Un grupo de mujeres indígenas de Groenlandia se ha unido para demandar al Estado de Dinamarca por implantarles de manera forzosa dispositivos intrauterinos anticonceptivos en las décadas de 1960 y 1970. Las 143 mujeres inuits denuncian a las autoridades danesas por violar su libertad reproductiva. Concretamente, acusan al Estado danés de imponerles el DIU, algunas de las afectadas, incluidas muchas que eran adolescentes en aquel momento, no estaban al corriente de lo que había pasado o no dieron su consentimiento. Ahora reclaman una compensación de casi 43 millones de coronas, aproximadamente 5,76 millones de euros.

El objetivo era supuestamente limitar el crecimiento de la población groenlandesa impidiendo embarazos, ya que en aquella época crecía con rapidez el censo a causa de una mejora de las condiciones de vida y la atención sanitaria. Según apunta The Guardian, se calcula que aproximadamente 4.500 mujeres y niñas estuvieron afectadas entre 1966 y 1970.

Una de las primeras mujeres en denunciar la implantación involuntaria de un DIU fue Naja Lyberth, quien denunció que cuando era adolescente, en un examen médico estatal se le impuso este método anticonceptivo sin su consentimiento. Lyberth acusa a Dinamarca de esterilización forzosa. Ella y otras afectadas después tuvieron problemas para concebir. Incluso, en algunos casos nunca más pudieron tener hijos.

Otras esterilizaciones forzosas

Groenlandia, que forma parte del territorio danés, era una colonia de la corona danesa hasta 1953, cuando se convirtió en una provincia del país escandinavo. En 1979 se concedió el autogobierno en la isla y 30 años más tarde, Groenlandia se convirtió en una entidad autogobernada, aunque Dinamarca mantiene férreo control sobre la isla, con un gran potencial de explotación económico. El pasado colonial de Groenlandia, hace que su experiencia con este intento de esterilización forzosa de la población indígena recuerde otros casos por todo el mundo.

Por ejemplo, los Estados Unidos (EE. UU.) perpetraron una campaña de esterilización forzada a las mujeres de Puerto Rico entre los años 30 y 40. En este caso, se utilizó una estrategia similar a la que denuncian las mujeres inuits de Groenlandia: a las mujeres puertorriqueñas se les impuso métodos anticonceptivos. Todo fue impulsado por Washington a través de la ley 136, la cual respondía a lo que se consideraba por los políticos estadounidenses como un problema de "exceso de población".