En Myanmar, la antigua Birmania hace meses que miles de manifestantes salen a la calle. Estas protestas anti-militares han derivado en la muerte de más de 350 ciudadanos y la detención de muchísimos birmanos y periodistas. De hecho, recientemente se han incluso constatado casos de tortura policial a detenidos. La desobediencia civil incluye marchas, caceroladas, bloqueo de vehículos militares y construcciones de barricadas en las vías públicas, que han estado, respuestas por parte de los militares con gas lacrimògen y disparando indiscriminadamente a la población. La violencia es brutal y los resultados son devastadores.

El 13 de noviembre del año pasado hubo elecciones en Myanmar, las cuales resultaron en la victoria de Suu Kyi, que repetiría cargo al frente del país como consejera de Estado. No obstante, el 1 de febrero de este año, el día que los parlamentarios escogidos pudieran ser investidos, se perpetró un golpe de estado ilegal por parte de Tatmadaw, el ejército de Myanmar.

Los miembros escogidos democráticamente en el gobierno fueron expulsados del parlamento y los militares impusieron el corte de los servicios de voz, texto e internet a casi todo el país, declarando al mismo tiempo el estado de emergencia. Decenas de funcionarios gubernamentales fueron detenidos y colocados, algunos de ellos, en arresto domiciliario en Naypyitaw. La consejera de Estado Suu Kyi y el presidente Win Mynt fueron llevados y todavía ahora permanecen en lugar desconocido. Además, la líder de Myanmar, fue acusada al cabo de 15 días de su detención por parte de los militares de varios cargos, entre los cuales la importación de un dispositivo móvil ilegal y el incumplimiento de medidas de distanciamiento social impuestas a raíz de la pandemia en un acto electoral, las dos pendientes de juicio y que podrían condenarla a hasta tres años de prisión.

Así pues, siguiendo el golpe de estado, la nueva junta formalizó la creación de un Consejo Administrativo Estatal tomando el control de las ramas legislativa, judicial y ejecutiva del gobierno, y determinó que el poder recaería en el comandante militar Min Aung Hlaing, que sería presidente a partir de entonces. Rechazando los resultados de las elecciones, el ejército alega que la razón del golpe de estado es que los comicios fueron fraudulentos, cosa que no se evidencia por los observadores internacionales.

Vídeo de AlJazeera sobre Myanmar.

Pero esta vez no sale de la nada, sino que sigue a diversos largos periodos de imposición de gobierno militar. Myanmar, esta antigua colonia británica, se independizó en 1948, siendo posteriormente tomada mediante un golpe de estado por encarar 26 años de un gobierno en manos del ejército, después de un muy breve tiempo de gobierno civil. Durante todo este tiempo de gobierno de junta militar, Suu Kyi lideró la oposición con la Liga Nacional por la Democracia, con el objetivo de establecer una sociedad democrática. Fue en 1990, después de largas protestas y el arresto domiciliario de Suu Kyi, que se permitieron las elecciones que ella misma ganó, debajo sorpresa del ejército.

Pero tan imprevisible fue el resultado para los militares, que estos impidieron la convocatoria de la asamblea legislativa, con el fin de imponer 22 años más de gobierno militar hasta el 2011. Además, siguieron deteniendo miembros de la oposición y se negaron a liberar Suu Kyi del arresto domiciliario. Desde entonces, se inició una transición democrática, que derivó en unas elecciones en el 2015, en las cuales se la reeligió, acabando con 50 años de gobierno militar.

Fue por su lucha para establecer una democracia en Myanmar en la que todos los grupos étnicos pudieran convivir, que en 1991 se le va otorgar el Nobel de la Pau, siguiendo ella en arresto domiciliario. Pero es como mínimo causa de controversia y duda que el gobierno que ha estado encabezando todos estos años haya sido el que, en principio, parecía pretender al recibir el galardón. El país del sureste asiático tiene una población de unos 54 millones de personas y hacia 135 grupos étnicos, incluyendo a los musulmanes rohingya. Esta minoría ha sufrido matanzas y persecuciones masivas bajo el gobierno de Suu Kyi. Según la ONU, los rohingyas han sido objeto de limpieza étnica por parte de las autoridades birmanas desde el 2017, convirtiendo a muchos de ellos en refugiados en Bangladés. Son la minoría étnica y religiosa más perseguida del planeta a día de hoy, y no parece que su situación tenga que mejorar con un gobierno bajo mando militar.

Parece que la historia sí que se repite, sin embargo, con uno otro golpe de estado después de 10 años de gobierno supuestamente democrático. El nuevo dirigente militar Ming Aung Hlaing ha recibido condenas internacionales también por sus ataques a minorías étnicas. Él justifica este golpe militar afirmando que el ejército está al lado de la gente y que aspira a -según él- una democracia real libre y justa, cuando acabe el estado de emergencia. El hecho es que el ejército quiere recuperar su poder de forma absoluta.

Los ciudadanos piden desde el 1 de febrero la liberación de sus dirigentes políticos y la restauración de la democracia. Las protestas se suman a la crisis económica que Myanmar ya sufre, con un precio de la comida y del combustible que no deja de aumentar desde el golpe de estado.

Varios países han condenado la toma de poder militar y, de hecho, Estados Unidos y Reino Unido han respondido con sanciones. La Unión Europea también ha impuesto a dos empresas controladas por el ejército y a diez de los individuos que "han tomado decisiones que han resultado en violaciones de los derechos humanos". Uno de los castigos que realmente tiene bastante es el del gigante del acero coreano POSCO, que ha decidido acabar con la empresa que comparte con la compañía militar Myanmar Economic Holdings Limited, cosa que puede provocar una presión importante para otras empresas a cortar relaciones con la misma empresa, de gran importancia en el país. También lo condenan las Naciones Unidas, pero hoy por hoy no parece que estén tomando acción para intervenir en el conflicto.

 

Imagen principal: despliegue militar. Foto: EFE