acusado acercase a su hija”.

Con una justicia así y con un presidente del Gobierno que anima a la llamada al 016 como solución total al feminicidio bestial que sufre España, cada vez más víctimas se muestran insumisas para proteger su propia vida y la de sus hijos. Es el caso de Ana Sarmentero, mujer maltratada, que se negó a llevar a su hija de 12 años al punto de encuentro por el “pánico” que le provocaba ver a su padre. Mientras el terror aumenta (2017 ha tenido el peor primer trimestre de violencia machista en la última década), aumentan también los archivos y sobreseimientos de las denuncias por malos tratos, gracias a jueces que desconfían sistemáticamente de las víctimas y que achacan sus resoluciones a la falta de pruebas y a las versiones contradictorias de la mujer maltratada, a pesar de tratarse de un delito cometido en el ámbito íntimo, casi siempre sin testigos, y en donde las unen lazos emocionales y de dependencia con su verdugo.

Mientras, miles de niños víctimas del terror machista están condenados a perpetuar la violencia de género. La mitad de las mujeres maltratadas de España tienen hijos. Casi el 11% de los niños españoles viven en entornos de violencia machista. Según la fundación IRES, la mitad de los niños varones que viven con progenitores violentos reproducirán esa violencia. Las niñas, en cambio, adoptarán actitudes de sumisión y obediencia. Tendrán más posibilidades de ser mujeres maltratadas.

Desde 2008, el presupuesto destinado a la prevención de la violencia machista se recortó hasta la mitad con respecto a aquel año, y solo este año el Gobierno va a aumentar ridículamente la partida por las presiones de la oposición. Una justicia lenta y sin recursos no es justicia. Una justicia machista es una justicia asesina.

Diana López
Opinión La monja malvada Diana López