El próximo lunes, 8 de marzo, se someterá a votación, en la sesión plenaria del Parlamento Europeo, mantener o retirar la inmunidad de los eurodiputados independentistas catalanes, Carles Puigdemont, Toni Comín y Clara Ponsatí. El resultado no se conocerá, de manera oficial, hasta el martes a primera hora de la mañana.

No se hablará del asunto en los medios de comunicación españoles hasta que los resultados finales estén sobre la mesa, y ya sabemos lo que ocurrirá: si finalmente la votación decide retirar la inmunidad, la noticia se escribirá a lo grande en las portadas de los periódicos, y Ana Rosa, Ferreras y compañía pasarán la mañana del martes hablando de ello. Si el resultado fuera favorable, manteniendo la inmunidad, los medios de comunicación pasarán de puntillas sobre ello y probablemente pasen la mañana hablando de las manifestaciones y declaraciones al respecto del 8-M. Esto podría combinarse con Villarejo, Bárcenas y la Casa Real, que últimamente vienen bien para poner el foco de atención, o se sacarán de la manga alguna niñera de Pablo Iglesias o algún tuit de Pablo Echenique.

El resultado de la votación no está claro por el momento, a pesar de que, inicialmente, en la comisión parlamentaria donde se preparó el informe, la mayoría de votos se pronunciaron a favor de retirar la inmunidad y dejar así que la justicia determine si los eurodiputados son “entregados” a España para ser juzgados. El informe resultante de la votación hubo de ser corregido después al cometer graves errores, como por ejemplo, afirmar que a Clara Ponsatí se le quería juzgar por delitos que en realidad no se le imputan. La neutralidad y objetividad que deberían haber tenido, especialmente el ponente del informe, ha brillado por su ausencia, otra más de las irregularidades en el procedimiento que se suma al hecho de que en base al reglamento parlamentario se tendría que haber elaborado un informe para cada uno de los diputados. Una detrás de otra.

La cuestión que se tratará el lunes en el Parlamento Europeo es poliédrica y por ello cabe analizar múltiples cuestiones, que van más allá de la independencia de Cataluña y su defensa dentro del marco europeo. Un conflicto político que genera tensiones dentro de los grupos parlamentarios, puesto que la votación se hará de manera secreta, algo que pone muy nerviosos a los dirigentes españolistas.

Normalmente en Bruselas las votaciones suelen tener dos ejes: el criterio político en términos ideológicos para asuntos que no tocan cuestiones nacionales, y el criterio de país, donde las formaciones políticas anteponen los intereses territoriales a las agendas de partido. Equilibrar esas balanzas es la clave fundamental de la política del Parlamento Europeo. Por eso en cuestiones que afectan de manera directa a un estado miembro, como pueden ser cuotas en materia de pesca, cuestiones de agricultura, las negociaciones se realizan en primer término entre los parlamentarios nacionales de un territorio, suelen llegar a acuerdos de índole estatal estableciendo alianzas suprapartidistas. Los grupos políticos valoran las tensiones internas y dan cierto margen a sus eurodiputados para actuar con cierta libertad. Suelen darse tensiones dentro de los grupos políticos y a veces se negocia para que, en algunos casos, la brecha dentro de las formaciones políticas generada por intereses de índole territorial, sea diluida lo máximo posible.

Otras veces, cuando se trata de cuestiones que tienen que ver con derechos y libertades los supuestos idearios de los partidos establecen líneas de actuación transnacionales dividiendo a la cámara claramente en criterios más ideológicos que nacionales.

Pero establecer la línea divisoria no resulta sencillo, puesto que, a veces, lo que uno interpreta como cuestión de derechos y libertades, otros lo ven claramente como una cuestión territorial, un asunto de Estado. Y precisamente este es el caso que nos ocupa.

Afloran aquí las incoherencias ideológicas en las formaciones políticas, puesto que desde una perspectiva españolista, los parlamentarios socialistas y populares fundamentalmente, pondrán por encima de los criterios políticos de sus grupos parlamentarios, su interés territorial. Algo que sobre todo generará tensiones a los que se integran en el grupo parlamentario S&D, puesto que dentro de la familia socialdemócrata europea el sentir al respecto del derecho de autodeterminación es muy dispar. Sin ir más lejos, su actual líder en el Parlamento Europeo, Iratxe García, de la delegación española, es una fiel y firme defensora del derecho de autodeterminación del Sáhara. Algo que ha abanderado durante toda su vida, tanto de manera pública como personal. Y como ella, muchísimos miembros de su grupo parlamentario que tienen una posición abierta sobre la autodeterminación de los pueblos. Los laboristas de Israel, por ejemplo, han trabajado mucho por establecer puentes y diálogo con Palestina, algo en lo que ha ayudado muy notablemente el partido socialista alemán, a través de fundaciones como la de Willy Brand en Jerusalén.

La decisión que se tome sobre los eurodiputados catalanes tiene más que ver con la base de la democracia europea que con los intereses particulares que, en este caso, España quiere imponer


Los socialistas austriacos, y los suecos también, han apostado siempre por la defensa del derecho de autodeterminación. Cuentan con una larga historia en procesos de colaboración y cooperación para establecer puentes de diálogo y creación de paz en situaciones de conflicto. El Olof Palme Center tiene un larguísimo recorrido precisamente en estas cuestiones, enfocando en muchas ocasiones sus esfuerzos para crear espacios de diálogo en conflictos de soberanía territorial.

Unos ejemplos que ponen de manifiesto que la discusión en el seno socialdemócrata no será sencilla. Algo que se ha puesto de manifiesto con las declaraciones públicas realizadas por el que fuera primer ministro de Malta, y eurodiputado socialista, Alfred Sant, que sin cortarse lo más mínimo ha dicho públicamente que si el Parlamento Europeo retira la inmunidad de los diputados catalanes, contradirá y pondrá en ridículo las posturas que ha venido adoptando hasta ahora sobre la defensa de la democracia, los derechos humanos y el Estado de Derecho. Por si esto fuera poco, ha dejado claro que lo que ocurre aquí tiene que ver con una manera de entender la ley desde una perspectiva franquista.

Y como él, un grupo de 52 ex eurodiputados han firmado una carta en la que piden a sus colegas parlamentarios en activo que sean conscientes de lo que se está abordando en esta votación. Y piden que no se retire la inmunidad de los eurodiputados catalanes independentistas por la gravedad que supondría para Europa semejante precedente. Sus firmas provienen de diferentes territorios de toda la UE y entre ellas, hay representantes de toda índole ideológica. Una evidencia de que este asunto va más allá de criterios territoriales, pues afecta a lo más básico en la configuración del proyecto europeo: la democracia, la soberanía y los derechos humanos.

Así lo consideran desde el grupo de la Izquierda Europea, que ha salido también públicamente a defender la inmunidad parlamentaria de los catalanes. Como los Verdes.

Es triste que en España no se esté abordando esta cuestión con rigor y objetividad desde los medios de comunicación. Y considero que es triste porque está siendo un asunto que, en criterios de política internacional, es importantísimo y muy interesante.


Se ponen sobre la mesa cuestiones tan importantes como las libertades de la ciudadanía europea, su derecho a expresarse, la ponderación y proporcionalidad de los cuerpos jurídicos de los estados miembro, la calidad democrática y del estado de derecho de los países que configuran una Europa que necesita regenerarse ahora para poder seguir siendo lo que ha sido hasta ahora: el faro mundial garante del estado de bienestar y de la democracia.

La crisis económica de 2008 ya le supuso un buen golpe a Europa, pues no supo mantener los derechos fundamentales de sus ciudadanos a salvo, primando la economía por encima de todo. Sin ser capaces, además, de gestionarla de una forma equitativa. La pandemia de Covid-19 ha vuelto a suponer un varapalo del que aún desconocemos las consecuencias sobre los pilares fundamentales de la Unión, pues ya estamos viendo de qué manera los derechos y libertades de la ciudadanía se ven a veces doblegados ante una crisis sanitaria, que ha tenido unas consecuencias tremendas precisamente porque durante la crisis económica previa se debilitó la estructura que garantizaba  sanidad de calidad para la ciudadanía europea. La crisis migratoria producida por los conflictos en el Mediterráneo ha sido otra de las asignaturas que la UE ha suspendido. Son demasiadas ya en la última década como para que Europa siga intentando vivir de las rentas tanto tiempo.

Por todo esto considero que Europa ahora mismo se la juega. La decisión que se tome sobre los eurodiputados catalanes tiene más que ver con la base de la democracia europea, con el camino que quiere transitar a partir de ahora, que con los intereses particulares que, en este caso, España quiere imponer. Y precisamente a España no se la mira con muy buenos ojos en el panorama europeo: por su gestión de la crisis económica, por su gestión de la migración, por su gestión de la pandemia. Además, por si fuera poco, los escándalos que está regalando ahora la monarquía española, el encarcelamiento y persecución de personas por expresar su opinión hacen que la imagen que se tiene del Reino sea cada vez más oscura. Y eso lo saben tanto los eurodiputados socialistas de otros territorios como los liberales, los de izquierda y los verdes.

La fuerza que ejerzan desde España, la presión que sean capaces de aplicar sobre los compañeros de grupos parlamentarios, marcará el rumbo de unas votaciones

La justicia alemana ya se pronunció sobre el caso Puigdemont, por lo que los alemanes, que son muy garantistas con el derecho, posiblemente vean en sus propias sentencias un camino de inspiración. Sirva como ejemplo la tensión entre Alemania (la de Merkel) y Marruecos por el conflicto del Sáhara del que en España no se habla.

Pero todo está en el aire. Puede pasar cualquier cosa. La fuerza que ejerzan desde España, la presión que sean capaces de aplicar sobre los compañeros de grupos parlamentarios, marcará el rumbo de unas votaciones que, finalmente, habrá que saber interpretar después, puesto que al ser secretas, tampoco permitirán conocer lo que ha decidido cada quién. Si fueran públicas la presión podría funcionar mejor, qué duda cabe. Pero el hecho de que cada parlamentario tenga libertad para votar, y nadie pueda comprobarlo después, aporta a todo esto un nivel mayor de interés.

Sea como fuere, ahora la cuestión va más allá del caso concreto de Puigdemont, Comín y Ponsati. Son los pilares fundamentales de la Unión Europea los que están bajo cuestión. Y si retiran la inmunidad a estos parlamentarios por haber llevado a cabo una consulta pacífica dentro de la Unión Europea, donde ya se han producido otras sin que haya habido ni violencia policial ni condenas de prisión, supondría un precedente lamentable y difícil de justificar en un futuro no muy lejano, cuando la UE posiblemente apoye a Escocia, al poner en marcha un referéndum que le permita de alguna manera seguir siendo parte del proyecto de la Unión.