El expresidente colombiano, Álvaro Uribe, que gobernó el país caribeño durante 8 años entre el 2002 y en el 2010, ha denunciado este viernes, después de la lectura de la sentencia que lo condena a 12 años de prisión domiciliaria y una multa de casi 670.000 euros, que "no hay ninguna prueba" que sustente su condena. Justo antes de que el exmandatario se pronunciara sobre la decisión, la jueza del caso, la magistrada Sandra Heredia, ha criticado la filtración de la sentencia, señalando que solo estaba a disposición de su equipo y de las partes y diciendo que "algunos no cumplieron mantenerla en reserva porque tardamos más en enviarlo (en las partes) que algunos medios de comunicación al publicitar la sentencia". La lectura de la sentencia se produjo a las 14:00 hora local del viernes, pero horas antes ya había sido publicada íntegramente por medios locales.
Álvaro Uribe, expresidente colombiano, ha pedido el turno de palabra después de la lectura de la sentencia por parte de la magistrada del Juzgado 44 Penal del Circuito de Bogotá, que lo condena por los delitos de fraude procesal y soborno en actuación penal. "Esta es una decisión que abusa, esta es una decisión que excede al jurídico, una decisión que va contra las normas jurídicas, contra la ética, contra la moral," ha expresado el expresidente, de 73 años, que ha subrayado: "Esta es una decisión con determinantes políticos, sesgados". El exmandatario y fundador del partido de derecha Centro Democrático, que se encuentra a la oposición al presidente colombiano, Gustavo Petro, ha insistido que hubo un "discurso político" para condenarlo el lunes pasado, cuando la jueza leyó la decisión de que lo encontró culpable de dos delitos y lo absolvió del de soborno simple en un caso que lo enfrenta al senador de izquierdas Iván Cepeda.
Condena "sin pruebas"
Esta sentencia en primera instancia es parte de un proceso penal que puso en marcha el mismo Uribe el año 2012 cuando demandó delante de la Corte Suprema de Justicia por supuesta manipulación de testigos a Iván Cepeda, que en aquella época preparaba una denuncia al Senado en contra de Uribe por sus supuestos vínculos con los paramilitares. No obstante, el magistrado del caso no solamente desestimó la denuncia de Uribe, sino que ordenó investigar al expresidente por intentar "comprar" falsos testimonios en prisiones, por medio del abogado Diego Cadena, con quien mantenía contacto, para que declararan en contra de Cepeda. "No hay una sola prueba que sustente esta decisión política que me condena", ha subrayado Uribe, que ha contestado el argumento de la acusación, acogido por la jueza, que fue él quien mandó a Cadena buscar testigos contra Cepeda entre exparamilitares presos. El expresidente ha agregado: "No hay una sola prueba que sustente que yo pagaba estos testigos. No hay una sola prueba que sustente que yo pedía a estos testigos que tenían que acusar a Cepeda o a otra persona".
Uribe ha utilizado su intervención para cuestionar, además, la decisión de la jueza para encargar en el Centro de Servicios Judiciales de Rionegro, el municipio del departamento de Antioquía donde reside el expresidente, para expedir "la correspondiente orden de excarcelación" y "proceder a su traslado inmediato a su domicilio donde cumplirá la prisión domiciliaria y se realizarán los controles respectivos". "Y me niegan el derecho a permanecer en libertad. Una de las razones para negarme el derecho a permanecer en libertad es que es para evitar violencia", ha dicho Uribe. El expresidente ha expuesto que "en el ejercicio de libertad" recorre el país y participa en foros en los cuales expresa "con franqueza" lo que su corazón "siente sobre Colombia". "Doy las razones de oposición a este gobierno, pero nunca, nunca mi partido, los afines, mis compañeros dirigentes de la política, han sido incitadores de la violencia. Eso es, señalarnos de incitadores de la violencia", ha indicado sobre la restricción de su libertad.
Críticas a la jueza
El expresidente ha reclamado también a la jueza por mencionar al principio de la audiencia de hoy a su hijo Tomás Uribe Moreno como una de las personas que supuestamente habría filtrado a la prensa la sentencia condenatoria horas antes que la hiciera pública, señalando que carece de "gallardía". "Eso me parece temerario, lo que hoy se ha dicho contra mis hijos, acusándolos de filtraciones y de faltos de gallardía cuando mis hijos vienen de frente, mirando a la cara. Y se olvidó la historia de filtraciones de este proceso, filtraciones sesgadas," ha agregado Uribe contra la jueza del caso. Al inicio de la lectura de la sentencia, la magistrada Sandra Heredia y el expresidente Uribe han chocado por los reproches de la jueza sobre las filtraciones que se habrían producido por alguna de las partes implicadas, y contra "los hijos del señor procesado" por sus declaraciones a los medios criticando la sentencia.
Contra esta condena cabe todavía el recurso de apelación, que la defensa ha confirmado este viernes que presentará ante el Tribunal Superior de Bogotá el próximo 13 de agosto, acogiéndose a una ampliación en dos días del plazo que determina la ley y que inicialmente acababa el lunes 11 de agosto. Al incidir en su denuncia del componente político de su condena, Uribe se ha definido a sí mismo como "un batallador político" y ha señalado que su único título es el de "batallador de la democracia".