Desde 2017 vivo, como jurista y ciudadano, unos momentos que creía que nunca más volvería a vivir: el uso espurio del Derecho, diciendo que se hace uso del estado de derecho. La ley, sea del tipo que sea, es la que manda. El Derecho ha pasado a mejor vida. Así es, cada día se adelanta más en la desconexión, entre muchos otros, del artículo 1. 1 de la Constitución, que define los valores superiores del ordenamiento jurídico (la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político), del artículo 9. 3, que proscribe la arbitrariedad, o del artículo 103. 1, que somete la administración, o, en consecuencia, a todos los poderes públicos a la ley y al derecho, elementos, términos y conceptos claramente diferentes. Sin estos elementos no hay interpretación legítima posible conforme a la Constitución.

Hoy hemos sabido que la Junta Electoral Central (JEC), órgano administrativo especializado en la tutela del derecho de sufragio y dependiendo de facto de las Cortes Generales, ha decretado la incompatibilidad sobrevenida del presidente Torra del cargo de diputado autonómico con haber sido condenado en primera instancia, aunque la sentencia no sea firme, por un delito contra la administración. Por otra parte, adelantado por lo que parece ser uno de los que manda realmente, Pablo Casado, hemos sabido que Oriol Junqueras ha sido privado de su condición de eurodiputado.

Vamos por partes. En cuanto al presidente Torra no ha sido, hoy por hoy, desposeído de nada. No hay resolución de la JEC, sólo, de forma excepcional, se ha adelantado el acuerdo y la existencia de seis votos particulares, tres de los ocho magistrados del Tribunal Supremo y tres de los cinco catedráticos de derecho constitucional y ciencia política que integran la JEC. Significativa esta división.

La JEC, tan pronto como tenga redactada la resolución, votos particulares incluidos, la hará llegar a la Junta Electoral de Barcelona para que la ejecute. Es decir: esta se dirigirá al Parlamento de Catalunya para comunicarle que Torra ya no es diputado por orden de la JEC y haciéndole saber quién es su sustituto, el siguiente de la lista de JuntsxCat por la provincia de Barcelona. Ahora bien, seguro que el Parlamento no hará, no puede hacer estafeta.

Por dos motivos, el Parlamento es inviolable (art. 55. 3 Estatuto de Catalunya). Por lo tanto, aunque parezca mentira no puede recibir órdenes de nadie. Y menos todavía de un órgano administrativo. En segundo término, es cierto que el Estatuto de Catalunya se aprobó por Ley orgánica, pero no es una ley orgánica: ni por contenido ni por tramitación (es una iniciativa exclusiva del Parlamento y al final tiene que ser aprobado en referéndum). Pertenece al llamado bloque de constitucionalidad (art. 28 Ley del TC), bloque al que no pertenece el régimen electoral o el código penal, ambos leyes orgánicas. Una cosa es el vestido, ley orgánica, y otro el contenido material, la autonomía constitucional reconocida en el artículo 2 de la Constitución.

Así, el rumor madrileño de esta tarde afirmando que el presidente Torra estaba la depuesto efectivamente es interesadamente falaz y golpista, lisa y llanamente. Al momento actual no hay en pureza ninguna resolución.

En cuanto a Junqueras, parece ser que la JEC desconoce la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), la sentencia de 19 de diciembre pasado sobre cuando un eurodiputado es eurodiputado y, por lo tanto, inmune. Decir, como ha avanzado su portavoz de facto a Pablo Casado, que condenado Junqueras a pena de prisión ha perdido su condición de eurodiputado, es una falacia. Incluso la abogada del Estado no lo comparte. Junqueras ha sido condenado cuando no tendría que haber sido condenado, dado que el Tribunal Supremo (TS) pidió una opinión vinculante sobre su estatus al TJUE. Parece que, como Dios, algunos jueces españoles quieren escribir recto con renglones torcidos.

Estamos ante un golpe institucional que pretende varios objetivos. Por una parte, aniquilar la resistencia pacífica, democrática y en derecho de un sector claramente dominando de la sociedad y las instituciones catalanas, independentistas o no. En segundo término, y en el momento actual, impedir el acceso de la Moncloa de un gobierno de coalición de centro-izquierda. Un centro-izquierda, todo se tiene que decir, recalzado por el inteligente centroderecha del PNV —alérgico a los fanatismos carpetovetónicos— y otros partidos emergentes. En otras palabras: peligroso por los privilegiados consagrados por el PP y por Ciudadanos —sus despojos ahora. Lo que pretende la coalición de centro-izquierda es de una centralidad europea absolutamente dentro del molde.

Con las declaraciones conocidas hoy de la JEC lo que queda escandalosamente claro es que La Moncloa podrá controlar la Administración en sentido estrictísimo, pero no el Estado. El Estado, como ha demostrado uno de sus portavoces hoy, Pablo Casado, lo controlan otros. La administración es poder, pero el Estado parece disponer de más poder.

La batalla por el control de la situación, como ha puesto de manifiesto la fúnebre declaración de Adriana Lastra, está sin cuartel, en campo abierto. El PSOE ahora disfrutará de la medicina del "todo vale" contra el enemigo que él ha contribuido a recetar, fabricar y administrar. Ahora el PSOE sabrán cómo se las gasta el Estado, el Estado con mayúsculas, y cómo se las quiere seguir gastando.

O dicho liso y llanamente: ¡PSOE, bienvenido a la apisonadora de la democracia!