A veces me detengo y miro las portadas de los periódicos como si fuera Gurb, el extraterrestre protagonista de la obra de Eduardo Mendoza. Un titular tras otro, y analizando la foto del conjunto.
Llevo demasiado tiempo pensando que las portadas son apoteósicas, que se suceden una y otra y otra y, cuando pensábamos que lo habíamos visto todo, el panorama cambia de una forma tan radical que una ya no sabe hacia dónde mirar.
Y como a veces llegan buenas noticias, sirven para respirar, para tener ganas de seguir mirando las portadas. Esta semana ha sido una de esas burbujas de oxígeno: la sentencia que declara la inocencia de Trapero y la sentencia que determina la inhabilitación para los miembros de la Mesa del Parlament son dos señales que inspiran entre tanta oscuridad.
La Audiencia Nacional parece haberle plantado cara a los ultras del Supremo. Ya era hora de que alguien lo hiciera, porque Marchena y los suyos nos tenían estupefactos. Y más allá de opiniones personales, e incluso las de los expertos, está la terca realidad: ¿cómo es posible que en España dos tribunales diferentes estén juzgando unos mismos hechos y unas personas sean inocentes y otras culpables de lo que no pasó? Me explico: la sentencia de la Audiencia Nacional deja sobre la mesa la cuestión fundamental de que no estábamos tan locos los que desde el principio defendimos que aquí no había ni sedición ni rebelión ni violencia ni golpe de estado.
Por defender que se trataba del ejercicio de libertad de expresión y manifestación nos han llamado de todo. Ahora la Audiencia Nacional reconoce precisamente que lo que la gente estaba haciendo el 20-S y el 1-O era precisamente eso: expresarse, protestar, pero no montar una revuelta, no montar un golpe de estado, no montar un polvorín. Algo que era evidente, en primer lugar por los resultados: hubo urnas, se votó y hubo violencia, pero desde la policía contra las personas, y no al revés. Por mucho que algunos alegasen que había miradas de odio, o que tiraron jabón por el suelo (algo de lo que no hay pruebas).
La sentencia de la Audiencia Nacional sobre Trapero pone las cosas en su lugar. Algunas, al menos. Y habla en términos rigurosos de derecho, de derecho penal. De lo que es y no es delito. De lo que defiende la Constitución. Y lo hace poniendo en valor lo que una sociedad democrática, evolucionada y justa debe valorar: que los agentes de las fuerzas y cuerpos de seguridad apuesten por dialogar y resolver los conflictos con raciocinio y no a base de hostias. Está muy bien que alguien le dé el valor que merece a un proceder que los Mossos llevan desarrollando con profesionalidad y fundamentado en criterios técnicos.
La sentencia de la Audiencia Nacional viene a demostrar que el derecho sí puede evidenciar que lo que ha ocurrido en Catalunya ha sido una muestra de movilización social, pacífica y valiente para expresar una opinión
Si una visita la web de los Mossos d’Esquadra, puede leer en su presentación que este cuerpo "plantea un modelo policial de proximidad, propio de una policía adaptada a la nueva realidad del siglo XXI y que tiene en cuenta las necesidades de la ciudadanía, sus inquietudes y sus demandas. El diálogo y la confianza es la práctica habitual de un sistema de seguridad de un país moderno, abierto y en constante transformación. Trabajamos para la comunidad y, en este sentido, la prevención y la asistencia y auxilio a las personas son un eje primordial en el que se invierten muchos esfuerzos, tiempo y dedicación”.
En el texto se pueden leer palabras como “relación próxima y cordial que acerca el servicio policial a las personas”. Llegan a decir que “con la policía de proximidad se captan las principales inquietudes, dudas y demandas a pie de calle y transformamos problemas en soluciones”. Pero hay más: “Situamos la prevención como objetivo primordial de la policía”.
Todo esto es lo que ha puesto en valor la Audiencia Nacional esta semana en la sentencia sobre Trapero. No sólo lo absuelve, sino que se pone en valor su labor, y la labor del cuerpo de los Mossos, que apuestan por la mediación en lugar de repartir hostias. Precisamente, a veces he tenido la sensación al seguir el juicio de Trapero y también el del Supremo, que lo que ha generado conmoción en algunos ha sido, precisamente, la respuesta pacífica: tanto de los Mossos como de la población que salió a votar o a protestar. Y eso ha hecho saltar las costuras y reventar a quienes tienen en su cabeza, probablemente, la aplicación de la fuerza como primera —y a veces única— respuesta.
Recuerdo que durante el juicio en el Supremo se le intentó explicar al tribunal que los Mossos están llevando a cabo una fórmula de operar que es pionera a nivel internacional. Consiste en resolver los conflictos a través de la gestión positiva, lo que permite reducir la conflictividad social. Se trata de estar en contacto con los distintos grupos —de lo que sea— para identificar a las personas que puedan ser interlocutoras válidas, con la finalidad de evitar y resolver conflictos, pero sobre todo, evitar escalada en la conflictividad pudiendo llegar al origen. La cuestión en sí, la de infiltrarse o sacar información siempre ha existido en los cuerpos policiales. La diferencia es el cómo. Evidentemente, hay un abismo entre Billy el Niño y este planteamiento de los Mossos. Es evidente que nos movemos entre extremos.
Pero, sobre todo, hay algo que me ha llamado la atención, puesto que está en la propia página web de los Mossos, cuya actualización última es del 1 de septiembre de 2016, o sea que no se ha cambiado ni un punto ni una coma desde entonces. Si desde el Supremo hubieran leído esto, quizás habrían entendido mejor todo lo que la Audiencia Nacional sí parece haber asimilado a la perfección. Lean:
"Queremos garantizar que todo el mundo podrá ejercer sus derechos fundamentales de manifestación y de libre movilidad en un ambiente pacífico y, si es posible, con la mínima intervención de la policía.
- Identificamos a interlocutores para crear espacios de diálogo.
- Les asesoramos sobre:
- la legislación y el procedimiento administrativo a seguir;
- las formas recomendables para que se desarrolle la manifestación o concentración;
- las consecuencias administrativas de los incumplimientos.
- Informamos de las situaciones de riesgo que pueden producirse en contra de la seguridad de los participantes y de terceras personas.
- Negociamos el desarrollo de los actos reivindicativos para evitar los incidentes.”
Trapero actuó en base a los criterios que tienen pautados los Mossos. Otra cosa es que esos criterios choquen frontalmente con la manera de entender la función policial de otros
Aquí estaba todo dicho. No hacía falta buscar más. Es perfectamente coherente lo que aquí se explica con lo que se vio tanto el 20 de septiembre como el 1 de octubre. Por lo que resultaba evidente que no es que Trapero fuera indepe o lo dejara de ser. Es que actuó en base a los criterios que tienen pautados los Mossos. Otra cosa es que esos criterios choquen frontalmente con la manera de entender la función policial de otros. Basta con hacer el simple recorrido de visitar las páginas web de otras fuerzas policiales y leer sus presentaciones. Se habla de jerarquía, de armas, de leyes. Es muy distinto el enfoque.
En definitiva, se trata de no generar más conflicto. No calentar más la mecha, no avivar las llamas. Que es, precisamente, lo que intentaron hacer los Mossos en las actuaciones que todos hemos podido ver y analizar. Hablar con quienes tenían capacidad de liderazgo (como los Jordis), para mantener en todo momento la calma, para que todas las personas (muchas) que había concentradas supieran en cada momento lo que podían y no podían hacer. Y lo consiguieron. Porque, incluso habiendo dejado la Guardia Civil un vehículo abierto y lleno de armas cargadas, no se produjo el más mínimo incidente. Lo más grave fue que los vehículos terminaron destrozados: porque todo el mundo se subió a ellos, empezando por los periodistas de todos los medios de comunicación españoles que estuvieron grabando desde ellos durante todo el 20-S.
La sentencia de la Audiencia Nacional, en mi opinión, viene a demostrar que el derecho sí puede evidenciar que lo que ha ocurrido en Catalunya ha sido una muestra de movilización social, pacífica y valiente para expresar una opinión. No para dar un golpe de estado ni para provocar ningún tipo de violencia.
Y a medida que pase el tiempo, se irá confirmando, como ha hecho esta sentencia, que algunos han mentido, que lo que han dicho no se correspondía con la realidad. Y por su responsabilidad y cargo que ostentan, si aquí se quiere hacer justicia, deberían juzgarles por ello.
La necesaria puesta en libertad de todos los condenados por el procés es ahora todavía más evidente que antes, si cabe. La justicia tiene quien se preocupa por los hechos, por la verdad y por no jugar a lo que no le corresponde. Sería una buena noticia, si no fuera porque es como encontrar una aguja en un pajar en este asunto del procés.