El pasado día 9 de marzo fue un día bastante completo, educativo, para este cronista. Aprendí un montón de cosas inesperadas. Hacía un sol feliz que ya anunciaba la primavera. Era el gran día en que su señoría Don Antonio Baños López, el juez de Cornellà que me acusaba de un supuesto delito de odio, me había ordenado que me presentara ante él para interrogarme. Como es fácil de imaginar yo no tenía nada más que hacer ese día y me presenté temprano y agradecido de poder colaborar con la justicia española. Al llegar al juzgado, al otro lado del largo mostrador de divide los administradores de los administrados, no podía dejar de fijarme en la gran cantidad de papeles y más papeles acumulados en el ejercicio minucioso de la virtud social a través de la ley y el orden. Como en las pescaderías de antañazo que metían las sardinas en un cucurucho de papel, cabía la posibilidad de que allí mismo me empapelaran por un absurdo, inexistente, delito de odio que podía costarme hasta tres años de prisión. Un castigo que alguien podría considerar proporcionado por haber escrito el artículo Cornellà no es como Catalunya. Según el señor juez “parecería ser su sentido el de atribuir a Inés Arrimadas y a la población de este partido judicial una conducta marcada por caracteres claramente reprobables y hasta delictivos, con la finalidad de estigmatizar y generar hacia los mismos un clima de odio y hostilidad evidentes”. No se puede negar que cada cual lee como quiere y como buenamente sabe los textos y las palabras. Y que la cultura y el sentido común ayudan lo suyo. Tampoco se puede negar que la protección del buen nombre de Inés Arrimadas, la hija del policía, puede ser considerado, para según quién, un valor socialmente superior a la pública controversia política o a la libre expresión de opiniones. Cada sociedad se fundamenta en unos determinados valores siempre en perjuicio de otros.
Perdido estaba yo en estos pensamientos cuando se nos indicó a mi abogado y a mí que pasáramos a un despacho y no en la sala de vistas. Allí mismo un señor calvo que se frotaba las manos se identificó como el juez instructor de mi caso. Tenía bastante prisa en decir lo que tenía que decir y se quedó de pie y, nosotros, sentados y expectantes. Como quien se quiere sacar un peso de encima, su señoría nos anunció veloz que había decidido archivar el caso y que aquí paz y allá gloria, que no era necesario que declarara y que el caso estaba cerrado. Añadió, de paso, que en Serbia había habido muchos muertos. Que hiciéramos el favor, eso sí de firmar un papelito, que se ve que es preceptivo, antes de irnos. Ya he dicho que, en los juzgados, papeles tienen muchos, hacen montones con ellos. Y que tan pronto te pueden sacar un papel que te lleve a presidio como sacarte otro que te permita ir a tomar el fresco. Ir a la cárcel es difícil pero sacarte un papel no cuesta mucho. Me sorprendió la facilidad y la rapidez con la que los pueden escribir, con la facilidad y rapidez con la que primero te dicen y luego se desdicen, así que me pareció entender mucho mejor, en carne propia, cómo fue que han acabado injustamente en la cárcel Oriol Junqueras, Joaquim Forn, Jordi Sánchez y Jordi Cuixart. Ni yo fomenté ningún clima de odio ni los presos políticos fueron responsables de violencia alguna. Lo que hay es una politización de la justicia, muy poco consistente desde el punto de vista del espíritu de las leyes vigentes. Tan poco consistente intelectualmente como bastante eficaz por la vía de los hechos consumados.
Por ejercer mi derecho a la libre opinión no sólo me quería encarcelar un juez, también colaboró, precipitadamente, frívolamente, el Ayuntamiento de Cornellà dirigido por Antonio Balmón. Supuestamente pretendía defender el buen nombre y el honor de la ciudad de Cornellà, pero, en realidad, lo que estaba haciendo era electoralismo con la mirada puesta en las próximas elecciones municipales. Ahora que el caso ha quedado archivado, ¿dónde ha quedado el buen nombre del Ayuntamiento de Cornellà tras haber participado en la persecución política del primer periodista de España acusado de odio? ¿Se siente orgulloso del linchamiento público al que se me sometió? ¿Dónde ha quedado el buen nombre de Cornellà en relación con la libertad de expresión y el derecho a la prensa libre? ¿De qué manera se explica que Antonio Balmón tomara partido por los ofendidos por mi artículo y menospreciara a los cornellanenses que estaban de acuerdo? No parece que ésta sea la misión de un municipio. He recibido durante estos días mensajes de todo tipo de vecinos de Cornellà que denuncian la gestión de Antonio Balmón y le recriminan que, efectivamente, no gobierna para todos los cornellanenses, en especial, no para aquellos que ven con preocupación la descatalanización del municipio. Vecinos castellanohablantes y catalanohablantes que no leyeron mi artículo como un ataque sino como una señal de alerta ante la demagogia españolista y frentista de Inés Arrimadas durante la pasada campaña electoral.
El pasado día 9 de marzo tuvo otras impresiones contundentes para este cronista. Como el debate en el que, por la noche, participé en directo en el programa de televisión Més 3/24 que conduce Xavier Graset. Graset aporta, desde hace años, grandes dosis de superficialidad y de frivolidad a cualquier tratamiento informativo, esto no es ninguna noticia. Pero cuando estamos hablando de persecución policial del independentismo, cuando estamos hablando de ataque a la libertad de prensa, cuando estamos hablando de que un periodista podría haber terminado tres años en prisión sin haber cometido delito, cualquier actitud de equidistancia y de relativismo no es admisible. Como no es admisible el relativismo ante la violencia machista. A mí me pareció insultante, teniendo en cuenta que es una televisión pública. Cuando el señor Graset quiso que dijera si mi artículo “frotaba” o no el delito de odio comprobé hasta qué niveles la televisión puede convertirse en un espectáculo sensacionalista. O cuando un participante en el debate, Alejandro López Fonta, sin haber leído el artículo, pretendió juzgarme en antena y en directo. Ya que el juzgado no me había conseguido declarar culpable, López Fonta, españolista servicial con la causa anticatalana, intentó juzgarme por su cuenta y riesgo, condenarme ante el público, tergiversando y descontextualizando algunas frases de mi artículo. Tras el archivo del caso ha quedado claro que mi artículo era y es una simple y legítima opinión periodística. El odio no está en lo que yo escribí sino en la lectura de los que lo quisieron interpretar desde esa perspectiva.