Hace días que Francisco Camps, el expresidente del País Valencià, ha vuelto a la carga. Tras quedar exculpado de todos los casos de presunta corrupción en los que se había visto envuelto, que no eran pocos, el dirigente del PP ha aprovechado el declive de su sucesor en el cargo, el inefable Carlos Mazón, para postularse y tratar de hacerse de nuevo con las riendas del partido en València. El movimiento, sin embargo, ha cogido a contrapié a la cúpula de Alberto Núñez Feijóo, que, con el aliento de Francisco Camps en la nuca y presionado por la lideresa de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que no pierde pasada si de desgastarlo se trata, se ha apresurado a adelantar el congreso de la formación al mes de julio para evitar que el gallinero se le alborote más de la cuenta.

El expresidente de Galicia tiene una piedra en el zapato, y de las grandes, con el caso de Carlos Mazón. Y es que, al no haberlo forzado a retirarse debido a la mala gestión que hizo de la gota fría que el 29 de octubre del año pasado —hace casi ocho meses— asoló la huerta de Valencia y provocó más de doscientos muertos, ahora él se encuentra empantanado también en el embrollo y no son pocos los que consideran que, debido a ello, debería acompañarlo en el camino de la dimisión. Probablemente por este motivo pretende atrincherarse en la presidencia del partido con la intención de llegar vivo y con posibilidades a las próximas elecciones españolas, cuando sea que Pedro Sánchez las convoque, que ya ha dicho y repetido que piensa agotar la legislatura y llegar a 2027. Otra cosa será si la sombra de la corrupción, que cada día se estrecha más alrededor de su familia, tanto personal como política, se lo permite. Ahora mismo se encuentra con el agua al cuello [ver ElNacional.cat del 10-6-2025] y la incógnita es si bastará con el sacrificio del hasta ahora secretario de organización del PSOE y persona de su máxima confianza, Santos Cerdán, y la expulsión del exministro José Luis Ábalos para parar el golpe.

No es extraño que, en este contexto, el PP haya desempolvado el "váyase señor González", el viejo lema que José María Aznar no se cansó de usar en su día en contra del Felipe González que entonces estaba en la Moncloa, y lo haya adaptado a un "váyase señor Sánchez" con la pretensión de alcanzar el mismo resultado. En sentido idéntico, tampoco es extraño que vuelva a insistir en la moción de censura al presidente del Gobierno en busca de la complicidad de JxCat y del PNB, que, de momento, no tienen ninguna intención de ofrecerle. Y, en fin, tampoco lo es que atice la presión de la calle contra el líder del PSOE, y que lo haga con manifestaciones en contra de la corrupción, aunque sea el propio PP el que no está precisamente en condiciones de dar lecciones sobre esta cuestión. El problema es que recurrir reiteradamente a este tipo de actuaciones sin obtener ningún resultado concreto y tangible debilita más que fortalece la posición de quien las promueve y lo coloca en un callejón sin salida. De hecho, si no se tuerce nada antes, es la última oportunidad que tendrá Alberto Núñez Feijóo de llegar a la presidencia del Gobierno, porque si esta vez tampoco lo consigue, por mucho que vuelva a ganar los comicios como lo hizo en 2023, los suyos mismos, con Isabel Díaz Ayuso al frente, se lo comerán de vivo en vivo.

Feijóo hace tiempo que siente en la nuca el aliento de quienes no dudarán en moverle la silla cuando toque

La lideresa de Madrid, en realidad, hace tiempo que espera que le llegue el momento, y cuando eso suceda que nadie dude de que no lo desaprovechará. Ella tiene su propia agenda y su propio criterio, y si no coinciden con los del líder del PP, peor para él, como quedó claro con la histriónica participación que tuvo en la conferencia de presidentes autonómicos reunida hace poco en Barcelona. No solo exhibió su anticatalanismo patológico y apocalíptico [ver ElNacional.cat del 27-5-2025], sino que no pudo reprimir su desprecio hacia Catalunya y el País Vasco y demostró que era una impresentable y una maleducada y, lo que es más grave, un peligro serio para la integridad de catalanes y vascos en el hipotético caso de que un día llegara a la presidencia del gobierno español, que es realmente su objetivo. No aceptar a estas alturas, aunque no se esté de acuerdo con ello, que España es un estado formado por naciones diferentes, sometidas por la fuerza de las armas de la más fuerte —Castilla—, y que, por tanto, Catalunya, el País Vasco y Galicia son naciones oprimidas, es de una miopía política grave y un hándicap que retrotrae a las maneras de hacer propias de una vieja conocida dictadura franquista.

Es en este escenario que hay que situar también maniobras de distracción como la relacionada con la ley de amnistía aprobada por el PSOE en beneficio de los encausados por la celebración del referéndum del Primer d’Octubre de 2017 y la participación en el proceso independentista en general. La formación, concretamente, pidió al Tribunal Constitucional (TC) que paralizara la sentencia sobre el recurso que presentó en contra de la norma hasta que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) se pronunciara a partir de las cuestiones prejudiciales que le han planteado precisamente algunos tribunales españoles. La petición se produjo una vez trascendió la voluntad del alto tribunal español de dictar sentencia favorable a la ley —el plenario está previsto que se reúna la semana que viene para aprobarlo— y va en la misma línea de la demanda formulada anteriormente por tres magistrados del llamado sector conservador y que el presidente del TC, Cándido Conde-Pumpido, del ala llamada progresista, ya rechazó. Y eso es lo que ha vuelto a hacer para cerrar el paso a la extemporánea solicitud del PP.

El caso es la mejor demostración de que el único interés del PP, el real, no es saber si la ley de amnistía es constitucional o no, sino dilatar su aplicación tanto como le sea posible para que no puedan beneficiarse dirigentes de ERC y de JxCat como Oriol Junqueras y Jordi Turull y, sobre todo, para que Carles Puigdemont no pueda volver libre a Catalunya. La perversidad de la maniobra es tan evidente que, en el fondo, es la prueba de que la formación estaba dispuesta a renunciar incluso, por ilógico que parezca, a su propio recurso de inconstitucionalidad con el fin de torpedear la aplicación de la norma. Es la manera, en todo caso, de tener distraído y entretenido al personal, entre apelaciones a la sacrosanta unidad de España que, en su opinión, el líder del PSOE cada día pone en peligro y reclamaciones de adelanto de las elecciones por inútiles que resulten, como la que aprovecharon para protagonizar los barones territoriales del partido en la conferencia de presidentes autonómicos de Barcelona, aunque el marco no fuera el adecuado para este tipo de planteamientos. Y es que, si ni estando acorralado como lo está Pedro Sánchez, el expresidente de Galicia no es capaz de salirse con la suya, se le habrá acabado la carrera política. Y eso que esta vez tiene incluso el apoyo descarado de la vieja guardia del PSOE de Felipe González y compañía, el más disimulado de la disidencia que lideran el crítico de cabecera del presidente del gobierno español, el presidente de Castilla-La Mancha Emiliano García-Page, el proscrito Javier Lambán, y el de los poderes ocultos del estado que hace tiempo que maniobran para cargárselo.

Alberto Núñez Feijóo hace tiempo que siente en la nuca el aliento de quienes no dudarán en moverle la silla cuando toque y muy especialmente el aliento de su principal contrincante en clave interna, que no es otra que la implacable Isabel Díaz Ayuso. Ahora solo faltaba que se le añadiera el de Francisco Camps, que, después de haberse convertido en una especie de outsider, vuelve con ganas de dar guerra, que es justamente lo que menos le conviene en estos momentos al líder del PP. De ahí la decisión de adelantar el congreso del partido, para ganar tiempo y para alejar tanto como pueda las incómodas molestias en la nuca.