La segunda victoria de Carles Puigdemont en las elecciones a Cortes Generales —el parlamento bicameral del Reino de España— del 23 de julio del 2023 se produjo el viernes pasado, con el recuento del voto CERA, es decir, el emitido por los —ironías de la historia— ciudadanos españoles residentes en el extranjero. Primero, Junts consolidó sus 7 escaños en el Congreso de los Diputados al mantener las dos actas alcanzadas en el recuento provisional en Girona y Tarragona, que bailaban; segundo, el PP consiguió un diputado más en Madrid, en detrimento del PSOE. Este hecho encarece automáticamente el precio de una investidura de Pedro Sánchez y, por lo tanto, revaloriza el peso de Junts: el candidato socialista no tiene bastante con las abstenciones y solo podrá ser investido con un sí de los juntaires para poder tener más votos a favor que en contra en una segunda votación. Alberto Núñez Feijóo, ahora con 137, podría sumar a Vox (33), UPN (1) y Coalición Canaria (1), un total de 172 votos a favor —4 por debajo de la mayoría absoluta—; Sánchez, ahora con 121, obtendría previsiblemente 171 a favor, uno por debajo del candidato del PP, con Sumar (31), ERC (7), Bildu (6), PNV (5) y BNG (1). Por lo tanto, necesita al menos 2 votos a favor (con los cuales reuniría 173) y 5 abstenciones de Junts para superar los votos en contra que recibiría del bloque de la derecha y la extrema derecha (172). No hay más cera que la que arde: la única posibilidad del actual presidente español de mantenerse en la Moncloa —a no ser que le dé la vuelta al marcador en una repetición electoral— pasa por el sí de Waterloo, formalmente parcial o total.

Sánchez ya no tiene bastante con una hipotética abstención de Junts, pero eso no es solo un problema para él, sino también para Junts, en tanto que, su (hipotético) compromiso con una investidura del líder socialista, que ahora pasaría por un sí, también tendría más costes en el caso (más que probable, vistos los antecedentes) de incumplimiento de acuerdos por la otra parte. Si una cosa es segura en la compleja partida que se abre es que, en la (eventual) negociación con el PSOE, Puigdemont no puede hacer un Junqueras, tanto en términos de futuro de su espacio político, de Junts, como, más todavía, del independentismo en general. Se ha visto con los dos batacazos electorales consecutivos de Esquerra Republicana, en las municipales del 28-M —si bien los republicanos lo han revertido en parte con una buena gestión de la política de pactos poselectorales en diputaciones y ayuntamientos—; y en las generales del 23-J, en las que han perdido 400.000 votos y, tan importante como eso, la exclusiva como fuerza catalana determinante de la gobernabilidad de España.

Si una cosa es segura en la compleja partida que se abre es que, en la (eventual) negociación con el PSOE, Puigdemont no puede hacer un Junqueras

Hacer un Junqueras: negociar una solución para los presos y exiliados a partir de una reforma a medias del Código Penal. Solución que, por más legítima y justificada que sea, que lo es, no se entiende bien entre el electorado independentista porque resuelve las situaciones personales a cambio de diferir sine die la solución del conflicto. Cuando este electorado cabreado y desorientado se abstiene y ello se combina con una migración masiva del electorado menos independentista hacia el PSC, concebido como la apuesta más segura para parar la derecha y la extrema derecha, la tormenta acaba siendo electoralmente devastadora. Eso es lo que le ha pasado a ERC. En el caso de Puigdemont, un resbalón en la (hipotética) negociación con el PSOE podría llevar a Junts a la irrelevancia o a la implosión definitiva —los 150.000 votos perdidos en las generales, el peor registro electoral alcanzado nunca por el espacio postconvergente lo indican claramente—; y, lo que es lo peor, supondría tirar por la ventana la llave de oro que ha recibido el independentismo, ahora, para decidir la gobernabilidad de España. Una circunstancia que no se había producido, posiblemente, desde los pactos del PSOE y el PP con la CiU nacionalista de Jordi Pujol de mediados de los años 90 del siglo pasado.

España, los aparatos y grandes instituciones del Estado, empezando por la Corona, tienen que decidir si, como se hizo en la Transición con la Operación Tarradellas, es el momento de impulsar una Operación Puigdemont

Si en el 2017, en el momento álgido del procés, Puigdemont rehusó una convocatoria electoral en Catalunya que podría haber cambiado aquel extraño final, ahora vuelve a depender del presidente exiliado una convocatoria electoral —una repetición de los comicios en España— que podría cerrar la extraña ventana de oportunidad abierta por las urnas del 23-J. Difícilmente Puigdemont podrá negociar nada en términos de conflicto con un PP en manos de Vox, aunque, si pudiera, trasladaría la capital de España a Waterloo como Aznar retiró la Guardia Civil de las carreteras catalanas para pactar con Pujol. Sin embargo, no es solo Puigdemont quien tiene que decidir hasta qué punto se puede o no se puede abrir una nueva etapa. Lisa y llanamente, España, es decir, los aparatos y grandes instituciones del Estado, empezando por la Corona, tienen que decidir si, como se hizo en la Transición con la Operación Tarradellas, es el momento de impulsar una Operación Puigdemont. Ahora, como entonces, fue el resultado de unas elecciones generales, que en Catalunya dieron la victoria a la izquierda (PSC y PSUC), el detonante de los cambios al retomarse los contactos con Tarradellas por parte del gobierno de Adolfo Suárez y después el rey Juan Carlos I. España tendría ahora que decidir si ensaya la vía de la refundación, en clave de apertura a las diversas realidades nacionales que la componen —no solo la catalana— o sigue jugando a los dados con unas nuevas elecciones que validen en las urnas su procés de involución (imparable?) hacia el autoritarismo con fachada democrática. En 1977 se trataba de poner en marcha una democracia homologable en Europa y ahora se puede tratar de demostrar que España, que ha parado —con pinzas— la pujanza de la extrema derecha en el continente, es la esperanza de la democracia para una Europa que ve renacer sus peores fantasmas históricos.

Al final, la decisión de Puigdemont es compleja y cuesta arriba pero la respuesta a la pregunta fundamental solo la conoce el viento: ¿aguantaría España un sí de Waterloo? 

Puigdemont ha pasado de ser el sujeto político más odiado a convertirse en el más deseado por el poder político español —y una parte del catalán— pero estos dos términos no son antagónicos sino complementarios. En todo caso, Pedro Sánchez, tendrá que decidir si activa un pacto del Majestic con el independentismo catalán a ejecutar por adelantado para salvar su investidura; y una mesa de negociación que aborde realmente el conflicto político Catalunya-Espanya a fin de garantizarse el aterrizaje de Junts en una pista sembrada de minas, represaliados, lawfare y escuchas con Pegasus a todo el independentismo. Eso o un "sí es sí" a Rajoy, quiero decir, a Feijóo, en clave de alternativa a Vox sin cesiones a Waterloo, como ya ha pedido el candidato del PP por carta a Sánchez, que lo volvería a poner todo en su sitio como siempre que conviene que se ponga. Porque al final, la decisión de Puigdemont es compleja y cuesta arriba, pero la respuesta a la pregunta fundamental solo la conoce el viento: ¿aguantaría España un sí de Waterloo?