España no se puede permitir ir un paso más allá de la amnistía a los líderes y encausados del procés, y, dentro de ello, de la aplicación del olvido penal a Carles Puigdemont. La primera afirmación la evidencia el rumor de sables, el golpe blando o constitucional, civil y judicial, animado por la vieja guardia aznarfelipista. La segunda, las dificultades de última hora que han aparecido en la negociación entre el PSOE y el president en el exilio sobre el perímetro de la amnistía, el lawfare, es decir, si tiene que incluir a personas del entorno directo de Puigdemont, perseguidas en la brumosa operación Volhov, como Josep Lluís Alay, jefe de la oficina del president. Volhov o Voloh es una causa a la que el españolismo más recalcitrante y sus terminales mediáticas habituales dan un aire sumarísimo, de traición a la patria en grado sumo, por supuestos contactos con empresarios rusos y banqueros suizos para hacer la independencia que la Guardia Civil atribuye al entorno de Puigdemont.

Pero vayamos por partes. No solo se trata de hacer descarrilar la investidura de Pedro Sánchez. Además de extender el miedo tensionando la vida pública y mediática con el manual trumpista en la mano, el llamamiento indisimulado a "hacer alguna cosa" que Aznar verbaliza y Felipe y Guerra otorgan, intenta repintar la línea roja que el Estado no tendría que permitir que se borre ante las cesiones del PSOE al independentismo. La línea amenaza con diluirse una vez Sánchez ha aceptado girar la llave de la puerta del modelo autonómico cerrada por la sentencia del Estatut de 2010. Lo hará si cumple la reanudación de los traspasos de competencias comprometidos en el pacto de investidura con Oriol Junqueras —Rodalies—, la financiación —amnistía de 15.000 millones de deuda del FLA a la Generalitat— y el establecimiento de nuevos escenarios de bilateralidad para encauzar el "conflicto político", tanto con ERC como con Junts. Es decir, nuevas mesas de diálogo entre partidos con verificadores y/o mediadores que se suman a la existente entre los dos gobiernos.

Es curioso que lo que empezó como la amenaza de un "choque de trenes" Catalunya-Espanya allá por el 2012, cuando el procés empezaba a coger velocidad, pueda acabar en forma de traspaso de Rodalies. Como dirían los vascos, es más importante "el fuero que el huevo": en el caso de Rodalies, que se rompa la exclusividad del monopolio estatal a pesar de las dudas que realmente se proceda a un "traspaso integral" como ha prometido el PSOE a ERC. En el caso del FLA, que se desenmascare el mecanismo perverso mediante el cual el Estado cobra intereses a las autonomías que se endeudan por mantener los servicios públicos, como la sanidad o la enseñanza. Al fin y al cabo, el procés, a pesar de fracasar en el objetivo de la independencia, habría servido para abrir —y refundar— el Estado autonómico cerrado a cal y canto por los jueces del Tribunal Constitucional en el golpe contra el Estatut de Catalunya del 2010. España abierta de nuevo en canal para investir a un presidente, en este caso, Pedro Sánchez.

El 'procés', a pesar de fracasar en el objetivo de la independencia, habría servido para reabrir —y refundar— el Estado autonómico cerrado a cal y canto por los jueces del Tribunal Constitucional en el golpe contra el Estatut

Por eso no sorprende que la ínclita Esperanza Aguirre, antecesora sénior de Ayuso, pida un referéndum para que los españoles voten la amnistía que Sánchez negocia con Puigdemont. Los referéndums los carga el diablo y sin embargo, en la lógica aguirriana, si los catalanes votaran diferente que el resto (presuntamente) se haría la voluntad de los españoles, claro. En todo caso, tampoco sorprende que el estamento judicial bendiga la maniobra política con una reunión del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que, lo sostienen algunos juristas, es ilegal porque verá una cosa todavía inexistente, la ley de amnistía. Los jueces, en su condición mayoritaria de terminal togada de la derecha española —que ha impedido renovar a su órgano de gobierno desde hace 5 años—, no hacen nada más que seguir punto por punto la estrategia del PP. El mismo PP que recientemente movilizó la Comisión General de Comunidades Autónomas del Senado para debatir, igualmente, sobre los presuntos efectos devastadores para la convivencia entre territorios de la todavía inexistente ley de amnistía.

Puigdemont sigue siendo la pieza de caza mayor de todo el aparato institucional, político, judicial y empresarial que avaló el "a por ellos" y ve ahora en la amnistía una rendición forzosa impuesta por las urnas

Puigdemont sigue siendo la pieza de caza mayor de todo el aparato institucional, político, judicial, mediático y empresarial que avaló el "a por ellos" y ve ahora en la amnistía una rendición forzosa impuesta por las urnas. La amnistía servirá para dejar claro quiénes eran los buenos y quiénes los malos más malos de la película. He ahí el hueso duro del problema de la amnistía: que Puigdemont salga adelante en su desafío contra un Estado que convirtió en desproporción persecutoria su espíritu de revancha contra el independentismo catalán empoderado. Ya veremos si, en caso de que PSOE y Junts lleguen a un acuerdo sobre la amnistía, los jueces no la recortarán como ya hicieron con los indultos. No solo se trata de hacer descarrilar la investidura de Pedro Sánchez, sino de evitar que España y sus togadas señorías y coronadas testas tengan que retirar las picas de Flandes, de rendir Breda como en el famoso cuadro de Velázquez. O, aún peor, el Alcázar. Al fin y al cabo, España es más que un tren de Rodalies (que también).