El primer ministro italiano Matteo Renzi ha reconocido la derrota del Sí en el referéndum para la reforma constitucional en Italia y presentará su dimisión este lunes. Lo ha anunciadoo a las 12:30 de la noche, cuando aún no se habían recontado ni 16.200 de las 61.551 urnas, pero ya se intuía que la derrota sería dura y amplia. El resultado final fue de 59,5% de votos por el No y de 40,5% por el Sí.

Renzi, del Partido Democrático, se ha hecho responsable del resultado: "He perdido. En Italia nunca pierde nadie. Pero yo soy diferente y os digo que he perdido. No he sido capaz de convenceros". "Mañana por la tarde a reunir el consejo de ministros y iré al Quirinal, alpresident de la República y presentaré mi dimisión", ha dicho.

El primer ministro se había alegrado antes de que "el pueblo italiano haya hablado de manera muy clara. El porcentaje de participación ha sido muy superior a las expectativas. El No ha ganado de manera claramente nítida", dijo. La participación a la hora de cerrar los colegios electorales era del 68%.

Desde primera hora, todos los sondeos a pie de urna de las radiotelevisiones italianas han dado por perdido el referéndum propuesto por el gobierno de Renzi, que escondía también un voto de aprobación o rechazo de su mandato. Él mismo se había comprometido a dimitir si no lograba pasar este referéndum. Después de meses de campaña por el sí, los resultados han sido casi los mismos que indicaban las encuestas de inicio de campaña.

La oposición

Las primeras reacciones han llegado de la oposición de derecha. Matteo Salvini, líder de la Liga Norte, el partido populista xenófobo, ha declarado que la victoria del No "es la victoria del pueblo contra los poderes fuertes. Hemos desafiado la suerte. Renzi debe dimitir inmediatamente".

Renato Brunetta, uno de los líderes de Forza Italia, el partido creado por Silvio Berlusconi, también ha exigido la dimisión de Renzi "si se confirman estos resultados. Es una gran victoria de la democracia, una gran victoria del no".

"Me conmueve", dijo el presidente del Comité del No, Alessandro Pace, al comentar las primeras encuestas, aunque teme el recuento de votos en el extranjero. "Espero los resultados del exterior. De allí puede llegar el codazo. En el extranjero, las elecciones se dopan. No hay controles. Uno de los compromisos que el Parlamento debe tomar es cambiar el voto de la extranjero. Pero ahora me siento orgulloso del resultado".

¿Qué se votaba?

Supresión del "bicameralismo perfecto", que asigna idénticas competencias a la Cámara de los Diputados y al Senado. La reforma convertía al Senado en un órgano de representación territorial de carácter solo consultivo. Podría proponer reformas a los proyectos de ley que la Cámara de los Diputados estudiara. Los miembros del Senado pasarían de los actuales 315 a un máximo de cien: 95 representantes locales (74 elegidos por los Consejos Regionales y 21 por los alcaldes) y cinco electos por el presidente de la República con un mandato de siete años. La edad mínima para ser senador pasará a 18 años (ahora está en 40). Los nuevos senadores no percibirían primas sino solo los sueldos que ya reciben en sus regiones o alcaldías y conservarían la inmunidad parlamentaria como hoy.

Una nueva ley electoral, obligada por la transformación del Senado. Otorgaría un premio electoral al partido más votado, para que pueda gobernar holgadamente. El porcentaje de ese premio se ha discutido como también la posibilidad de que los partidos puedan aliarse antes de la primera vuelta o de la segunda. El Gobierno también proponía una doble vuelta, a la que se oponía el arco conservador, dividido en cinco partidos, que teme que ese mecanismo favorezca a los indignados del Movimiento 5 Estrellas.

El Ejecutivo dispondría de prioridad para las leyes que presente al Parlamento, que debe agendarlas en una semana y aprobarlas o rechazarlas en un máximo de 85 días (actualmente pueden transcurrir años). Previo consenso entre grupos políticos, las leyes podrían ser definitivamente aprobadas en las comisiones (que reflejarían la composición electoral del plenario).

Centralización. La administración central recuperaría de las regiones autónomas (no todas las regiones lo son), poderes en materia fiscal, energía, transportes e infraestructuras, aspectos que han causado más pleitos ante el Tribunal Constitucional. El Estado tomaría las materias de interés nacional. Se aceleraría la supresión definitiva de las provincias. Municipios y ciudades metropolitanas serían titulares de competencias propias y autónomas respecto a las del Estado. Otro objetivo de esta centralización es reducir la corrupción que se da a nivel local y regional, con administraciones más difíciles de controlar.