No os creáis a Isabel Díaz Ayuso. Ni Catalunya ha entrado en una fase de decadencia por culpa del independentismo, ni Barcelona ha dejado de ser una capital económica, a pesar de los esfuerzos de los comuns para conseguirlo. Los datos no ratifican una cantilena que se difunde, tanto desde Madrid como desde Catalunya, con una clara intencionalidad política. Se trata de esparcir la idea de que el independentismo es el responsable de todos los males que, justamente, fueron el origen del crecimiento electoral independentista. El discurso de la decadencia incluso lo ha comprado el conservadurismo catalán. Se ve que no recuerda el mal crónico que el déficit fiscal ha provocado a la economía catalana o bien de qué manera las destartaladas infraestructuras aeroportuarias han lastrado la expansión, con trampas incluidas, como por ejemplo plantear una ampliación de El Prat, sin consultar a la Generalitat, simplemente para equilibrar la cuenta de resultados de Aena.

El modelo Ayuso es un contramodelo. Además, es un liberalismo falso. Quien quiera copiarlo en Catalunya deberá tener en cuenta que Barcelona no es la capital de ningún estado y, por lo tanto, no tiene la almohada extra que tiene Madrid. Ayuso se ha puesto de moda entre el neoautonomismo catalán porque el vacío político es tan profundo, que es fácil creer en prestidigitadores. El iluminismo se alimentaba de algo parecido. Àngels Chacón, líder del nuevo partido heredero de la CDC más vieja y degradada, la de los corruptos, se ha presentado esta semana copiando el discurso de la presidenta madrileña. No conoce Catalunya, por lo menos la Catalunya de verdad. En los últimos años los catalanes y catalanas independentistas se han decantado cada vez más hacia la izquierda ideológica. En una escala del 0 (izquierda) al 10 (derecha), la media del electorado se sitúa en un 3,93, según el BOP de 2020. Es por eso que Chacón se dirige a los electores autonomistas que presupone, y esta es la incógnita, que se identifican con la derecha. Y es por eso, también, que en el nuevo partido se reúnen declarados anticatalanistas y antiguos convergentes.

Aunque Barcelona fuera la capital de un hipotético estado catalán, el modelo de sociedad y de economía que propugna la dirigente madrileña del PP no nos debería interesar. Este es un país en que los ricos se lucen defendiendo el desarrollo sostenible a la vez que elogian la presidenta de la Comunidad de Madrid cuando a finales del mes de agosto pasado anunció un cambio legislativo para eliminar todos los tributos autonómicos. Todo el mundo quiere salvar el planeta a coste cero. En octubre del año pasado, el Círculo de Economía emitió un comunicado pronosticando la “lenta, pero inexorable decadencia” de Catalunya y Barcelona porque el modelo económico de la Generalitat y del Ayuntamiento “es fuertemente ideológico”. ¿Es que el modelo del Ayuso no lo es? Suprimir los impuestos, mientras Madrid se beneficia de los impuestos de los demás porque te llegan mediante la condición de capitalidad del Estado, también es ideológico. No es un modelo liberal, ni neoliberal, es la versión económica del populismo, del mismo modo que el urbanismo táctico tiene unos efectos sociales inesperados: fomenta la gentrificación de los barrios antiguamente populares que son ocupados por gente rica o bien por agentes inmobiliarios que acaparan pisos.

La decadencia de Catalunya deriva, en todo caso, de continuar ligada a un estado decadente que constantemente legisla en contra de los intereses del país

Lo cierto es que el largo combate soberanista ha desgastado la política catalana y, en especial, los partidos políticos. El Estado se ha esmerado para agrietar la fuerza del soberanismo, que hasta 2017 no aflojó en su empuje. Antes del referéndum del 1-O, el Estado enloqueció para parar lo que percibió como un peligro real de secesión. Solo cinco días después del referéndum del 1-O, el gobierno español aprobó por vía de urgencia, con el concurso del PSOE y Ciudadanos, un decreto para facilitar la fuga de empresas de Catalunya. Pero es que ahora, además, el comisario José Manuel Villarejo acaba de decir que el CNI estaba detrás de los atentados del mes de agosto en Barcelona y Cambrils. Solo en una monarquía bananera como es España una declaración como esta no remueve la vida política. Ni el PSOE ni el PP, los aliados para aplicar el 155 en Catalunya, quieren investigar nada al respeto. El PP echó los GAL de cabeza al PSOE para ganar las elecciones. Si hubiera pensador que el terrorismo etarra realmente podía romper España, no les quepa duda que no lo habría hecho.

El drama es que Unidas Podemos, ahora que sus dirigentes han pasado de las tiendas de campaña del 15-M al terciopelo de los ministerios, tampoco mueve un dedo para que cambie algo, excepto para defender a uno de sus ministros. La reforma de la reforma laboral deja intacta la filosofía que impuso el PP y la ley mordaza sigue viva. Jaume Asens, un asiduo de Lledoners, como los curas de antaño que acudían a visitar a los presos para redimirles, consiguió venderles la moto de que con ellos todos cambiaría. Si el independentismo investía a Pedro Sánchez, el nuevo gobierno eliminaría o reformularía los delitos de sedición y rebelión del Código Penal en un santiamén. La pelota está todavía en el tejado y mientras tanto el gobierno español no reúne la mesa de diálogo pactada con Esquerra porque, ay, los malotes de Junts la boicotean. Ahora también sabemos, gracias a la perspicacia del nuevo ministro de Universidades, que fue catedrático de Ciencia Política, que en España existe una cosa tan indefendible académicamente como es el federalismo fáctico. O sea, lo que se da de hecho y no de derecho. Al Ejército a veces también se lo denominaba, sobre todo en el tránsito de la dictadura al régimen del 78, poder fáctico. No era para alabar su corrección democrática, sino por todo lo contrario. Todo lo que es fáctico es una ficción o bien una reacción involucionista. El federalismo fáctico es puro federalismo mágico. La defensa espuria de la monarquía bananera.

La decadencia de Catalunya deriva, en todo caso, de continuar ligada a un estado decadente que constantemente legisla en contra de los intereses del país. El problema es que la monarquía bananera tiene partidarios en Catalunya, todos unionistas. El principal baluarte es el primer partido de la oposición, el PSC, pero también En Comú Podem. Cuando los socialistas reclaman una mesa de diálogo entre partidos catalanes, paralela a la no nata mesa de diálogo entre los independentistas y el Estado, la respuesta debería ser que no es necesaria, pues los unionistas catalanes ya están representantes por el Estado que persigue, encarcela o inhabilita a los independentistas. Un estado que fue capaz de ignorar la preparación de un atentado capitaneado por un agente del CNI para que Catalunya sintiera la necesidad de la protección del estado y evitar, así, un referéndum democrático de autodeterminación.