Así es el diálogo que propone la Moncloa. Un diálogo entre el Gobierno y el Govern que no hable de nada esencial para dar salida al conflicto político, como tal reconocido por el PSOE. En las anteriores sesiones de la mesa de diálogo y, por lo visto, en la próxima, se vuelve siempre a la casilla de salida: desjudicializar la política. Pero desjudicializar la política supone derogar o reformar leyes injustas que carecen de homologación con Europa, tal como demuestran las derrotas judiciales a todos los niveles, incluida la última en el TJUE que parece una victoria española, pero no lo es ni de lejos.

Dos, según mi opinión, son los frentes judiciales abiertos que, en algunas de sus manifestaciones no requieren ni siquiera de reforma legal inmediata. En primer término, tenemos lo que podemos definir como el catalán. Toda la problemática radica en una ley aprobada por unanimidad por el Parlament de Catalunya en 1983 y nunca impugnada ni derogada. Ley y sistema subsiguiente han sido felicitados y señalados como modelo a seguir por el Consejo de Europa en las naciones plurilingües. En este terreno, lo que tendría que hacer el Gobierno es, utilizando los tres instrumentos institucionales de los cuales dispone, no poner palos en las ruedas, no perseguir los que ellos creen infractores y mostrarse activamente cooperativo con el Govern, a fin de perseverar en los excelentes resultados en la docencia y el aprendizaje tanto del catalán como del castellano en el sistema escolar del Principat. Así, el primer instrumento, la Alta Inspección, no tiene que ser un instrumento ni de represión ni de control, sino de fomento, como dice la constitución, de un patrimonio cultural como es el catalán, más allá de tenerlo como un residuo folclórico.

Los otros dos instrumentos de los cuales dispone el Gobierno para llevar adelante una cooperación leal con la potenciación del catalán, que nunca va en detrimento del castellano, son la Fiscalía y la Abogacía del Estado. La represión tanto puede ser penal como administrativa. Hacer cumplir la ley del catalán ni es ni puede ser delito ni infracción, por una parte; ni hay un derecho a un tanto por cien de clases en castellano, llamémoslo curricular, vehicular o como queramos. Por otra, el derecho a la enseñanza es de los alumnos y lo que hace falta es garantizarlo. La experiencia empírica demuestra que queda garantizado de todas todas, seguramente más en favor, del castellano, el dominio de ambas lenguas. Primera conclusión: no emprender más acciones represivas contra el catalán, retirar las que estén en marcha y no dar apoyo a aquellos padres que, de forma contraria a derecho, se sirven de sus hijos como arietes para sus propios objetivos políticos.

En democracia, la fuerza tiene que quedar desplazada, incluso, como último recurso. En democracia solo valen el diálogo y la deliberación. Sabiendo que cuando se entra a dialogar, se ha ganado la estabilidad a cambio de cesiones que, pasado un tiempo, se verán como un gran acierto.

El otro frente en el cual hace falta —hace falta desde hace tiempo— es el de la represión penal. A su vez, nos encontramos con dos órdenes de cuestiones. Por una parte, la de los procesos en marcha y de otra las reformas legales necesarias tanto para evitar nuevas oleadas de represión por actos de protesta política no violenta como por la necesaria homologación con la legislación y la jurisprudencia europeas, tal como apuntan ya algunos votos particulares del mismo TC español.

De la primera sección de temas, la vigencia de los procesos penales represivos, hace falta poco más que seguir el dictamen de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, a lo que el Gobierno no ha respondido más allá de intrigas y malas artes en Estrasburgo. Lisa y llanamente: cerrarlos, euroórdenes incluidas. La Moncloa tiene en sus manos la clave: el Ministerio fiscal. Si la Fiscalía retira las acusaciones, en virtud del principio acusatorio —que es una pieza constitucional esencial en el Estado democrático de Derecho—, el juez tiene que archivar la causa. Si queda la acusación popular, hay mecanismos técnicos para reducirla, dada la ruindad de sus propósitos. La cooperación de la Fiscalía, incentivada desde el Gobierno, resultaría muy adecuada.

El segundo orden de cuestiones hace referencia a reformas penales. Desde la rebelión y la sedición —como ya sabemos sin parangón en Europa— pasando por los desórdenes públicos y delitos contra la Administración, como la prevaricación y la desobediencia, sin dejar de mencionar la malversación, son chillonas las reformas y derogaciones palmarias. Soluciones técnicas hay.

Se oponen dos obstáculos. La falta de mayoría para reformar la sedición —y otras figuras— por ausencia de mayoría parlamentaria, aludida por el ministro Bolaños, se diría lejos de la verdad. La mayoría de la investidura parece plenamente dispuesta a dar apoyo con sus votos a estas reformas. El segundo obstáculo, tácito, es el obstáculo de fondo, es el obstáculo: las reformas penales, si son sin reservas, se acercarían mucho a una amnistía. Este es el obstáculo que todo lo para.

¿Por qué? Pues, como dicen las derechas extremas, las extremas derechas y sus insobornables canales de intoxicación política, no estarían conformes. Ahora y aquí la política democrática y de Estado es hacer, precisamente, lo que la derecha no quiere. Y si les molesta, cuando vuelvan al poder, que lo rehagan. Pero el miedo a su griterío, a sus mentiras y a sus chantajes no es excusa para no llevar a cabo una determinada política. La oposición de derechas y sus canales dicen que solucionar el tema catalán es dar la razón a los catalanes o, cuando menos, darles lo que quieren. Pues bien, si hay un problema político de fondo en Catalunya, o se reconstruyen las bases de la relación o el problema perdurará y ya a medio término supondrá un lastre para la propia España.

En el fondo se trata de una cuestión. Así, desde hace siglos se impone, si hace falta, por la fuerza. Y en democracia, la fuerza tiene que quedar desplazada, incluso, como último recurso. En democracia solo valen el diálogo y la deliberación. Sabiendo, es importante recordarlo, que cuando se entra a dialogar, se ha ganado la estabilidad a cambio de cesiones que, pasado un tiempo, se verán como un gran acierto.

En caso contrario, el diálogo es desganado, sin interés y entregado desde el principio al fracaso.