Medios españoles de todos los colores han pasado de puntillas sobre una pifia de la Policía Nacional española que este miércoles ha ocupado portadas de todo el mundo y ha dado tráfico a espuertas en las redes sociales: la detención en Madrid del inversor británico Bill Browder, un activista destacado contra la corrupción y los abusos de los derechos humanos en la Russia de Vladímir Putin. El inversor ha sido trasladado a una comisaría, donde ha pasado un rato, hasta que lo han liberado.

La policía española se ha excusado por Twitter (donde miles, no pocos bots, se habían movilizado en favor de Browder), diciendo que los había confundido que Interpol no hubiera eliminado del sistema informático la orden de detención aunque ya no era válida. Interpol, que ya se había explicado antes, ha replicado en otro tuit que nunca ha emitido orden de detención (red notice) contra Browder y que, por tanto, no podía ser ni válida ni inválida ni nada. La organización internacional ha rechazado siempre la condena de Browder por un tribunal ruso al considerarla "de naturaleza predominantemente política".

Browder, sin embargo, ha criticado a la agencia policial por su incapacidad de detener las manipulaciones que Rusia hace de los sistemas de Interpol, que ya ha activado avisos de detención contra él "como mínimo tres veces en los últimos 10 meses".

La sangre fría del inversor, que ha tuitado en directo su arresto en Madrid, ha hecho más por su suerte que el periodismo local. La noticia ha movilizado incluso al ministro británico de asuntos exteriores, el pintoresco Boris Johnson, que ha llamado a Browder para saber qué tal. El director de comunicación de Human Rights Watch, Andrew Stroehlein, ha avisado de que si España no lo liberaba inmediatamente "sería el hazmerreír de Europa". También se han alarmado David Frum, director de The Atlantic y excolaborador directo del presidente de los EE.UU. G.W. Bush; Nick Cohen, un influyente columnista británico; el diputado laborista Chris Bryant... y los corresponsales del mundo anglosajón en Madrid.

El portavoz del PP en el Parlamento Europeo, Esteban González Pons, ha querido salir al paso en otro tuit y quizás se ha hecho aun más daño: "La libertad de expresión, la democracia y el imperio de la ley prevalecen siempre en España ", ha dicho.

La noticia ha aparecido en todas partes y España no ha quedado muy bien. Sólo El País le hecho hueco entre las noticias principales de su web, y sin entrar en el enredo entre la Policía Nacional e Interpol. En La Razón no han dicho ni mu, al menos hasta la hora de publicar esta pieza.

Normal. La chapuza policial ha sido considerable, al detener al hombre y al excusarse tan torpemente. No porque Browder sea un inversor poderoso y bien conectado. También es muy conocido en el mundo de los derechos humanos como candidato a Enemigo Público nº 1 del presidente Putin. Es el principal promotor de la "Llei Magnitsky", que permite al gobierno de los EE.UU. imponer sanciones económicas a ciudadanos de todo el mundo que hayan cometido abusos de los derechos humanos y actos de corrupción en sus propios países de origen. El Reino Unido aprobó una ley parecida hace pocos meses, promovida por el financiero activista.

Serguéi Magnitsky era un abogado ruso muerto en el 2009 a manos de la policía rusa, que lo detuvo (y quizás torturó) para detener la investigación de un fraude multimillonario que perjudicaba a Hermitage Capital Management, el fondo de inversiones de Browder. A finales de la década pasada Hermitage llegó a ser el mayor inversor extranjero en Rusia.

Peor todavía, Browder estaba en Madrid para informar al fiscal anticorrupción, José Grinda, de la "gran cantidad de dinero del caso Magnitsky que fluyó a España", según el mismo inversor y activista.

Un buen lío

Es curioso. Además del caso del 3%, Grinda ha investigado el caso Troika, en el que se acusa a 27 personas de blanqueo de capitales y asociación ilícita, entre ellas el jefe de la mafia rusa Tambovskaia, Guennadi Petrov, y un diputado ruso, Vladisval Reznik. Según la Fiscalía Anticorrupción, controlaban actividades criminales (asesinatos, palizas por encargo y tráfico de armas y drogas) en Rusia desde residencias en Mallorca, Levante y la Costa del Sol. Público explicaba que uno de los acusados, Ilya Traber, ha fichado al abogado Ernesto Díaz-Bastien, que defiende al excomisario de las cloacas de Interior José Manuel Villarejo en el caso Tándem, y al millonario Adrián de la Joya, imputado en el caso Lezo.

Traber ha amenazado de muerte a Grinda y a su familia. Browder estaba en Madrid para ayudar a Grinda. Es un buen lío, que deja en el aire un ambiente espeso en torno a la detención del financiero británico.

Todo esto ocurre al día siguiente de saber que el Ministerio de Asuntos Exteriores convocará los premios de periodismo Palacio de Viana. Son tres premios de 12.000 euros cada uno que galardonarán a los mejores artículos sobre política exterior en prensa, radio y televisión y al corresponsal extranjero que mejor contribuya a la buena reputación de España. Muchos corresponsales lo ven como una paguita por hablar bien del gobierno español y su acción política.

Quizás valdría la pena, más que dar premios, barrer la propia casa.