El 18 de octubre de 2010 se celebraron las elecciones para renovar la cúpula de la patronal catalana Foment del Treball. Joan Rosell, el empresario que de joven había justificado el golpe de estado del 23-F, aspiraba a la reelección. Las aguas de la política catalana ya bajaban bravas desde que el 27 de junio de aquel año el Tribunal Constitucional había dictado la sentencia de muerte contra el Estatut del 2006 pactado entre Maragall y Mas con la oposición de Esquerra. Estaban a punto de abrirse las puertas de lo que más adelante se conocería como procés. Los aires de cambio se podían palpar por todas partes, a caballo de las consultas populares. También entre el mundo empresarial. Así es como surgió una candidatura alternativa a la oficialista de Rosell, quien, por otro lado, llevaba quince años presidiendo la entidad patronal. La candidatura renovadora estuvo encabezada por el consejero delegado grupo Irestal, Joaquim Boixareu, e incluía empresarios y ejecutivos como Antoni Zabalza, Carles Sumarroca, Antoni Marsal o Bernardo Gómez. A pesar de que no era una candidatura estrictamente soberanista, una gran mayoría de los candidatos estaban vinculados a la asociación empresarial Femcat que había presidido Boixareu, y que sí que lo era. También contaba con el aval del presidente de la patronal vallesana Cecot, Antoni Abad, que estaba declaradamente alineado con las tesis de lo que entonces se designaba como derecho a decidir. El experimento no acabó bien. Rosell ganó las elecciones y lo hizo con cierta tranquilidad.

Si no me equivoco, en todos estos años no ha habido otro intento parecido para abordar la conquista de la dirección de la patronal por parte de alguien que estuviera dispuesto a defender una concepción nacional y soberana de Catalunya. Tampoco ha habido ningún intento de probarlo en otras entidades. Fue necesario esperar a la irrupción de Joan Canadell, quien el 16 de junio de 2019 tomó el timón de la Cambra del Comerç. Concurrió a las elecciones con una candidatura desacomplejadamente independentista para derrotar a Carles Tusquets —marido de Rosa Cañadas, actual aspirante a presidir el Círculo de Economía contra el continuista Jaume Guardiola— y Ramon Masià, heredero de Miquel Valls, el viejo patrón de la Cambra desde 2002 hasta ese momento. Canadell es ahora diputado de Junts en el Parlament y la Cambra está presidida por Mònica Roca, quien había acompañado a Canadell en la candidatura Eines de país. Roca fue elegida por el pleno de la Cambra con 32 votos y se impuso a José María Torres, presidente ejecutivo de Numintec y vicepresidente de la fundación Pimec, que solo consiguió 4. La Cambra es un bastión del soberanismo, donde también actúan personas como el abogado Jordi Domingo, cónsul mayor del Consolat de Mar, y reconocido defensor de los derechos democráticos y nacionales del país. En febrero de 2021, Pere Barrios intentó el asalto a la Pimec con la candidatura Eines Pimec, pero perdió ante Antoni Cañete, favorecido, curiosamente, por el entorno de Esquerra y de la antigua CiU. El 26 de noviembre de 2020, Cañete, que había accedido a la presidencia interinamente por la renuncia de Josep González i Sala, fichó a Josep Ginesta, que acababa de cesar como secretario general de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya. Lo que debería haber sido un escándalo, no lo fue, pues este señor es de Esquerra. No ocurrió nada ni él tuvo ninguna influencia para que su equipo adoptase postulados soberanistas. Al contrario. Ahora Ginesta es secretario general de Pimec y lo del soberanismo está guardado en un cajón. Así pues, restando el reducto soberanista de la Cambra, el mundo empresarial, por lo menos el que aspira a controlar las grandes corporaciones patronales, tiene un claro sesgo unionista o, a lo sumo, autonomista. En mi columna anterior les hablé del libro de Manel Pérez sobre el efecto del procés en las élites económicas catalanas. La conclusión es que estas élites actuaron, mayoritariamente, como un caballo de Troya para cerrar el paso al independentismo, alimentando un ambiente de miedo y fomentando el traslado de las sedes de bancos y empresas fuera de Catalunya.

¿Quién hará frente de verdad al Estado para combatir el expolio, la discriminación y el asedio al catalán, que ha sido el nervio de la nación, si no es alguien decididamente independentista?

Al cabo de doce años de las elecciones en las que Boixareu intentó retar a Rosell y su continuismo, el próximo 18 de julio (qué fecha más nefasta) vuelven a celebrarse elecciones para elegir la dirección del Foment del Treball. Se presenta una sola candidatura, encabezada por Josep Sánchez Llibre, quien ha sido un político más que no un empresario. El escudero en Madrid durante años (de 1993 a 2016) de Duran i Lleida, opta a la reelección, puesto que preside Foment desde que en noviembre de 2018 se impuso a Joaquim Gay de Montellà i Ferrer-Vidal. El político democristiano actúa según los principios del “catalanismo sin esperanza” —según una afortunada descripción de Andreu Barnils—, que él y una corte mediática muy bien remunerada intentan recuperar de las cenizas del régimen del 78. Además, ha convertido Foment en el refugio para muchos antiguos miembros de UDC, el partido garrapata de CDC. En su conjunto están muy desfasados, aunque su oposición al independentismo los lleve a pensar lo contrario. La desconexión de la mayoría de catalanes del proyecto español sigue vivo por mucho que ahora el desaliento por la derrota del 2017 alimente el nihilismo de algunos sectores militantes del independentismo y el abstencionismo de la gente normal y corriente. El pasado no volverá, porque, agarrándome a una metáfora de Jordi Pujol, “desde los cerros” de hoy ya no se aspira a encontrar la autonomía “al otro lado del río”, sino la independencia. El unionismo lo aceptará o no, volverá a engañarse como se engañó Mariano Rajoy, pero la desconexión es bien real. En 2013, puede que Dyango se convirtiese en “un héroe por accidente” porque abrazó el soberanismo con toda naturalidad, como indicó Iu Forn en un artículo en el diario Ara. La excepcionalidad de entonces, ahora ya es norma a pesar de que haya habido un repliegue provocado por la represión.

Confiemos en que al final de la jornada de hoy Junts resuelva satisfactoriamente la votación para ratificar los nombres que faltaban para completar la dirección pactada entre Laura Borràs y Jordi Turull. El momento político actual no está para entretenerse con las batallitas internas de un partido que debería ser la punta de lanza de un independentismo indomable, lo que no significa imprudente, para encabezar la remontada. Ante circunstancias excepcionales, grandeza de miras. Si la gente está desanimada es porque, de entrada, no se fía de unos dirigentes políticos que han demostrado tener una escasa capacidad directiva. La gente los acompañó durante la represión y ellos no han sabido devolver esos mimos con un juego político honesto. Han arruinado el independentismo como Bartomeu ha hundido el Barça hasta cotas inverosímiles. Mientras se pelean sobre quién tiene más cargos en el Govern y quién controla la ejecutiva de los partidos; mientras discuten quién influye más en Òmnium o en la ANC, la hegemonía social sigue en manos del unionismo. Que la sociedad civil esté dominada por el unionismo, aunque se declare autonomista, es una desgracia que hay que revertir.

¿Quién hará frente de verdad al Estado para combatir el expolio, la discriminación y el asedio al catalán, que ha sido el nervio de la nación, si no es alguien decididamente independentista? El catalanismo autonomista sigue sin arremangarse para defender la inmersión lingüística simplemente porque está rendido de entrada al unionismo. El independentismo tendría que despertar y reaccionar de una vez. Si en 1901 el presidente del Foment del Treball, Albert Rusiñol, fue uno de los cuatro presidentes de la primera candidatura electoral catalanista, el independentismo actual tiene que andar el camino inverso. Tiene que aspirar a que el próximo presidente de Foment sea independentista, del mismo modo que tiene que potenciar un sindicalismo independentista que desbanque a los sindicatos unionistas, bastiones de la desmovilización. En algunos ámbitos ya lo ha logrado, como por ejemplo en la universidad y en la administración de la Generalitat, pero es necesario que el sindicalismo soberanista sea mayoritario. Para conseguir hitos como estos, que no son fáciles, hay que diseñar una estrategia que supere la obsesión de los políticos de mirarse el ombligo. Así como la tendencia del entorno mediático de llorar y llorar con impotencia ante la represión, asumiendo, encima, el relato del Estado según el cual la década soberanista ha sido una mentira del mal llamado procesismo.