El Parlament de Catalunya ha vivido una jornada extraordinaria. Supongo que podríamos decir que ha sido histórica, visto el nerviosismo de los portavoces de la oposición, que han intentado transmitir la idea de que la mayoría soberanista ha conculcado los derechos de los diputados. Era evidente que tarde o temprano llegaría el día que el filibusterismo haría acto de presencia en la Cámara catalana. El primero en disparar ha sido Joan Coscubiela, que ha pronunciado un discurso agresivo, a la madrileña, tremendista, muy del gusto del PP de Rajoy. Él se ha vanagloriado de esta coincidencia, pero la realidad es que sus palabras no han sido aplaudidas por los diputados de Podem Catalunya y EUiA. La profunda crisis del espacio de Catalunya en Comú ha quedado patente cuando el líder de Podem, Albano-Dante Fachin, se ha levantado de su escaño y se ha desmarcado de Coscubiela por la vía de decir que no estaba de acuerdo con la tesis que se habían conculcado los derechos parlamentarios.

Es cierto que el procedimiento parlamentario seguido no es el más óptimo. Eso lo sabe incluso la mayoría soberanista. ¿Pero qué otro procedimiento se podía utilizar cuando el PP y el PSOE se niegan por activa y por pasiva a dejar votar a los ciudadanos de Catalunya para decidir su futuro? La determinación del Gobierno Puigdemont es clara y me da la impresión de que cada día es más evidente que el 1-O se celebrará, a pesar de los tejemanejes de aquellos grupos que se han echado al monte del obstruccionismo. Mientras escuchaba a los parlamentarios y constataba su impotencia para parar lo inevitable, también veía claro que el recurso que utilizarían los grupos sería el obstruccionismo. Han querido ensuciar el debate.

La institucionalidad española hace tiempo que está dañada. Tienen el poder, pero no tienen legitimidad

El gran problema es que Cs y PP y Coscubiela se han querido aferrar al reglamento y al filibusterismo para evitar discutir el fondo de la cuestión. Esta, sin embargo, no será una batalla legal. Desde el 2010 es una confrontación política que ha ido agravándose año tras año, con un descarado abuso de poder de las instituciones del Estado. El último movimiento del Tribunal de Cuentas de acusar a siete nuevos altos cargos de la Generalitat por el 9-N va en esta dirección. A pesar de lo que digan los propagandistas gubernamentales, la institucionalidad española hace tiempo que está dañada. Tienen el poder, pero no tienen legitimidad. Hay quien no lo quiere ver e incluso interpreta mal la situación y se permite el lujo acusar la mayoría soberanista de violentar la democracia.

En los pasillos del Parlament, algunos parlamentarios unionistas se mostraban muy distantes. Y es que son conscientes de que este 6 de septiembre se ha puesto en marcha la ruptura de verdad. ¿Se podía haber negociado antes? ¡Claro! Pero llegados a este punto, la negociación se producirá, si se produce, al día siguiente del 1-O. La jornada de este miércoles ya no admite dudas. Estamos ante un cambio político de gran alcance. El Govern ha convocado el referéndum tras la aprobación por el Parlament de la ley que lo ampara. El gobierno de España todavía no quiere admitir que este referéndum se hará tal como se pudo hacer el 9-N, sin que el Estado lo pueda impedir. Estamos en campaña y el Govern va sorteando los impedimentos procedimentales, el recurso al filibusterismo de los grupos unionistas y la campaña mediática con habilidad. La disputa parlamentaria de hoy ha puesto de relieve que el orden constitucional de 1978 se está agotando en Catalunya junto con el nacionalismo español del siglo XIX. Hoy ha empezado el siglo XXI.

¿Te ha parecido interesante este artículo? Para seguir garantizando una información comprometida, valiente y rigurosa, necesitamos tu apoyo. Nuestra independencia también depende de ti.
Suscríbete a ElNacional.cat