A pesar de autodefinirse España oficial y reiteradamente como una de las democracias más avanzadas del mundo -cosa que no hace ninguna democracia avanzada del mundo-, y a pesar de disponer de instituciones formalmente democráticas, incluso bien diseñadas, el funcionamiento real del sistema político carece de una práctica de usos democráticos.

De momento, el sistema español -y no solo por el maltrato político en Catalunya- está más cerca de una democracia tibia que de una democracia avanzada. El bloqueo en la renovación de órganos constitucionales, por ejemplo, es una muestra de ello. Prima el sesgado interés partidista sobre la decencia política. La decencia política es el gran déficit de la democracia española, que disfruta, por el contrario, de un superávit aterrador de desvergüenza política.

Sin embargo, un paso esperanzador se dio el martes de la semana pasada. En efecto, el Consejo de Ministros aprobó la remisión en las Cortes del proyecto de ley de memoria democrática. Aunque tardía, es una ley altamente necesaria, con el título más apropiado posible. De las deficiencias, carencias o disfunciones, y también de los aciertos, tendremos ocasión de hablar durante el, con toda seguridad, crispado debate con que los nostálgicos del franquismo nos regalarán. Y en esta nostalgia que, obviamente, es más que nostalgia, está la madre del cordero.

Esta ley es ya una ley tardía. Nace cuando todos los crímenes de la dictadura han prescrito, salvo las detenciones con desapariciones, ya que en estos casos la prescripción no empieza hasta que el desaparecido vivo o muerto no aparece. Igualmente, la inmensa mayoría de criminales de la época han fallecido, con lo cual su responsabilidad penal muere con ellos.

Este era uno de los pactos tácitos de la Transición: no buscar las pulgas a los criminales del franquismo que fueron muchos y variados y en muchos casos continuaron en lugares relevantes de poder, disfrutando de sus privilegios y botines, sin ambages, antes y después de la muerte de Franco.

Dicho esto, esta ley, cuando entre en vigor, si no se descafeína durante su tramitación parlamentaria, supondrá un giro de 180 ° en la cultura política española oficial. La decencia será protagonista. Otras culturas políticas hispánicas, Catalunya, por ejemplo, a pesar de algún enfado o dejadez notorios, hace décadas que dieron el giro político y ético, incluso cuándo intentarlo era un atentado gravísimo al ordenamiento y a su interpretación permanentemente antidemocráticos.

Lisa y llanamente, a partir de la entrada en vigor de la ley de memoria democrática, siguiendo las directrices y recomendaciones internacionales, será ilegítima y por lo tanto, democráticamente indecente y sancionable hacer ostentación, apología o justificación del franquismo. Saldrán de las calles, de las listas nobiliarias, de los edificios públicos, de las instituciones públicas y privadas las denominaciones franquistas, así como todo tipo de símbolos en recuerdo de la dictadura, sus jerarcas de todo nivel, tales como estatuas, medallas, condecoraciones, retratos, placas y otra parafernalia al uso como los nombramientos de hijos predilectos o añadir al topónimo referentes al dictador o sus fechorías presentadas como hazañas.

Por encima de todo, las víctimas del golpe de estado del 18 de julio y las víctimas, todas, de la represión franquista, hasta 1978, serán reconocidas como víctimas, ellos o sus herederos. De manera tal que se expedirán certificaciones de nulidad de cualquier acto judicial o administrativo, de cualquier clase u orden que haya supuesto la represión de una persona: detención, encarcelamiento, condenas a muerte, ejecutadas o no, postergación administrativa, expulsión de cargos y funciones públicas, trabajos forzados, secuestro de menores con entrega o no a familias y similares o la persecución en general por ideario político o condición sexual. El proyecto de ley es rico en la relación de supuestos.

Esta norma será objeto de agresiones sin piedad por parte de los que se sientan perjudicados, es decir, por parte de los que se sientan herederos del franquismo, a los que, a partir de ahora, y con toda justicia, se podrá denominar sin ambages, franquistas, sean cuáles sean las siglas políticas bajo las que se amparen.

Serán opositores indecentes a una pizca de decencia política, que blandirán la Transición que facilitó a sus antecesores el salvoconducto para disfrutar del statu quo de lo que disfrutaron durante la dictadura y que se prolongó en democracia.

De todos modos, lo más importante, lo más democrático, lo más decente políticamente, será que ya no se podrá poner en la misma balanza a criminales y víctimas. Ya no se podrá equiparar un golpe de estado, la política de suelo quemado durante tres años de guerra incivil y cuarenta años de dictadura liberticida, con un régimen, la II República, imperfecto por joven y agredido, pero inequívocamente democrático.

En resumen, por fin, la democracia, incluso la no siempre esmerada actual democracia, es superior, infinitamente superior, a la tiniebla del franquismo, que todavía muchos quieren impune y modélica. Quien diga, pues, como hace poco, un exministro de la UCD y ex vicepresidente de Vox, Ignacio Camuñas, que la República fue la causa del franquismo, podrá ser calificado sin ningún tipo de miedo de franquista y tildarlo de fiel a la dictadura.

Cuando menos en este campo, la docencia parece que ha llegado.