Los resultados de las elecciones del 21 de diciembre dejaron el independentismo en estado de choque. Tanto como a Inés Arrimadas. A la líder de Cs, porque, pese a encabezar la fuerza más votada y con más escaños, no suma suficientes apoyos ni para ser presidenta de Tabarnia. Por eso "ha ganado", pero, en realidad, "ha perdido". En el independentismo, porque todo y sumar la mayoría absoluta de la nueva Cámara, aún no ha encontrado la manera de resolver el dilema que apuntábamos aquí hace unos días: esto es, si Catalunya tiene que ser gobernada desde Madrid, por la vía del 155, de manera directa, como ahora, o indirecta, mediante un gobierno autonómico bajo vigilancia permanente; o bien, desde Bruselas. Es decir, por Carles Puigdemont. El Puigdemont, que, como se ha visto después del no de la CUP a Jordi Sànchez, y a pesar del paso al lado "provisional", sigue siendo el único candidato del bloque independentista, y de toda la Cámara catalana que reúne suficientes apoyos para ser investido.
Las últimas semanas corría por la red una foto histórica de los tiempos de la Crida, de los años ochenta del siglo pasado, en que aparece el triunvirato que dirigía aquel movimiento a medio camino entre la mítica Assemblea de Catalunya y la actual ANC: Àngel Colom, después líder de ERC, del PI y finalmente militante de CDC; Jordi Sànchez, hombre próximo a ICV y bien relacionado tanto con la CDC soberanista como con el viejo sector catalanista del PSC, y que, muchos años después presidiría la ANC, y Carles Riera, actual líder parlamentario de la CUP y miembro de Endavant-OSAN, la organización marxista-leninista que sigue marcando la estrategia cupaire, y a la cual pertenece también Anna Gabriel, ahora exiliada en Ginebra. En octubre pasado, Colom, Riera y otros antiguos miembros de la Crida como Enric Marín, exsecretario de Comunicación del Govern con el primer tripartito y hombre de ERC, se reunieron de nuevo para pedir la libertad de Sànchez, encarcelado en Soto del Real.
Sànchez y Riera, desde posiciones distintas, son viejos compañeros de viaje. Aunque una parte de la CUP considera a Sànchez a un hombre del expresidente Artur Mas, el veto al expresidente de la ANC tiene poco que ver con la distancia ideológica y mucho más con la estrategia, sin duda errática e incoherente, que han seguido los partidos grandes del bloque independentista desde el 21-D.
Es mayor la distancia entre Sànchez y ERC, que siempre ha visto "un convergente" en el expresidente de la ANC, que con la CUP
Es mayor en cambio, la distancia entre Sànchez y ERC, que siempre ha visto en el expresidente de la ANC "un convergente" y, por lo tanto, un adversario político, que con la CUP. Eso explica que ERC, por boca de su portavoz Sergi Sabrià, marcara distancias con Sànchez el viernes, el día siguiente del anuncio de Puigdemont, que recuperara el nombre del vicepresidente Oriol Junqueras como candidato, y que, en este clima de desconfianza, el sábado, antes de que se produjera la decisión de la CUP, corrigiera el rumbo a medias, condicionando en todo caso el apoyo a Sànchez a la decisión de los cupaires.
Camps, Colom, Riera y Marin, exmiembros de la Crida en un acto por la libertad de Jordi Sànchez / ACN
Es verdad que, como suele decir Antonio Baños, cuando la CUP se mueve pasan cosas. Pero, a diferencia del 2016, cuando los anticapitalistas enviaron a Mas a la "papelera de la historia", no creo que ahora hayan enviado a Sànchez sino al intento, auspiciado por ERC y una parte del PdeCAT, de volver a poner la política catalana en modo "autonomía". Que es tanto como materializar el sueño húmedo del Estado y sus aparatos: la (falsa) "normalización" de Catalunya.
Dicho de otra manera, el candidato de la CUP no es Jordi Sànchez porque es Carles Puigdemont. Una de las grandes paradojas del momento es esta: que la CUP es el único "partido" del bloque independentista que mantiene nítidamente e invariablemente su apoyo a Puigdemont y mucho más todavía después de los resultados del 21-D. A diferencia de ERC, que intenta superar el trauma del sorpasso electoral de Puigdemont en el último momento con una carrera enloquecida por asegurarse los puestos de mando del próximo gobierno sin saber todavía quién lo presidirá y en qué condiciones, la CUP continúa donde estaba: intentando hacer valer las herramientas para que la república refrendada el 1 de octubre no vaya a la papelera de la historia como todas las precedentes. Desde la de Pau Claris a la de Macià i Companys pasando por la I República española de Figueras i Pi i Margall.
El candidato de la CUP no es Sànchez porque es Puigdemont
Como todo el mundo sabe, la candidatura de Sànchez no prosperará, en cualquiera de los casos, porque el juez Llarena lo impedirá. Sànchez no es el preso etarra Yoldi: el número dos de JxCat sí que podría ser elegido presidente. Y es altamente probable que tampoco prosperen las de Jordi Turull o Josep Rull, que están en libertad, lo cual dificulta objetivamente las maniobras del Estado, pero que podrían ser inhabilitados pronto. En los casos de Turull y Rull, dos hombres de la vieja CDC, es verdad que la distancia ideológica con los cupaires se amplía claramente. En cuanto a la posible candidatura de Elsa Artadi, que cumpliría el requisito de la Moncloa de no tener ninguna causa judicial abierta, es posible que la CUP pasara por alto su pedigrí político liberal dada su proximidad a Puigdemont. Pero lo sustancial de este debate es que la elección de cualquiera de los cuatro candidatos alternativos, es decir, de un presidente o presidenta "autonómico" o "autonómica", supone, para los cupaires, validar el lecho de Procusto del 155: el retorno al autonomismo a golpes de porra, prisión y exilios. En ningún caso se materializaría la república, sino la dicotomía entre gobierno "efectivo" y gobierno "simbólico" (el republicano). Esta es la puerta que abriría la elección de Sànchez, consiga ser investido o no.
El veto de la CUP a Sànchez es una enmienda a la totalidad a la estrategia post-21D de ERC, aplaudida por los comunes, y el PDeCAT
En una primera lectura, el veto de la CUP a Sànchez puede ser entendida como una desautorización de Puigdemont. No lo tengo tan claro. Más bien creo que es una enmienda a la totalidad a la estrategia post-21D de ERC -por cierto aplaudida por los comunes, instalados en el sueño imposible de un tripartito o cuadripartito de izquierdas que no suma ni en broma- y el PDeCAT. Y, por descontado, la Moncloa. La principal herramienta de la CUP para mantener vivo el proyecto de la República es Puigdemont y, naturalmente, los 4 escaños cupaires en la Cámara, que se vuelven imprescindibles vista la imposibilidad "legal" de votar del presidente exiliado y su conseller Toni Comin, lo que reduce a la práctica la mayoría absoluta independentista de 70 a 68 escaños.
JxCat y ERC harían bien en no dejarse arrebatar por los cupaires el candidato que toca: Puigdemont
Así que las dos formaciones grandes del independentismo, Junts x Cat y ERC harían bien en no dejarse arrebatar por los cupaires el candidato que toca: Puigdemont. O sea, el que el independentismo civil -es decir, la gente que vota independencia- colocó en primer lugar entre todos los "candidatos de la República" y el único capaz de sumar la mayoría del Parlament. En esta hora, el independentismo, empezando por el mismo Puigdemont, tendrá que romper la dicotomía entre gobierno "efectivo" y gobierno "simbólico" o no saldrá adelante.
Puigdemont tiene que volver a asumir el reto y el presidente del Parlament lo tiene que volver a proponer a la Cámara para que sea investido. Su "ausencia" en ningún caso anula sus derechos a representar la ciudadanía que lo ha escogido en las urnas, al menos mientras no sea inhabilitado por la justicia española. Por más paradójico que parezca, investir a Puigdemont es hacer cumplir la ley vigente y lo sabe todo el mundo, empezando por el gobierno del Estado y las más altas magistraturas. Y es cierto que ello comporta desobedecer el Tribunal Constitucional, pero el TC, contra lo que quieren hacer creer el nuevo régimen y el relato que lo sustenta es sólo eso: un tribunal. El TC no es "la" ley. Y ni siquiera "la" ley es una esencia inmutable e inimpugnable, como demuestra cada día la política y la justicia española cada vez que la retuercen hasta el extremo para castigar el independentismo y la discrepancia.
Investir a Puigdemont es hacer cumplir la ley vigente y lo sabe todo el mundo, empezando por el gobierno del Estado y las más altas magistraturas
El independentismo, en general, agradecería que quien no quiera investir a Puigdemont -y, obviamente, no hablo del unionismo y los comunes- dé el paso adelante y lo diga. Eso, o convocar el pleno del Parlament y proceder con la elección que quedó aplazada ya hace demasiadas semanas. Lo que venga después, las eventuales querellas por desobediencia, y la posible invalidación de una decisión soberana de la Cámara elegida legalmente por los ciudadanos de Catalunya en los comicios que convocó Mariano Rajoy, o la negativa del Rey a firmar el nombramiento, en ningún caso será responsabilidad del independentismo.