El fallido golpe de Estado contra el gobierno del presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, sigue teniendo consecuencias trascendentales en la vida pública del país. En esta ocasión los afectados serán los asistentes a la Convención de Derechos Humanos, que ha quedado suspendida después de la declaración del Estado de emergencia.
En palabras del vicepresidente del gobierno de Turquía, Numan Kurtulmus, la suspensión de la Convención se hará "como en Francia", en alusión a las medidas que ha tomado París a raíz de la declaración del Estado de emergencia por los atentados sucedidos últimamente.
Kurtulmus ha matizado también las palabras de Erdogan, que ayer afirmó que el Estado de emergencia se prolongaría hasta los tres meses. El vicepresidente dice que el objetivo del gobierno es que no dure más de 45 días.
En declaraciones hechas en medios turcos, el número dos del Ejecutivo se ha añadido a la ola tranquilizadora que quiso transmitir ayer Erdogan, que dijo que el decreto del Estado de emergencia busca "asegurar la democracia", y ha afirmado que los ciudadanos "no se verán afectados", ni comportará la aplicación de la ley marcial. "El derecho de reunión y manifestación no serán cancelados, ni habrá toque de queda", ha asegurado Kurtulmus.
Además, el vicepresidente turco ha querido insistir en la supuesta responsabilidad del clérigo islamista exiliado en los Estados Unidos, Fethullah Gülen, en la organización del fracasado golpe de Estado. "Gülen dirige una organización terrorista", ha sentenciado Kurtulmus.