Y volvió a pasar. Vuelve a ser verdad que hay cosas que sólo suceden en España. ¿Por qué cientos de miles de personas residentes en el extranjero, una parte muy importante jóvenes que han tenido que emigrar para encontrar un trabajo que su país les negaba, tampoco podrán votar el próximo día 20? ¿Es eso lo propio de un país con una democracia de calidad como los de nuestro entorno? Sucedió en las pasadas elecciones catalanas del 27 de septiembre. Y no se le quiso dar importancia a un hecho de enorme gravedad. Las prospecciones postelectorales realizadas constataron que el resultado hubiera sido otro si la colonia en el extranjero hubiera podido depositar el voto. Más de un mes después de la jornada de votación, seguían conociéndose ejemplos de ciudadanos que recibían las papeletas para votar, sacas extraviadas en Roma, denuncias en Estados Unidos, Chile, México y Shanghái. La candidatura de Junts pel Sí fue la principal damnificada, y es muy probable que el escaño que le ha faltado para llegar a 63 –frente a los 62 que en este caso hubiera obtenido la oposición– se perdiera en la complicada maquinaria administrativa para votar con que tropiezan los residentes en el extranjero.

En aquel caso, el 27S, nadie le dio la importancia que tenía, entre otras cosas porque llovía sobre mojado: en las elecciones catalanas del 2012 ya había sucedido. Pero como si se tratara de un boomerang el tema ha vuelto a resucitar en las elecciones españolas. El fraude –porque no es otra cosa cuando de facto las trabas para votar son enormes– puede llegar a más de un millón de personas repartidas en las 50 provincias españolas, más Ceuta y Melilla. No protestan el PP y el PSOE, partidos supuestamente más beneficiados con esta circunstancia. Se considera que al ser la gran mayoría de afectados jóvenes, las opciones preferidas por este segmento del electorado son los nuevos partidos, como Ciudadanos o Podemos.

Lo dije después del 27S y lo repito ahora: la solución sólo puede venir del voto electrónico y es algo que se debería asegurar al máximo. Sería una compensación por la imposibilidad que han tenido nuestros jóvenes, en muchos casos, de acceder aquí a un trabajo digno.