La Camarga, el tema, no el restaurante, vuelve estar de moda. Gracias al FAQS del domingo pasado ya sabemos quién hizo la grabación y sobre todo, quién la encargó. Quien estaba detrás de todo eso no era otra que Alícia Sánchez Camacho, en la época lideresa en Catalunya del PP. Como otras investigaciones periodísticas han manifestado, la unión de hecho Camacho-Villarejo funcionó a pleno rendimiento durante una buena época, espiando a diestro y siniestro a líderes catalanistas, todo por la patria, haciendo buena, una vez más, la frase ya mítica de Samuel Johnson con respecto al refugio que la patria representa. El intento fue tanto delictivo como frustrado, ya que los informes policiales de la Srta. Pepis solo fueron creídos por el brazo periodístico de la policía patriótica. La Camarga es uno de los icebergs de un Estado delincuencial: incapaz de hacer política, el Estado se dedica a satisfacer las previsiones del código penal, con delitos que sus propios órganos tendrían que perseguir. Persecución hasta ahora escasa en resultados.

El deep state solo es utilizar el Código penal como machete de las libertades y derechos de los ciudadanos que viven y trabajan en Catalunya. Viene arreglado con el afán perenne de dejar de lado la ley de presupuestos, no materializando las ya disminuidas partidas. Ten vergüenza y respeto por sus votantes que, según los representantes del deep state, son mayoría en Catalunya.

Con este anticlímax la Mesa de Diálogo es prácticamente imposible. Como ha sido imposible que el Gobierno cumpliera las recomendaciones que, de la mano del eurodiputado Boris Cilevičs, aprobó la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa: el levantamiento de penas a los condenados por el procés, reforma penal de rebelión, sedición y delitos vinculados, la retirada de las euroórdenes y otros procesos y reanudar con seriedad la Mesa de Diálogo.

Los indultos, como sabemos, dan una respuesta parcial y sesgada a la parte más sangrante de la represión penalmente ilegítima al 1-O. Y aquí se acabó lo que se daba. En lugar de seguir las recomendaciones, descubrimos el CatalanGate, con espionajes a los oponentes políticos y a abogados implicados en la defensa de los represaliados. De todos modos, la primera condición para sentarse en la Mesa, en cualquier mesa, es crear un ambiente de confianza entre las partes.

Se trata no solo de enterrar el espíritu patriótico de la Camarga, sino de depurar las responsabilidades del deep state, del cual la Camarga-Sánchez Camacho-Villarejo es el exponente más chillón, pero no el más grave, y de parar la represión, cosa que se puede hacer, prácticamente de forma instantánea

La Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, vía el mencionado Boris Cilevičs, ya dio algunas condiciones referidas, en esencia, al cese de la represión. Ciertamente, las recomendaciones se refieren al Gobierno o al Estado español, que es, por regla general, el único sujeto en las relaciones internacionales. Como la mayoría de medidas represivas son judiciales, el Gobierno puede alegar, como de hecho lo hace, que, como hay separación de poderes, no puede inmiscuirse en la esfera judicial. Verdad a medias. Ciertamente, lo que no puede hacer el Gobierno es manipular o presionar a los jueces, pero sí que puede orientar su actuación. ¿Cómo? Mediante el Ministerio Fiscal —hoy mal comandado— y la abogacía del Estado. Por ejemplo, si el Ministerio Fiscal, en un escrito de apenas dos líneas, insta al juez Llarena, el magistrado que decretó las euroórdenes, a retirarlas, las tiene que retirar. Durante un encuentro entre Rajoy y Merkel, en otoño de 2018, la segunda le dijo al primero que hiciera alguna cosa para aligerar la presión sobre el procés. Inmediatamente después, en la Audiencia Nacional tenía lugar la vista por la libertad provisional de Quim Forn. Pues bien, el fiscal dijo que no pedía la prisión provisional por orden de la superioridad. Más claro el agua. Desgraciadamente, sí estaba Vox, que sí que mantuvo su petición

Igualmente, el Gobierno podría instar a la Fiscalía a ponerse manos a la obra y apretar el acelerador en el tema Villarejo, arrastrando a quien tuviera que arrastrar: funcionarios corruptos y los políticos que los utilizaron. Eso crearía una atmósfera de confianza sensiblemente esperanzadora. Por otra parte, la Abogacía del Estado no tendría que recibir instrucciones para llevarse por delante todas las iniciativas de la Generalitat, especialmente en materia educativa y de lengua —modelo a nivel europeo, recordemos— ni coadyuvar a quien lo haga. Si, además, el Gobierno impulsara una reforma decidida del Código penal en materia de rebelión, sedición, desórdenes públicos, y otros delitos como la desobediencia de funcionarios, el clima sería el adecuado. En todo caso, se trata de reformas muy simples, para las que hace falta cierto coraje.

Al fin y al cabo, se trata no solo de enterrar el espíritu patriótico de la Camarga, sino de depurar las responsabilidades del deep state, del cual la Camarga-Sánchez Camacho-Villarejo es el exponente más chillón, pero no el más grave, y de parar la represión, cosa que se puede hacer, prácticamente de forma instantánea. Y a partir de aquí a sentarse todo el tiempo que haga falta. A los culo di ferro les hace falta tiempo. La pelota, una vez más, está en el tejado de la Moncloa.