Hace unos diez días que el juzgado mercantil número 11 de Barcelona ordenó el cierre de un sitio web de consumo estratégico impulsado por la ANC que permitía identificar empresas responsables y respetuosas con la vida política y social catalana, por la vía, por ejemplo, de la responsabilidad social, el medio ambiente o el respeto a la lengua catalana. En el fondo, con esta identificación, la campaña se proponía promover la compra y el consumo de los productos de estas empresas.

El caso de esta web llegó a manos de la justicia después de que la patronal Foment del Treball la denunciara porque a criterio suyo incitaba al boicot empresarial desde un planteamiento irracional, invitaba a dejar de comprar en unas empresas en favor de otras a partir de argumentos fuera de razón, falseando la libre competencia y perjudicando el interés público.

Analizado el caso, el juzgado afirma que la web era un acto "obstaculizador, en la modalidad de boicot". La sentencia es la continuación de una primera resolución que ya hizo en agosto de 2019, en la que afirmaba que la entidad incitaba a la discriminación. Dios me libre de enredarme en sentencias judiciales más allá de manifestar mi sorpresa, que se fundamenta en lo que sigue.

En primer lugar, a mi entender, la percepción de la web por parte de Foment y del juez es errónea. En rigor, promovía lo que técnicamente se denomina "compra activa" (en inglés se utiliza el término buycot), un concepto diferente al de boicot. Este último consiste en hacer campañas para dejar de comprar a uno o varios proveedores, sea porque aplican malas prácticas productivas, sea porque contaminan, sea porque utilizan mano de obra infantil, sea porque producen en una región determinada, sea porque caen mal por motivos históricos, por lo que sea. Promover la compra activa puede tener como consecuencia una desviación de la compra de un proveedor al otro, pero no es en sí mismo ninguna incitación al boicot, no es explícito ni va dirigido a nadie. En este caso, no era ni una cosa ni la otra, sin embargo el juez que ha ordenado cerrar el sitio web ha comprado y ha llevado hasta el extremo los argumentos de Foment del Treball.

Llamamientos se han hecho un montón, especialmente en torno al referéndum del 2017. No se trataba de insinuaciones al boicot, sino de llamamientos explícitos, con nombres de marcas y de empresas catalanas. No me consta que ningún agente económico o social haya presentado a lo largo de estos años demandas judiciales, ni que la justicia, por su parte, haya actuado de oficio

En segundo lugar, en España ya hace muchos años que de manera esporádica, pero con notable continuidad en el tiempo, se están produciendo llamamientos al boicot a los productos elaborados en Catalunya o genéricamente a empresas radicadas aquí, incluso multinacionales. En este siglo, por lo que yo conozco, el pistoletazo de salida lo dio unas declaraciones de Josep Lluís Carod Rovira en 2004, cuando dijo que dudaba que se tuviera que dar apoyo a la candidatura madrileña a los juegos olímpicos de 2012, después de que el Gobierno impidiera que Catalunya fuera reconocida como selección nacional en el deporte de hockey sobre patines. La cosa acabó con un llamamiento al boicot comercial (especialmente al cava, un producto fácil de identificar y que se asociaba con Catalunya) por parte de muchos medios de comunicación. Llamamientos se han hecho un montón posteriormente, especialmente en torno al referéndum del 2017. No se trataba de insinuaciones al boicot, se trataba de llamamientos explícitos, con nombres de marcas y de empresas a todo aquello que haga tufo de catalán. No me consta que ningún agente económico o social haya presentado a lo largo de estos años demandas judiciales, ni que la justicia, por su parte, haya actuado de oficio.

En tercer lugar, en su día, una institución especializada en la competencia en el mercado español como es la CNMC estudió el tema de la web de la ANC y decidió que archivaba el caso porque no veía claro que hubiera tenido efectos en la dinámica competitiva de mercado. Si lo decidió para no hacer ruido y no alimentar la publicidad del sitio web, no lo sabemos. En cualquier caso, no entró en el territorio de la polémica y el protagonismo como sí que ha hecho el juzgado número 11 de Barcelona.

En cuarto lugar, la justicia mira hacia otro lado en alteraciones del funcionamiento normal del mercado que van a remolque de la acción política mucho más graves que la web que nos ocupa. En Catalunya tenemos ejemplos prácticamente a diario y son de gran relieve económico. Los hay tanto puntuales (en 2017 la incitación a deslocalizar sedes sociales de empresas en Catalunya o la retirada intencionada de depósitos por parte de empresas conectadas con el Estado, de entidades financieras catalanas en pleno procés), como estructurales y sistemáticos (incumplimiento de inversiones públicas presupuestadas o el mismo déficit fiscal).

¿Al fin y al cabo, me pregunto, si no estaremos ante una muestra más de que la justicia española sobresale en un atributo que se repite en los llamamientos a hacer boicot a productos procedentes de territorios concretos? Me refiero a un concepto de marketing conocido como "animosidad" (una especie de antipatía, de voluntad de perjudicar) con respecto a los que se consideran enemigos o extraños, en este caso el independentismo.