Ayer se pronunció el fiscal del “caso Altsasu”, José Perales. En su informe, argumentó las razones por las que considera que los ocho chavales deben ser condenados por delitos de terrorismo. Según él, lo sucedido en aquella noche de 2016 refleja “lo peor de la raza humana”, lo que “llevó en Europa a las mayores atrocidades: la xenofobia, el racismo y el fascismo”.  Considera el fiscal que los “supremacistas abertzales son un nacionalismo trasnochado que quiere la expulsión de unas personas porque hacen un trabajo que a ellos no les gusta y única y exclusivamente no quieren fuerzas de seguridad en su pueblo”. 

Entiende el fiscal que “ha sido probado que no fue una pelea de bar ni una trifulca, sino una acción planificada para agredir a los guardias civiles con un fin terrorista de expulsarles de Altsasu y de Navarra”.  Y añade que esto “refleja que aún persiste la herencia del terrorismo de baja intensidad” encargado por ETA y asumido por organizaciones juveniles de su entramado. Y por si no se entiende, explica el señor Perales que la ideología de ETA caló en los jóvenes, llegando estos a asumir que pueden llegar a defenderlas con violencia, y que esto es lo grave en este asunto. 

Considera que esta supuesta actuación de los chavales pretendía también ser una llamada de aviso a los demás vecinos del pueblo, para que todos hicieran el vacío a los guardias civiles y a sus parejas. Y narra el miedo que ellas han manifestado tener ante la posibilidad de decir públicamente que tienen una relación sentimental con agentes de la guardia civil. Para el fiscal, este miedo es el que pretenden imponer los radicales abertzales con el apoyo de políticos “melifluos pero también peligrosos”, y es que, subraya, estos políticos acuden a visitar a las familias de los acusados pero no a las familias de las víctimas. Apunta que la mujer del sargento presuntamente agredido no puede salir de su casa y compara esto con el sufrimiento de las víctimas del terrorismo que tuvieron que marcharse hace años de aquellas tierras. 

Todo esto ha quedado rubricado con una frase final, proveniente del fiscal, sí. Del fiscal: “"Y no queremos que vengan dentro de veinte años a pedir perdón porque entonces no valdrá, es ahora cuando se precisan hombres y mujeres de talla que den un paso adelante y estén con todas las personas que sufren".

Como puede comprobar mi querido lector las afirmaciones de la fiscalía aquí rescatadas son más bien un discurso político que un relato de hechos comprobados y su consecuente tipificación, en caso de haber sido constitutivos de delito. Valoraciones absolutamente subjetivas, desde un relato ideológico que no deja lugar a dudas. El fiscal hace una valoración absolutamente parcial y fundamentada en su punto de vista personal sobre cuestiones de índole política, planteado más bien los hechos desde una perspectiva del Derecho Penal de autor en lugar de hacer su función: esto es, una valoración objetiva de lo que pueda probarse. 

Y usted pensará: ¿qué es el derecho penal de autor? Una breve explicación para intentar comprender lo que está sucediendo actualmente en este llamado “estado de Derecho”: el derecho penal del enemigo o de autor hace referencia a la manera de aplicar el Derecho en base al sujeto juzgado. Pongamos un ejemplo sencillo: durante un tiempo, el Código Penal alemán sancionaba las conductas de manera diferente si quien las cometía era judío o no lo era.  Y de aquél entonces viene la definición. Muy actual, por cierto.

El derecho penal del enemigo o de autor hace referencia a la manera de aplicar el Derecho en base al sujeto juzgado

En este caso específico tenemos una situación paradigmática, de las que se podrían plantear como un caso práctico en la facultad. De un lado, guardias civiles (que no estaban de servicio); del otro, un grupo de muchachos de presunta ideología independentista (vaya usted a saber en qué se basa el fiscal para saber lo que estos chicos y chicas tienen en sus cabezas a nivel político).

Si yo tuviera que resolver este “caso”, tal y como aprendí en la Universidad, tendría que ceñirme a los hechos objetivos y probados: una pelea, a las cinco de la madrugada, en un contexto de fiestas del pueblo (fiestas oficiales, autorizadas por la delegación de gobierno). Y en mi opinión, esto es lo que debería ser juzgado: si hubo lesiones, si hubo amenazas, y en la medida en que esto pueda ser probado, se debería estudiar y castigar. Lesiones, quizás amenazas, y siempre en el contexto de una pelea, que no es lo mismo que agresión (en la última el agredido es únicamente víctima; en la primera, las dos partes se agreden).

Sin embargo, estamos observando cómo el planteamiento desde el primer momento fue distinto: en lugar de valorar hechos objetivos, se ha puesto el foco en quiénes son los sujetos. El hecho de que una de las partes pertenece al cuerpo de la Guardia Civil, y la otra parte presuntamente tiene ideología independentista. En base a ello se ha querido plantear el suceso como un acto de terrorismo. 

Los agentes de la Guardia Civil, un sargento y un teniente, han presentado sus acusaciones. En ellas, relatan su testimonio donde indican que fueron atacados por unas veinte personas; que sintieron pánico, que temieron por su vida; que recibieron golpes y graves agresiones; incluso, el sargento, que llevaba una camisa blanca el día de los hechos, ha manifestado que ésta quedó totalmente destrozada, llena de sangre, pisoteada; el teniente sufrió una lesión en el tobillo. 

El testigo presentado por su parte acaba de reconocer que ha sufrido presiones.

Hasta el día de ayer no habíamos conocido algo que puede hacer cambiar todo este asunto. Y es importante. Porque algunos de los acusados llevan casi dos años en prisión preventiva, cumpliendo una condena sin que hayan sido juzgados. Y precisamente lo que ayer se presentó en el juzgado podría venir a demostrar que la versión dada por los agentes era falsa.

El video que fue grabado en el momento en que los agentes forales acudieron inmediatamente después de la supuesta pelea.   

En este documento puede verse claramente que la camisa blanca del sargento está en perfecto estado. Y la supuesta paliza que él dice haber recibido ya habría tenido lugar. Igualmente, el sargento está en perfectas condiciones físicas. Ni rastro de agresión. El sargento está como su camisa: impecable. Y por lo que se ve, le sobraba energía para propinar un golpe a la persona que estaba inmortalizando el momento tirándole el teléfono al suelo. Todo esto ocurre en presencia de los agentes de policía que no hacen absolutamente nada.

Puede verse cómo los allí presentes solicitan que la policía identifique a este señor para interponer la correspondiente denuncia y nadie les hace caso. E igualmente, puede observarse cómo se llevan al sargento y a su pareja mientras éste continua increpando a los presentes, molesto porque se le esté grabando. 

Si el video le ha sorprendido, no ha sido usted la única persona que se ha quedado boquiabierta.

Estamos observando cómo el planteamiento desde el primer momento fue distinto: en lugar de valorar hechos objetivos, se ha puesto el foco en quiénes son los sujetos

Incluso al fiscal le ha sorprendido el video, precisamente porque la camisa blanca está impoluta. Pero dice que tengamos cuidado, porque no se fía. No se fía de que haya podido ser manipulado y no entiende por qué sale ahora este video, sin haberlo conocido (él) durante más de un año…

Yo por mi parte considero que este video tiene un valor incalculable, y que si yo lo tuviera, lo habría mantenido a buen recaudo hasta el momento procesal oportuno para evitar que pudieran reaccionar con algún montaje o tratar de destruirlo de algún modo. Y es que el video puede desmontar absolutamente todo, junto a lo que usted verá a continuación.

El segundo video que le invito a consultar lo tiene usted aquí

Es la declaración de las peritas médicas que han tenido que revisar a los presuntamente agredidos. Se muestran sorprendidas porque según los hechos relatados (una veintena de supuestos agresores contra cuatro) no haya señales de ningún tipo. Lo que más les llama la atención a las expertas es que no hay hematomas (moratones), que es lo mínimo que se produce en una pelea. 

En este mismo sentido, el bombero que realizó las primeras atenciones  y cuidados al teniente de la guardia civil manifestó en sede judicial que “tenía una herida pequeñita que le curamos con un par de gasas y le pusimos una cédula en el tobillo”. Y respecto a la pareja del teniente, el bombero manifestó que “rechazó la asistencia porque se encontraba bien”. 

 Seguimos.

El tercer y último video acaba de ser admitido como prueba por el tribunal. En él puede verse cómo uno de los principales acusados, Adur Ramírez, se encontraba en un partido de pelota vasca el día de los hechos. Y que iba vestido de una manera totalmente diferente a la que los presuntos agredidos relataron. Ningún testigo ha manifestado haberle visto en el lugar de los hechos sino todo lo contrario: Adur no se encontraba allí esa noche, a la hora en la que tuvieron lugar los altercados, según las declaraciones manifestadas ante el tribunal. 

De momento, la fiscalía pide penas de más de 370 años de prisión para los ocho acusados de terrorismo. Aquí puedes leer más al respecto

En mi opinión, resulta evidente que hay demasiadas piezas que no encajan, o que, desgraciadamente encajan demasiado bien. A este paso moriremos empachados de justicia y de estado de Derecho.