La administración del presidente Donald Trump está decidida a cumplir sus amenazas. La Casa Blanca ha ordenado este martes cancelar todos los contratos federales con la Universidad Harvard, valorados en 100 millones de dólares. En una carta dirigida a las agencias federales filtrada a los medios, el Comisionado del Servicio Federal de Adquisiciones, Josh Gruenbaum, ha pedido que revisen sus contratos, rescindan aquellos que consideren no cruciales, y que, si hace falta, los transfieran a otros proveedores. "La Administración de servicios generales de los EE.UU. está ayudando a todas las agencias federales en la revisión para la rescisión o transición de sus contratos del gobierno federal con la Universidad Harvard y sus filiales", dice la carta, según el The New York Times. Se trata de una medida para que todos los que reciban dinero del gobierno defiendan y promuevan firmemente las prioridades de la administración. Las agencias federales tendrán que responder ante el ejecutivo antes del 6 de junio con una lista de cancelaciones de contratos.
Trump tira más leña al fuego
La guerra que inició Trump contra la Universidad Harvard hace tiempo que dura. Primero, el presidente de los Estados Unidos amenazó con suspender la exención de impuestos al centro universitario, después congeló cerca de 3.200 millones de su financiación, e incluso afirmó que el centro ha perdido su prestigio al contratar gente "woke", radicales de izquierdas, idiotas y sabiondos que solo sirven para enseñar a los alumnos como fracasar. La última de las salidas de Trump, prohibir la matriculación de estudiantes extranjeros, podría tener consecuencias devastadoras por Harvard, que cuenta con 6.800 estudiantes internacionales, el 27% del total de matriculados. Por su parte, Harvard ha interpuesto una nueva demanda contra la Casa Blanca en respuesta a la decisión de restringir el acceso al centro. De momento, la justicia ha paralizado la prohibición de matricular estudiantes internacionales.
Una emisora pública denuncia a Trump por violar la Primera Enmienda
La principal emisora pública de los EE.UU., la National Public Radio (NPR), ha presentado una denuncia contra el gobierno de Trump por violar "claramente" la Constitución con la orden de retirada de fondos federales. En concreto, señalan que ha violado la Primera Enmienda, que blinda la libertad de prensa y expresión. A principios del mes de mayo, el magnate firmó una orden ejecutiva para pedir la suspensión de la financiación gubernamental de la NPR y la cadena PBS, también pública, después de acusarlos de emitir noticias "sesgadas".
La presidenta de la NPR, Katherine Maher, ha defendido en un comunicado la manera de hacer de la cadena, que sigue una línea "libre e independiente". Cada año, la Corporación por la Radiotelevisión Española (CPB) reparte 535 millones de dólares de fondo públicos en varias emisoras y cadenas de televisión. La gestión directa de estos fondos recae en el Congreso y no en la Casa Blanca.