"Quería recortar escaños pero no lo he conseguido. La silla que cae es la mía". Eso es lo que decía este domingo por la noche el primer ministro Matteo Renzi después de conocer el no de los italianos a la reforma constitucional. El referéndum se saldó con un 59,5% de los votos del no y sólo un 40% a favor de sí, lo que se ha interpretado también como un plebiscito a la gestión de Renzi, que ya ha dimitido. ¿Pero qué quería exactamente esta reforma?

El objetivo de la reforma era doble. Por una parte, garantizar la gobernabilidad de Italia, que ha tenido 63 gobiernos en 70 años de democracia, ya que muchos ejecutivos han caído para perder una moción en alguna de las cámaras. Por otra parte, mejorar la eficacia legislativa, ya que la aprobación de las leyes sólo dependería de la Cámara de los Diputados y no de ambas cámaras como hasta ahora.

Supresión del "bicameralismo perfecto", que asigna idénticas competencias a la Cámara de los Diputados y al Senado. La reforma convertía al Senado en un órgano de representación territorial de carácter solo consultivo. Podría proponer reformas a los proyectos de ley que la Cámara de los Diputados estudiara. Los miembros del Senado pasarían de los actuales 315 a un máximo de cien: 95 representantes locales (74 elegidos por los Consejos Regionales y 21 por los alcaldes) y cinco electos por el presidente de la República con un mandato de siete años. La edad mínima para ser senador pasará a 18 años (ahora está en 40). Los nuevos senadores no percibirían primas sino solo los sueldos que ya reciben en sus regiones o alcaldías y conservarían la inmunidad parlamentaria como hoy.

Una nueva ley electoral, obligada por la transformación del Senado. Otorgaría un premio electoral al partido más votado, para que pueda gobernar holgadamente. El porcentaje de ese premio se ha discutido como también la posibilidad de que los partidos puedan aliarse antes de la primera vuelta o de la segunda. El Gobierno también proponía una doble vuelta, a la que se oponía el arco conservador, dividido en cinco partidos, que teme que ese mecanismo favorezca a los indignados del Movimiento 5 Estrellas.

El Ejecutivo dispondría de prioridad para las leyes que presente al Parlamento, que debe agendarlas en una semana y aprobarlas o rechazarlas en un máximo de 85 días (actualmente pueden transcurrir años). Previo consenso entre grupos políticos, las leyes podrían ser definitivamente aprobadas en las comisiones (que reflejarían la composición electoral del plenario).

Centralización. La Administración central recuperaría de las regiones autónomas (no todas las regiones lo son), poderes en materia fiscal, energía, transportes e infraestructuras, aspectos que han causado más pleitos ante el Tribunal Constitucional. El Estado tomaría las materias de interés nacional. Se aceleraría la supresión definitiva de las provincias. Municipios y ciudades metropolitanas serían titulares de competencias propias y autónomas respecto a las del Estado. Otro objetivo de esta centralización es reducir la corrupción que se da a nivel local y regional, con administraciones más difíciles de controlar.