¡Me gustaría tanto tener un president de la Generalitat capaz de llamarle cretino al expresidente de la Junta de Extremadura Juan Carlos Rodríguez Ibarra! Un sueño que no llega a ser húmedo del todo, pero que forma parte de las quimeras que debería alcanzar este país antes de que muramos de inanición. Un president de la Generalitat capaz de hacer tantas cosas políticamente incorrectas, que nos subiría la moral por el mero hecho de poderla palmar, al menos, de pie. Un president mucho menos equidistante, con mucha más rauxa que seny, para recuperar la autoestima del país. Y hablo de Rodríguez Ibarra porque este sinvergüenza ya ha vuelto a abrir la boca contra la inexistente financiación singular de Catalunya. De la singularidad de Madrid D.F. no tiene nada que decir, porque, antes que socialista, Rodríguez Ibarra es un falangista de corazón, un amante de la España invertebrada, un burócrata de manual, un fiel constitucionalista, y no veo ninguna diferencia estructural entre la España que desea un votante de Vox y la que reivindica este militante del felipismo. A los Rodríguez Ibarra de turno les gusta la Catalunya que paga impuestos para mantener a salvo el chiringuito de los patriotas y de los monárquicos extremeños y el de otras comunidades subvencionadas, la que llena las selecciones de deportistas que luchan por la gloria de España, la Catalunya de los que juran fidelidad a cambio de premios, patrocinios y subvenciones, la Catalunya subordinada al comedero español. Y cuando se le tacha de catalanófobo, Rodríguez Ibarra sale con la cantinela de que él es del Barça. Con barcelonistas así, prefiero hacerme del Espanyol.
Por estas razones, y por tantas otras perfectamente diagnosticadas, sueño tanto con disfrutar de un president de la Generalitat que no trate de comprender —impulsado por un estúpido espíritu de concordia— a quienes nos insultan, un sueño que, de tan húmedo, me está volviendo incontinente y me meo en la cama a consecuencia de una incontinencia verbal diagnosticada.
La situación de la AP-7 describe conspicuamente la situación de Catalunya. Cuando era una vía de peaje y servía para mantener la gratuidad de gran parte de las autovías de España, el Estado la cuidaba como si fuera una alfombra de seda natural. Una vez que los catalanes logramos su gratuidad, ganada peseta a peseta, euro a euro, el Estado ha dejado de invertir en ella por miedo a lo que dirán los caraduras como Rodríguez Ibarra, y la AP-7 se ha convertido en una carretera nacional más parecida a un camino de carros que a una vía que nos conecte con cierta grandeur con la autopista francesa A9, conocida también como La Languedocienne o La Catalane.
Con la AP-7 y las Rodalies desmanteladas, seguro que la presidenta de la Comunidad de Madrid sacará pecho cuando su región supere a Catalunya en el PIB nacional
Ante la catástrofe, la Generalitat y el Estado han intentado encontrar soluciones bastante inverosímiles. Una es la de convertir la vía en una fuente de ingresos indirectos, quiero decir, a base de multas, obligando al conductor a variar de velocidad intermitentemente si no quiere destinar su paga mensual a los burócratas de la DGT. Del aumento de los accidentes, se ha culpado, cómo no, al conductor, pero los cambios constantes en la limitación de la velocidad no ayudan a generar tranquilidad y a una conducción confiada. Que aprendan de los franceses. A 130 km/h se circula fantásticamente, si la carretera está en condiciones de ser circulada. La última gran idea es la de comprar la C-32 —creo que este es el número— para oxigenar la AP-7. Una nueva vía gratuita por la que habría que pagar un pastón a su propietaria, una empresa que todo el mundo conoce, la ACS de Florentino Pérez, razón por la cual, mira tú por dónde, el dinero iría destinado a los poderes fácticos del Km 0. Como decía el ínclito presidente del Barça Josep Lluís Núñez: cuando siempre sale el 36, es que algo no funciona.
A toro pasado es fácil sacar conclusiones, y son muchos los que consideran que habría que volver a establecer peajes en la AP-7. Esto sería una claudicación, si la reimplantación de los peajes no fuera acompañada de una solución justa: establecer peajes en todas partes y que Catalunya no se convirtiera, como siempre, en la vaca lechera de las infraestructuras del Estado. Otra solución sería la de aplicar un sistema a la suiza, con una viñeta obligatoria de equis euros al año. Evidentemente, ni esta ni otras soluciones se establecerán, porque, a escala nacional, sería un suicidio electoral para cualquier partido que intente llegar a la Moncloa. ¿Se imaginan qué diría Rodríguez Ibarra si tuviera que colocar un adhesivo de pagador en el cristal de su coche o que automáticamente se vinculara la matrícula de su coche a una cuenta bancaria? Nada bueno, aunque intuyo que brotaría de su boca incontinente la palabra injusticia por el hecho de que los extremeños tuvieran que pagar las autopistas de los catalanes. Y también sé qué diría Isabel Díaz Ayuso, gritando como una vendedora de zarajos, escandalizada ante la ignominia de que Madrid tuviera que mantener las carreteras de quienes quieren destruir España.
Llegado a este punto, lo mejor será seguir donde estamos. Con una AP-7 abandonada y convertida en una máquina de hacer dinero mediante radares o en una ratonera para los conductores que buscan, en una autopista, una vía rápida y segura.
Con la AP-7 y las Rodalies desmanteladas, seguro que la presidenta de la Comunidad de Madrid sacará pecho cuando su región supere a Catalunya en el PIB nacional. Hoy ya aportan el 19,8 %. En cinco años, pueden llegar al 70 %. Todo consiste en convertir a Catalunya en una parte más de la España vaciada, aunque sea haciendo trampas. Como decía Josep Lluís Núñez: cuando siempre sale el 36, es que algo no funciona.