El ministro Pedro Solbes, un socialista de la época de Zapatero, tuvo la gentileza de mandar calcular en 2008 las balanzas fiscales de todas las comunidades autónomas españolas. Lo que salió fue que las estimaciones previas hechas por expertos desde Catalunya eran fundamentalmente correctas y demostraban que, dicho de manera simplificada, los Països Catalans eran la vaca que alimentaba al resto del Estado. De un ejercicio como aquel nunca más se ha hecho ninguno global, pero sí que lo ha seguido haciendo el Govern, aplicado lógicamente a Catalunya. Eso sí, con menor información por parte del Estado, que es tacaño a la hora de dar datos territorializados, seguramente para dificultar (y si es necesario desprestigiar) el ejercicio.

Sin embargo, hace unos días este diario y la mayoría de medios catalanes se hacían eco de la última estimación de la balanza fiscal de Catalunya con el sector público central. Los datos, elaborados por el Departament d'Economia i Hisenda y referidos a 2019, actualizan la última estimación efectuada, correspondiente a 2016. Un déficit de 20.196 millones de euros en el 2019 es una cantidad ingente de dinero. Es sencillo constatar que de lo que cada catalán pagó por término medio al Estado, este se quedó 2.600 €, un dinero con el que este catalán (joven, viejo, de mediana edad) habría podido disponer de mejores servicios públicos (transporte, educación, sanidad, asistencia social, promoción de la lengua...) y/o mejor nivel de renta personal (vía menores impuestos, por ejemplo). Con esta ratio, en una familia de dos personas estamos hablando de 5.200 €, en una de tres miembros de 7.800 €, en una de cuatro de 10.400 €, que son las magnitudes en que podrían mejorar en las familias la riqueza personal y los servicios públicos.

En 2016 el déficit se cuantificó en 17.049 millones, lo que equivalía al 8% del PIB; en 2019 la cifra que hemos indicado antes representa el 8,5%, por encima de la media del 8% desde que se hacen estimaciones (año 1986), con pocas desviaciones de año a año. Así, el del 2019 es un déficit recurrente y agravado. Ni siquiera la presidencia de la Generalitat en manos de un amigo del gobierno central (el incomparable Montilla, entre 2006 y 2010, cuando era presidente José Luis Rodríguez Zapatero) consiguió una mínima corrección del problema. La cuestión es estructural y podría estar empeorando a remolque de la animosidad imperante en España (en particular por parte del deep state, que es quien manda) contra los catalanes desde el procés independentista.

¿Cómo hacer frente a esta injusticia económica y política? ¿Se puede romper esta relación estructuralmente extractiva del Estado con respecto a la economía y a la población catalana? A nivel individual, como el Estado tiene el monopolio de la fuerza (legal, judicial y de seguridad), se puede hacer poca cosa, pero es peor resignarse y no denunciar el maltrato. La contestación individual es posible, pero tiene sus límites vista la heterogeneidad de afectaciones individuales, las dificultades en organizarse colectivamente, el hecho de tener todo el mundo las necesidades básicas cubiertas a pesar del déficit, entre otros factores.

En este sentido, organizaciones que aglutinan muchos actores económicos como son los agentes sociales (sindicatos y patronales) tienen una cierta capacidad de influencia. Pero en unos casos la aceptación como normal del problema del déficit y, en otros, la constatación del poco poder real sobre el estamento político español, hacen que este vehículo hasta ahora se haya demostrado estéril.

Como el problema del déficit fiscal es político, la única manera de corregirlo es desde la política. Pero no estoy seguro de que el poder político catalán en Madrid haga el trabajo que sería necesario. Por una parte, encontramos a nuestros cargos electos de pensamiento unionista, los cuales o bien niegan el déficit fiscal o bien lo consideran justo. Estos no dan ni darán pasos para corregir la situación a pesar de estar tirando piedras sobre su tejado y el de sus votantes. De la otra, mucho más difícil de entender, es que partidos catalanistas hayan dado en el tiempo y den apoyo hoy, a cambio de nada (o casi nada), a gobiernos que practican la extracción económica estructural, como hicieron en su día en las colonias americanas. Con la agravante de que los actuales se pasan por el forro el incumplimiento de revisar el legalmente caducado sistema de financiación. ¿Seguro que estamos bien representados?

Modest Guinjoan, economista