1. Pere Aragonès fue investido presidente de la Generalitat el 21 de mayo. Han concluido, pues, los cien días de gracia, el periodo de tregua, si es que lo habido jamás, del mismo modo que su gobierno ha enterrado definitivamente el procés. Cuando menos tal como se había entendido hasta la aplicación del 155 y la intervención de la Generalitat. Durante la década soberanista, el Govern tuvo un papel activo, juntamente con las entidades sociales, en el impulso de la acción independentista. Ni los críticos más estrafalarios pueden negarlo. La consecuencia judicial de esta opción fue lacerante. Cárcel y exilio. El agrio enfrentamiento del 30 de enero de 2018 entre republicanos e independentistas por la investidura o no de Carles Puigdemont, dejó claro que, si un día un republicano conseguía ser investido presidente, el gobierno ya no tendría ningún papel en la lucha por la independencia. El gobierno Torra fue un paréntesis, muy desafortunado en varios aspectos, que no cumplió los acuerdos internos logrados entre las diversas facciones del partido de Carles Puigdemont sobre cómo debía actuarse en el interior. Y así acabó como acabó, inhabilitado por una acción simbólica. Cuando el simbolismo sustituye la estrategia, es que la política falla. Torra también se resistió, pero por otras razones, a la tutela del Consell per la República. 

2. La realidad es puñetera. El procés, que en buena parte fue exitoso por en la movilización popular, se vio alterado por el estallido de la pandemia. Fue la estocada final, que se añadió a la sensación de desaliento generalizado de las bases soberanistas. Las disputas entre los partidos fueron agotando la paciencia de los electores que, guste o no, o bien se enmascare con el exitoso 52 % obtenido a las últimas elecciones, hizo aumentar la abstención. Se pasó de una participación del 79,04% (2017) al 53,54% (2021). Que las elecciones se celebraran en plena pandemia debió de favorecerlo, pero que la abstención aumentase más de 25 puntos también refleja hasta qué punto la desafección había dejado mella en la base y motor del procés, que no era otra que la movilización de la gente. De la segunda transición se ha pasado al segundo desencanto. El Estado también lo sabe y se aprovecha de ello. La moral de derrota del soberanismo ayuda para que sea sí. Incluso los republicanos justificaron el abandono de la unilateralidad con argumentos derrotistas. La historia no se repite si no es en forma de farsa, aseguraba el grande barbudo, pero es evidente que el procés ha padecido los efectos de la desunión entre los soberanistas y la lucha fratricida entre los partidos. La guerra de 1936 ya se perdió por la misma razón. En el exilio, los que se habían destripado en la retaguardia republicana no se reconciliaron. Al contrario. El resultado fue que Franco se mantuvo en el poder casi cuarenta años. Hicieron un pan como unas hostias, puesto que, en un contexto de Guerra Fría, que la oposición a la dictadura estuviera sostenida, sobre todo, por los comunistas, condenaba a España a vivir en la oscuridad durante lustros.

3. Describo la realidad y nada más. Que nadie se alarme. No soy de los que piensa que el procés fue un engaño. Esta es la visión del españolismo y de los hipermotivados independentistas. Legitimar las propias opiniones a partir de la ofensa o del sufrimiento, escribió Richard Sennett al observar los vínculos emocionales de la sociedad moderna, une en la ofensa, pero le pone remedio. Hubo sinceridad en todo lo que hicieron los que dirigían el proceso hasta el 2017. El problema es simplemente que se equivocaron de estrategia. Y que la represión tuvo su efecto en las actitudes políticas de cada cual. Culpabilizarse porque el Estado repartió caña a troche y moche y utilizó la justicia para perseguir ideas, políticos y activistas seria como culpabilizar a las mujeres de la violencia machista. Las cosas tal cual son. Aplicar al proceso soberanista catalán las teorías de la conspiración es una pura paranoia. Hay personas que opinan más con las tripas que con la cabeza. Por lo tanto, pongamos las cosas en su lugar. El independentismo perdió el primer embate en 2017, como los escoceses lo perdieron en 2014 con contundencia, pero porque el estado español se aplicó en la represión hasta unos extremos que la justicia belga, alemana o escocesa destapó muy deprisa. Los tribunales europeos acabarán dando la razón a los condenados catalanes, pero la UE seguirá mirando hacia otra parte. Ante esto se puede optar por ser como Jaume Asens, quien ha dejado de ser independentista —o eso dice— por una especie de pesimismo histórico sobre la imposibilidad de conseguir la liberación nacional, o bien resistir. El pesimismo de Asens es estructural, puesto que también ha abdicado del cambio social, como es obvio en la acción gubernamental de Unidas Podemos o En Comú Podem. El independentismo no se puede permitir este lujo.

La señal de identidad del autonomismo es esa: procrastinar, culpar a los demás de tus limitaciones o bien ser incapaz de imponerte para no convertirte en el cornudo que paga la ronda

4. La presidencia de Pere Aragonès no será heroica, salvo que en la famosa mesa de diálogo, que está previsto que se celebre por primera vez el 13 de septiembre, consiguiera arrancar del PSOE la amnistía y la convocatoria de un referéndum con todas las de la ley. Cualquier otra cosa que no sea eso será interpretado como una derrota. El presidente pasaría a la historia si obtuviera el compromiso real (lo subrayo) del Estado de convocar un referéndum, aunque fuera con las condiciones que ahora parece que exige Boris Johnson a los escoceses para repetir el suyo. Las posiciones están muy alejadas y nadie sabe qué se quiere discutir en Madrid. Estaría bien que dispusiéramos de una agenda pública para poder evaluar la efectividad del diálogo. Salvo los más recalcitrantes de cada bando, nadie está en contra de sentarse a hablar. Pero es legítimo dudar de la efectividad de un método para resolver este conflicto que, de entrada, no va acompañado de un alto el fuego previo. Durante los primeros cien del gobierno Aragonés, la represión y la judicialización del conflicto ha seguido. El Tribunal de Cuentas ha exigido unas fianzas millonarias por la acción exterior de la Generalitat y por el 9-N, aunque el consejero Jaume Giró y el Gabinete Jurídico de la Generalitat, dirigido por Francesc Esteve, encontraran al final una fórmula para proteger a las personas afectadas por la represión. Los dos, por qué no resaltarlo, son puigdemontistas de corazón.

5. Si el gobierno Aragonés no quiere ser visto como la reencarnación del peix al cove de otras épocas, tendrá que apresurarse a encontrar una vía para hacer compatible la gestión del día a día, que es imprescindible, con la lucha por la independencia. Este es, se supone, un gobierno tan independentista como pueda serlo el de Nicola Sturgeon, que no se rinde de ninguna forma. A los republicanos, independentistas y anticapitalistas les conviene demostrarlo pronto, si no quieren que a las próximas elecciones la abstención sea todavía más elevada y que el 52% sea más ficticio en relación con el conjunto de la población y no tan solo de los electores. La metáfora del engaño vendría a ser el levantamiento de barreras en las autopistas AP-7, AP-2, C-32 y C-33 a partir de pasado mañana. Eliminar las barreras no significa suprimir los peajes. Esta es, digamos, la ilusión óptica. Un autoengaño, porque mientras no se acuerde una nueva fórmula para financiar las autopistas, las pagaremos en la sombra y nos costarán, por lo menos la C-32 y la C-33, 170 M€ en cinco años. Tuvieron mucho tiempo para acordar qué harían cuando se acabaran las concesiones millonarias, que han enriquecido empresas de una forma exagerada, y no lo han hecho. La señal de identidad del autonomismo es esa: procrastinar, culpar a los demás de tus limitaciones o bien ser incapaz de imponerte para no convertirte en el cornudo que paga la ronda. Ese el tipo de victimismo que critica, con contundencia y también mucha razón, Daniele Giglioli en un librillo que les recomiendo. Eso sí que sería una desgracia.

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