Italia y Dinamarca han decidido aparcar sus diferencias ideológicas para reforzar un mismo mensaje sobre inmigración: Europa debe endurecer el control de las fronteras, facilitar las expulsiones y buscar fórmulas para gestionar parte de los retornos fuera del territorio comunitario. La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, y la danesa, Mette Frederiksen, han hecho público un mensaje conjunto en el que cargan contra lo que definen como "inmigración descontrolada" y sitúan la seguridad como una prioridad europea.
La alianza tiene un componente político especialmente significativo. Meloni lidera un gobierno de derecha radical, mientras que Frederiksen encabeza una formación socialdemócrata. La coincidencia entre ambas muestra hasta qué punto el debate migratorio ha dejado de ser patrimonio exclusivo de la derecha europea y ha penetrado también en gobiernos de centro-izquierda que defienden políticas restrictivas para preservar su modelo social.
Las dos dirigentes asocian la inmigración irregular con una presión más elevada sobre los servicios públicos, problemas de seguridad y una pérdida de confianza ciudadana. También ponen el foco en los extranjeros sin derecho de residencia condenados por delitos graves y reclaman que los estados sean más efectivos a la hora de ejecutar las órdenes de expulsión.
Este último punto no es solo retórica política. La Unión Europea ya ha empezado a modificar su marco de retornos. En junio, el Consejo y el Parlament Europeo alcanzaron un acuerdo provisional para acelerar los procedimientos de expulsión de personas que no tienen derecho a permanecer en la UE y prever centros de retorno en terceros países, siempre dentro del marco de los derechos fundamentales.
Italia y Dinamarca quieren trasladar la gestión a terceros países
Italia y Dinamarca quieren ir más allá. Ambas han defendido centros de deportación fuera de la UE, una idea que Roma ya ha intentado materializar con su controvertido acuerdo con Albania. El modelo plantea trasladar parte de la gestión migratoria a terceros países y reducir la presión sobre los sistemas de asilo europeos, pero también abre un debate jurídico y humanitario sobre las garantías que deben tener las personas afectadas.
La propuesta llega, además, en un momento especialmente delicado para la política migratoria europea. La crisis de Ceuta ha provocado una fractura entre España y algunos de sus socios comunitarios. A finales de julio, decenas de miles de personas entraron en el enclave norteafricano desde Marruecos, un episodio que llevó a Italia a anunciar controles selectivos en las conexiones aéreas y marítimas con España y provocó fuertes tensiones diplomáticas.
Frederiksen también reclamó que la UE considerara "todas las opciones", incluida una eventual suspensión de la cooperación Schengen con España. La crisis convirtió así una emergencia local en un conflicto político europeo sobre quién debe proteger las fronteras y hasta qué punto los estados pueden actuar unilateralmente.
Políticas de control más duras
El frente Meloni-Frederiksen tiene, por lo tanto, una dimensión que va más allá de la inmigración. Ambas dirigentes intentan consolidar una nueva mayoría europea favorable a políticas de control más duras, retornos más rápidos y externalización de la gestión migratoria.
En su mensaje también apelan a los llamados "valores europeos" y a la herencia cultural cristiana del continente. Defienden que las personas que quieran establecerse en Europa deben respetar las leyes y los principios sociales de los países de acogida. Es un terreno políticamente sensible: mientras los gobiernos insisten en la integración y la seguridad, las organizaciones de derechos humanos alertan de que el endurecimiento de los retornos no puede erosionar las garantías del asilo ni las obligaciones derivadas del Convenio Europeo de Derechos Humanos.
El resultado es un cambio de centro de gravedad del debate europeo: la pregunta ya no es solo cómo gestionar la llegada de migrantes, sino hasta dónde está dispuesta a llegar la UE para impedirla y retornar a quienes no tienen derecho de residencia.