"El Señor es compasivo y benigno, lento para el castigo, rico en el amor", reza el salmo 103. Las que sí han sido lentas, lentísimas, son las instituciones, religiosas y civiles, que apenas ahora se han puesto de acuerdo para reconocer a las víctimas de los abusos sufridos en el seno de la Iglesia. El pacto entre la Iglesia Católica y el Gobierno para la reparación se ha hecho efectivo ahora.
El acuerdo, calificado ya de pacto tardío de la vergüenza, contiene las firmas de la Conferencia Episcopal Española (obispos), la CONFER (religiosos) y el Gobierno (Ministerio de Justicia), y pretende ser un reconocimiento institucional de la obligación moral "ineludible" de hacer justicia. Esta iniciativa conlleva una figura nueva independiente, el Defensor del Pueblo, que quiere mediar y ser un canal neutro para acoger a víctimas que no quieren hacer los trámites desde la institución que los ha perjudicado y no quieren hablar ni tener relación con la Iglesia.
¿Cómo se hará? Inevitablemente, con burocracia. Será el Defensor quien analice el caso, aunque esté prescrito, y se trasladará a la Comisión Asesora del PRIVA, la entidad eclesial que se ocupa de ello. Pero no será una carpeta más que llegue: habrá una petición económica y psicológica. Si se acepta mutuamente, se cumplirá. Si no es así, el Defensor será quien tendrá la última palabra.
Reparar no es solo reconocer o poner tiritas morales en una herida, sino que reparar es una obligación moral, más allá de lo que dictamine la legislación
Reparar no es solo reconocer o poner tiritas morales en una herida, sino que reparar es una obligación moral, más allá de lo que dictamine la legislación. Así, la Conferencia Episcopal, capitaneada por el arzobispo Luis Argüello, se hace responsable y asume delitos prescritos —o en los que el agresor ha muerto. Parece una evidencia, pero no consta que otras instituciones estén haciendo lo mismo, asumir un delito prescrito. El pacto abre la puerta, por tanto, a centros educativos, a instituciones públicas y a centros deportivos a hacer lo mismo.
Las asociaciones de las víctimas han conseguido la exención fiscal de las indemnizaciones. La lentitud en responder no es sinónimo de ineficacia. De los 114 casos recibidos por la Comisión Asesora, los obispos han hecho saber que ya se han resuelto 61. La vía de atención y reparación para las víctimas de los casos que no han tenido o no pueden tener recorrido judicial está abierta. El acuerdo es clave para la reparación integral, la exención fiscal y para el sistema de reparación.
El presidente de la CEE, monseñor Luis Argüello, ha destacado que este acuerdo es un "nuevo paso" que complementa el trabajo ya realizado por la Iglesia en España (con 70 oficinas diocesanas y la Comisión PRIVA), y que supone la incorporación de víctimas de otros ámbitos como la educación o el deporte. También ha subrayado la satisfacción por la exención fiscal y el reconocimiento del Vaticano al proceso. El papa León XIV, que visitará Barcelona, Madrid y las Canarias en 2026, no tendrá que tirar de las orejas a nadie por negligencia. Ha sido un proceso lento y con obstáculos, pero la vía de reparación ya es real.