El Molt Honorable President de la Generalitat, el señor Joaquim Torra i Pla, ha sido inhabilitado por un tribunal español. Que pensáramos que este sería el final anunciado del proceso emprendido por una Junta Electoral Central con defecto grave de forma por su propia composición, y que lo esperáramos también por la deriva que ha tomado la represión del estado español en todo aquello, y especialmente todo aquel, que tiene algún protagonismo en la reivindicación de la independencia, no quiere decir que lo haga más aceptable. De hecho, en el fondo, siempre esperas un poco más de dignidad, una pizca de sentido común y, por encima de todo, un poco de reflexión sobre hasta dónde se puede llegar y hasta dónde no en un sistema político, económico y social que ya está tocado de muerte. Pero nada de eso acaba sucediendo y la barbaridad acaba siendo mayor, por mucho que un montón de voces supuestamente reputadas —de hecho se están comiendo su buena reputación con sus propios mordiscos— digan tibiamente que la sentencia es desmesurada o exagerada, para rebajar la magnitud del disparate que supone esta sentencia. Muchas y muchos de ellos, además, preocupados por la dificultad que tendrán de justificar este despropósito ante sus amigos y amigas y/o colegas extranjeros.

Lo que me pregunto yo es si ya tienen bastante o todavía no. ¿Cuántos presidents, o posibles presidents de Catalunya, tienen que caer para que el sistema político español esté satisfecho? 

O tienen mucho miedo, o están muy atados y atadas a la silla, porque no hace falta demasiada inteligencia para tener claro que una sentencia que no guarda proporcionalidad con los hechos —no ya con el delito, que hace falta que lo sea— es un abuso de poder. Si los tribunales abusan del poder que tienen, ¿dónde queda la ley? Ahora que venga un o una jurista de verdad, o de estos y estas que salen de debajo las piedras, y me lo explique. En un estado democrático, precisamente la ley tiene como objetivo defender a la ciudadanía ante el poder del estado. Me parece que en España eso ni lo saben, ni quieren saberlo y mucho menos planteárselo; por eso utilizan la ley para que ésta pase por encima de los y las señaladas como adversarios de la nación, como en otros tiempos lo hacían los tanques. De hecho, la misma nación española, es decir, la idea de la misma, está por encima de la ley; de aquí que en su nombre se salten, si hace falta, la propia Constitución española. ¡Vaya papelón!

Ahora bien, este no es un tema judicial —o no solo, porque ahora la deriva ya es imparable—; es un tema político. Pero no como tantas veces hemos dicho porque la disputa política, de las ideas, del modelo de país, se tiene que solucionar en el campo de la política; sino porque las y los propios políticos han abierto el camino para que los tribunales les vayan sacando de delante aquellas y aquellos rivales políticos que les ganan en las urnas. Y este no es solo el modus operandi del PP o Vox; Ciudadanos, PSC y En Comú Podem ya se mueren por unas nuevas elecciones. Lo que me pregunto yo es si ya tienen bastante o todavía no. ¿Cuántos presidents, o posibles presidents de Catalunya, tienen que caer para que el sistema político español esté satisfecho? Está claro que tantos como haga falta, hasta que gane uno o una de ellos. Por lo tanto, también me pregunto: ¿cuántas elecciones más tendremos que seguir ganando? Y la respuesta sigue siendo... tantas como haga falta.